Impunidad, como en el viejo sistema priísta

Genocidio, su final
Jorge Carrillo Olea

Mi nombre será recordado por todas
las generaciones de mi patria.
Antonio López de Santana

En términos reales el actual gobierno ya terminó. Ya no puede ni mejorar, ni corregir, ni innovar; sólo le queda simular por meses, asustado y vengativo.


Deja una debacle no imaginada por nadie y una herencia amarga y cruel. Tales serán los legados de Fox, Calderón, sus gobiernos del cambio y el conservadurismo panista. Ellos perdieron prestigio, presencia, credibilidad y lo que se quiera.


Pero lo único que cuenta al final es qué y cuánto perdió México. ¿Cómo, con quién y cuándo se recuperará? Son y serán preguntas absolutamente legítimas, pero sin respuesta.


Cada ciudadano, especialista, profesionista o dedicado u ocupado en algo podrá dar su versión. Todas las que cuentan serán negativas. Las que no importan sino como motivo de indignación son las fortunas indescriptibles que se propagaron y sí, entre ellas, increíbles y descomunales, están las familias de altos funcionarios del pasado y actuales.


Calderón arropa con disimulo la impunidad de lo evidente (Fox, su mujer y parentela) pero se pule expidiendo una ley anticorrupción y la anuncia por tv. Es el remedio contra las mordidas de tránsito, contra las de los permisos para lo que sea. Qué, tan ciego es o no quiere ver lo que todos ven. ¿Nadie le ha enterado que en su gobierno el clásico 10% para toda venta o contrato ya es del 15?


Como sanguijuela destacará históricamente la Sra. Martita y sus engendros, así como los Vicentillos y hermanos. El 16 de octubre pasado, Fox abandonó una entrevista con Rubén Luengas de la cadena Telemundo, al no querer responder las constantes acusaciones sobre sus múltiples propiedades y las de su esposa, Martha Sahagún.


Calderón ha sido más cuidadoso en no ostentar enriquecimiento personal. Ya se verá. De lo que no puede presumir es de iguales galas de sus subordinados. Los regalos de concesiones de Creel a Televisa y los de la SCT a la misma entidad, licitación 21, ¿qué son?


Los constructores y proveedores de esa propia secretaría, los de medicamentos y mantenimiento de equipo hospitalario al sector salud, las inmedibles desviaciones de dineros federales de los gobernadores, los ejercicios simulados de sus secretarios, todos haciendo su cochinito.


Los monumentales gastos de su narcoguerra, descontrolados, enormes, libérrimos y envueltos en la excusa de que las inaccesibles cuantías son “de seguridad nacional” son promotores de una corrupción que ya brota entre quienes participan de ella.


La otra cara de la moneda corruptiva, los grandes empresarios, proveedores y contratistas. Calderón convive socialmente con ellos de manera cotidiana, ¿su conciencia no le dice nada? Los conoce bien y los apapacha. ¿Entonces?


Y existe por absurdo que parezca una corrupción aún mayor, si por esa palabra también se entiende al deterioro institucional. La corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.


Es correcto asegurar que la política exterior es impresentable, después de décadas de ser emblemática. La interior totalmente errática, descuartizada entre muchas dependencias. La económica dicen que brillante, pero nadie la percibe así. La social destinada a intereses partidistas preelectorales.


La de seguridad pública no demanda de descripción ninguna. Lo que aún no es posible reflexionar con madurez y perspectiva es hasta dónde ha llegado el mal. Qué tanto de los cimientos sociales y oficiales han sido carcomidos. Qué tanto estos diez años ha hipotecado el futuro del país. Cuánto daño han recibido para su idea de futuro los aún jóvenes. Qué se les está dejando.


Pero no. Calderón no hace estos cálculos. El y sus shogunes siguen con el sable en alto, lanzando gritos de guerra. Para una guerra que como mayor defecto es que carece de objetivo. Nadie, ni Calderón ni el señor Poiré son capaces de especificar cuál sería el objetivo deseable, la expectativa siquiera razonable de éxito, algo que se pudiera medir con logros deseables y no solamente enunciarlo de forma inmaterial.


Seguramente el gobierno no es capaz de definir un objetivo o de por ilegítimo expresarlo públicamente. De acuerdo con convenciones internacionales suscritas por México sobre el ejercicio de la violencia, no se debe pero se están dando ataques, prácticas, órdenes o acciones que están prohibidos en la conducción de dichas hostilidades por convenios, tratados, convenciones y estatutos jurídicos internacionales de valor obligatorio.


Todo ello medido en dolor cívico, en sangre, en violaciones a garantías constitucionales, se llama: crimenes contra la humanidad, crimenes de los que debiera conocer la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con la Convención para la Prevención y Represión del Genocidio del Estatuto de Roma de la que México es miembro desde 2005.


Aunque puede no ser un listado exhaustivo, los siguientes tipos de ataques, prácticas, órdenes o acciones están prohibidos en la conducción de dichas hostilidades:


Ataques directos contra la población civil como tal, o contra personas civiles individuales; ataques indiscriminados que afecten a la población civil o a bienes civiles a sabiendas de que dichos ataques causarán pérdida de vidas, lesiones a personas civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos; ataques contra una persona a sabiendas de que está fuera de combate; violencia contra la vida, salud y bienestar físico y mental de las personas, en especial, homicidio, asesinato o desaparición forzada; tortura, incluida la violación sexual, y otros tratos crueles y degradantes, ultraje a la dignidad personal, incluyendo el trato humillante y degradante y otros actos gravedad similar.


Calderón como lo ha sido y deberán serlo otros criminales contra la humanidad debe someterse a juicio ante la Corte Penal Internacional.


Los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son: El genocidio (art. 6); Los crímenes de lesa humanidad (art. 7); Los crímenes de guerra (art. 8); y El crimen de agresión (art. 8 bis), según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma).


Todo es cuestión de levantar la voz. Todo es que las marchas recientes tomen cuerpo en acciones conductoras hacia el fin deseado, la seguridad y la justicia, ambos destruidos por Calderón y sus shogunes.

Impunidad, como en el viejo sistema priísta

Impunidad, como en el viejo sistema priísta

Humberto Musacchio

En México los ex presidentes son intocables. El genocida Gustavo Díaz Ordaz se murió tranquilamente en su cama; su sucesor, el igualmente criminal Luis Echeverría Alvarez, no pisó la cárcel pese a que había contundentes acusaciones contra él por su actuación en la matanza tlatelolca y durante la guerra sucia de los años setenta.


Para no ir más atrás en la historia del siglo XX, digamos que Miguel de la Madrid o Ernesto Zedillo, de oscura carrera burocrática, se hicieron de mansiones y otros bienes que no hubieran podido comprar ni ahorrando sus ingresos lícitos de toda la vida. Carlos Salinas se dedicó a vender bienes públicos y nadie sabe bien a bien cuál fue el destino de los caudales recibidos por ese concepto.


El Partido Nacional Revolucionario fundado por Calles en 1929, convertido en Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas y en el sexenio de Avila Camacho nuevamente travestido en Partido Revolucionario Institucional, fue una y la misma cosa para efectos de control de masas, de veneración y obediencia ciega al presidente en turno y de protección perruna a los ex presidentes.


El llamado régimen de la Revolución Mexicana fue un sistema de complicidades entre los beneficiarios del latrocinio institucional. En las reglas no escritas del viejo régimen estaba que el presidente era omnímodo y omnipotente, pero que al terminar su sexenio hacía mutis y le dejaba todo el poder al sucesor. A cambio, el ex recibía protección y podía irse tranquilamente a disfrutar sus inmensas riquezas.


Los panistas, menos duchos en asuntos de Estado, decidieron continuar la nefasta tradición, pero de manera tan burda, que si no fuera por los priístas ya se hubieran ido a la cárcel… En realidad varios panistas todavía están en riesgo de ir a prisión, pues el Instituto Federal de Acceso a la Información acordó denunciar a la Secretaría de la Función Pública, la antigua Contraloría, por actuar con “dolo, negligencia y mala fe” en la investigación sobre el patrimonio de Vicente Fox Quesada.


La inteligente y valerosa María Marván, comisionada del IFAI y ponente del caso, denunció que la Función Pública pasó el expediente respectivo a la Procuraduría General de la República sin guardarse siquiera una copia de un documento que desde el 11 de noviembre de 2010 debía ser público.


Ahora, la PGR podrá alegar que se trata de una investigación en curso y que debe mantener el expediente en reserva y el señor Fox, sus hijastros y la señora Marta Sahagún, nuevamente tapados con el manto de la impunidad, deben estarse carcajeando. ¿Hasta cuándo?