¿Debe el Estado subsidiar los seguros médicos?

por Jeffrey A. Miron

Jeffrey A. Miron es director de estudios de pregrado de la Universidad de Harvard y es un Académico Titular del Cato Institute. Su blog es http://jeffreymiron.blogspot.com/.

La mayoría de las personas creen que el Estado debería subsidiar el seguro de salud. Los social-demócratas respaldan con gusto este punto de vista, argumentando a favor de una cobertura universal como aquella que hay en Canadá o Europa Occidental. Los conservadores respaldan un subsidio estatal menor, pero con frecuencia defienden Medicare y la preferencia tributaria para los planes de seguro provistos por los empleadores, los dos subsidios más grandes en EE.UU.

Dado este respaldo “bipartidista” al subsidio del seguro de salud, uno podría asumir que los argumentos a favor de tal provisión son contundentes. De hecho, no existen buenos argumentos a favor de la cobertura universal, o a favor de Medicare, “Obamacare”, o del subsidio tributario. Las personas razonables pueden defender algún rol del estado en los seguros de salud, pero un papel mucho más pequeño que el que le asigna la política actual.

La justificación tradicional para subsidiar el seguro de salud sostiene que los mercados privados no ofrecerán una cobertura “justa” debido al fenómeno conocido como selección adversa. Esta perspectiva asume que las aseguradoras no pueden descifrar cuáles de los solicitantes son saludables, entonces deben cobrarle a todos la misma prima. De esta manera, sólo los enfermos aplican y las aseguradoras quiebran.

El estado puede, en principio, resolver este problema obligando a que todos compren un seguro, previniendo cualquier “selección adversa” de solicitantes. Pero esta obligación debe incluir subsidios para los hogares de ingresos bajos, los cuales de otra manera no podrían costear un seguro.

Este argumento a favor de un subsidio del estado es común, pero sufre de un defecto clave: las aseguradoras pueden determinar fácilmente la salud de un solicitante mediante exámenes físicos e historias médicas. De manera que las aseguradoras privadas ofrecerán seguro de salud a todos los solicitantes, con una condición: cobrarán primas más altas a aquellos que tengan mala salud. Esta es precisamente la razón por la que la gran mayoría de la gente le teme a un libre mercado de seguros.

El verdadero asunto para los seguros de salud, por lo tanto, es si la política pública debería proteger a las personas en contra de diferencias en las circunstancias económicas implicadas por sus diferencias de salud.

Este tipo de redistribución le parece a muchas personas como algo solidario. Y, detrás de un velo de ignorancia —antes de saber el futuro de la salud de uno— la gran mayoría de la gente sacrificaría algo de consumo por protección ante la posibilidad de un mal resultado de salud. Como los mercados no parecen estar ofreciendo un seguro de este tipo, la provisión estatal puede mejorar la situación de todos.

Sin embargo, este argumento no justifica un seguro de salud estatal para todos. Cualquier intento en esta dirección sería costoso, ya que todos demandarían atención médica sin límites. La cobertura completa o sustancial por parte del Estado resuelve un problema —el costo alto de los seguros privados para algunas personas— a cambio de otro: un sistema de salud ineficiente y costoso.

La forma natural de balancear estas preocupaciones es subsidiar la atención médica de los pobres, pero de nadie más. Esto significa, a grandes rasgos, eliminar Medicare, Obamacare y el subsidio tributario para los seguros suministrados por los empleadores, pero retener una versión más pequeña de Medicaid.

Este enfoque protege a todos del peor escenario concebible en el cual una mala salud hace que sea imposible obtener un ingreso. Este enfoque también significa que incluso entre los que no son pobres, algunas personas pagarán primas más altas por su seguro de salud que otras.

Este énfasis en ayudar a los menos afortunados es exactamente lo que hacemos actualmente acerca del hecho de que algunas personas no pueden obtener un ingreso razonable. Políticas como los pagos de bienestar o el impuesto negativo sobre el ingreso protegen a todos en contra de la pobreza extrema, pero no igualan las diferencias de ingresos. Hacerlo destruiría el incentivo para trabajar y ahorrar, de igual manera que unos subsidios amplios del seguro de salud garantizarían un gasto descontrolado y un sistema de atención médica distorsionado.

¿Es despiadado y cruel obligar a las personas a convertirse en pobres antes de que puedan calificar para obtener un seguro de salud subsidiado?

Si, pero es necesario. Si la política pública intenta hacer más, ya sea subsidiando ampliamente los seguros de salud o redistribuyendo el ingreso más allá de los verdaderamente pobres, asegurará que todos tengamos una porción igual de un pastel pequeño. Ese no es el balance correcto.