sábado, 23 de abril de 2011

Piden en Estados Unidos militarizar la frontera con México

Piden en Estados Unidos militarizar la frontera con México

Legisladores republicanos consideran que al sur del río Bravo hay un tercer frente de guerra para su país; se quejan de que Obama no lo reconoce

José Carreño Figueras con información de Reuters, EFE y Notimex
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril.- Congresistas estadunidenses del Partido Republicano pidieron considerar “un tercer frente de guerra” la frontera con México, y actuar en consecuencia.

“Es tiempo de que Estados Unidos muestre un serio compromiso con esta guerra en nuestro umbral”, dijo Michael McCaul, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional para Investigaciones de la Cámara de Representantes de EU.

Ted Poe, otro legislador republicano de Texas, consideró: “La frontera es violenta, peligrosa y no es segura. Drogas y armas y gente y dinero la atraviesan de un lado a otro”. Él y McCaul comparan la situación al sur de la Unión Americana con la de Afganistán o Irak.

“(Esto) va a generar declaraciones inflamatorias y tensiones”, advirtió Andrew Selee, director del Proyecto México, del Woodrow Wilson Center.

La dureza del debate orilló a la secretaría de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, a pedir moderación en las declaraciones.

Exigen a EU seguridad en frontera sur

“Es tiempo que los Estados Unidos muestren un serio compromiso con esta guerra en nuestro umbral”, dijo el representante (diputado) federal estadunidense Michael Mcaul, en referencia a violencia desatada alrededor de la lucha antidrogas en México.

McCaul, que preside el Subcomité de Seguridad Nacional para Investigaciones de la Cámara baja del Congreso de la Unión Americana, es, tal vez, uno de los más abiertos proponentes de incrementar el apoyo estadunidense a la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado.

Para muchos de ellos, la frontera con México representa el “tercer frente” para los Estados Unidos.

“He visitado a nuestras tropas en Irak, Afganistán y Pakistán, pero la última vez que visité el Centro de Inteligencia de El Paso y pedí cruzar la frontera a (Ciudad) Juárez, el Departamento de Estado me dijo que no podría garantizar mi seguridad”, señaló.

Para bien o para mal, McCaul es uno de los legisladores republicanos que han contribuido a definir la frontera con México como el “tercer frente” bélico de su país, junto con Irak y Afganistán, pero uno en el que según sus propias expresiones el gobierno estadunidense no está totalmente involucrado.

Y de hecho cuando el general James Clapper, director de la Oficina de Inteligencia del gobierno estadunidense describió la situación en la frontera con México como de “categoría uno” como preocupación de seguridad, lo hizo en función de las opiniones de la oposición republicana.

Para la derecha lo que ocurre en México es “una guerra”, sin duda.

“La frontera, como todos sabemos, es violenta, peligrosa y no es segura. Drogas y armas y gente y dinero la atraviesan de un lado a otro, porque dos naciones no tienen control operativo” de ella, denunció Ted Poe, otro diputado republicano de Texas, que frecuentemente aborda el tema y compara la frontera sur de Estados Unidos con los límites entre Afganistán y Pakistán.

Pero según la percepción de Poe, mientras el gobierno de la Unión Americana envía soldados y agentes a esa frontera, se abstiene de hacerlo en la frontera con México.

La dureza del debate llevó hace unas semanas a que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, pidiera “moderación” en las declaraciones de política doméstica. Y eso, antes del incidente en que gatilleros al servicio de Los Zetas asesinaran al agente Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de San Luis Potosí, en febrero de este año.

“La situación en la frontera sigue siendo malinterpretada y me preocupa que eso lastime la moral de nuestro personal policiaco y la economía de las comunidades fronterizas”, dijo Napolitano, en El Paso.

Pero para muchos republicanos, culpar a Obama de la inseguridad que un sector estadunidense percibe en México y del miedo en la frontera tiene tanta razón de ser como resolver el problema de la llegada de indocumentados.

A principios de año el gobernador de Texas, Rick Perry, se quejó de que Obama no ha brindado los recursos policiales y tecnológicos necesarios para fortalecer una frontera donde según el diputado Poe se han incrementado los ataques contra agentes fronterizos de 300 en 2004, a más de mil el año pasado y en la que periódicamente hay tiroteos.

Poe se queja de la muerte de al menos cinco estadunidenses los últimos seis meses.

Y es lo mismo para Poe que para sus colegas Dan Burton (Indiana), Ralph Hall (Texas), Pete Olson (Texas) y Ed Royce (California), y para el coronel North, famoso por su participación en el escándalo Irán-Contras de los años 80, y que ahora presenta el programa War Stories (Historias de Guerra) en la cadena Fox, el “Tercer frente” es la frontera con México.

Estados Unidos da nueva alerta sobre violencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos amplió su alerta de viajes a México a zonas de cuatro estados adicionales, que incluyen una autopista donde se sospecha que bandas ligadas al narcotráfico dispararon en febrero contra dos funcionarios aduaneros de ese país.

Al renovar la alerta de viaje que se emite para los ciudadanos estadunidenses que viven o pretenden viajar a México, el Departamento de Estado subrayó que en todo el territorio mexicano ha aumentado el riesgo de violencia.

Las autoridades estadunidenses incluyeron por primera vez a algunas partes de los estados de Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas como lugares a donde evitar viajar, con lo que aumentó de seis a diez las entidades incluidas en la alerta, la cual sustituye a la que se emitió el 10 de septiembre de 2010.

La advertencia insta al personal del gobierno de Estados Unidos y a los ciudadanos de ese país a aplazar los viajes que no sean estrictamente necesarios.

La medida directamente prohibe a empleados estadunidenses viajar a Colotlán y Yahualica, dos ciudades ubicadas en el estado de Jalisco, cerca de la frontera con Zacatecas, debido a la creciente violencia de bandas de narcotraficantes.

“Las preocupaciones incluyen barricadas colocadas por individuos que se hacen pasar por policías o militares y recientes encuentros armados entre organizaciones delictivas transnacionales rivales con armas automáticas”, dice la advertencia del Departamento de Estado.

“Los grupos del crimen organizado llevan a cabo actividades que han impactado directamente a los ciudadanos de Estados Unidos como el secuestro, secuestro de automóviles y extorsión, entre otros. El número de ciudadanos de Estados Unidos asesinados en México aumento de 35 en 2007 a 111 en 2010”, indicó.

Agrega que “no hay evidencia que turistas de EU hayan sido blancos de elementos criminales por su ciudadanía. Sin embargo, mientras se esté en México se debe estar alerta de sus entornos y ejercer precaución particular en áreas poco conocidas”, puntualizó la alerta.

Estas restricciones se suman a una advertencia previa para no viajar por los estados de Tamaulipas y Michoacán y zonas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa.

Hombres mataron a tiros a un agente desarmado de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos y otro resultó herido el 15 de febrero en una carretera en San Luis Potosí.

El ataque a plena luz del día causó indignación en Washington y ha complicado los esfuerzos conjuntos con México para combatir los cárteles de la droga.

El Departamento de Estado recomienda no viajar en esa autopista, la carretera 57D, una importante ruta de norte a sur que va hacia Monterrey, la capital comercial de México.

La última advertencia también proporciona información más específica para los viajes por el norte de México, donde las bandas ligadas al narcotráfico han llevado a cabo las batallas más violentas, nombrando a las ciudades y pueblos que requieren una especial precaución.

La advertencia se puede ver en: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_5440.html

La última alerta emitida por Estados Unidos fue en septiembre de 2010, después de que se prohibiera a funcionarios de Monterrey que sus hijos menores de edad permanecieran en México.

Rápido y furioso

La polémica data de hace más de tres siglos; actualmente enfrenta a los extremistas, quienes creen que el tener una pistola es un derecho “casi sagrado”, y moderados, que desean frenar y condicionar la venta y posesión

El escándalo que envuelve al fracasado operativo Fast and Furious (Rápido y Furioso) para combatir el tráfico de armas hacia México reavivó un debate presente en los Estados Unidos desde antes de su Independencia.

En realidad la discusión no necesita mucho para ser encendida sobre un tema que ha dividido a los estadunidenses desde que eran colonia británica y se ha constituido en una “piedra de toque” para la poderosa derecha de la Unión Americana.

Apenas el 8 de enero pasado la diputada federal (representante) Gabrielle Giffords fue lesionada de gravedad en un atentado en el que Jared Lee Loughner, armado sólo con una pistola equipada con cargador extragrande, mató a otras seis personas y lesionó a 13 más durante un acto público.

El arma, una Glock, nueve milímetros semiautomática, costó 500 dólares y era del mismo tipo que una de las dos pistolas usadas por Cho Seung-Hui para dar muerte a 23 personas en el Instituto Tecnológico de Virginia el 16 de abril de 2007.

Después de cada uno de esos actos violentos hubo un nuevo, breve y hasta ahora no muy efectivo, debate sobre las armas en Estados Unidos.

De hecho, el fracaso de Rápido y Furioso, la operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) permitió que sus adversarios tradicionales, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la derecha republicana, encontraran una nueva oportunidad para tratar de reducir los alcances de una organización que tiene entre sus metas limitar el comercio de armas en un país, en donde no pocos de sus ciudadanos lo consideran como un derecho casi sagrado.

Peor aún, para grupos extremos la operación Gunwalker (contrabandista de armas) era para ejercer un mayor control de la venta de armas en la región fronteriza con México y de hecho enmarcó a Rápido y Furioso, que no es otra cosa que una vía tramposa para tratar de fortalecer la postura prolimitación.

La idea habría sido “subvertir el asesinato en masa de mexicanos con armas estadunidense para justificar mayores restricciones contra propietarios de armas que acatan la ley y más dinero y poder para los burócratas federales que lo planearon”.

La afirmación, contenida en un texto publicado en la página del grupo Sipsey Street Irregulars es la visión de la que quizá sea la parte más alarmante en la defensa de la posesión de armas, que comparte un grupo que se identifica con “3%” de la población que afirman luchó contra Gran Bretaña por la independencia.

El grupo hace ver a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) como “tímida” en defensa del derecho a poseer armas y, de hecho, advierte que resistirá con las armas cualesquier intento del gobierno por limitar sus “derechos divinos” a la libertad y la propiedad.

El derecho, según su punto de vista, es parte de las libertades establecidas en la Constitución, específicamente la segunda enmienda, que consagra el principio de que los individuos posean armas y el de los ciudadanos a organizar una “milicia bien regulada” para defensa de sus comunidades y sus libertades.

Pero esa enmienda fue escrita cuando los recién independizados 13 estados eran, sobre todo, asentamientos rurales que enfrentaban bandidos y la amenaza de conflictos con Gran Bretaña, Francia y las tribus indígenas que encontraban al paso de su expansión.

El debate se inició cuando los británicos trataron de limitar la posesión de armas en sus colonias y prosiguió con la independencia estadunidense. Y todavía no se ven visos de que termine. Entretanto, ese “derecho divino” tiene y ha tenido un costo enorme para Estados Unidos.

De acuerdo con la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, un promedio de 268 estadunidenses diarios son heridos o muertos en incidentes relacionados con armas de fuego.

Cada día, 35 estadunidenses son asesinados con armas de fuego, que en total provocan la muerte de 86 personas diarias a consecuencia de hechos relacionados con armas de fuego, según la misma organización, creada por Jim Brady, el portavoz de Ronald Reagan que quedara paralítico al ser herido cuando John Hinkley trató de asesinar al entonces mandatario, el 30 de marzo de 1981.

Jim Brady y su esposa Sarah fundaron la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, dedicada a promover controles para la venta y circulación de armas.

Pero a pesar de asesinatos de personajes y atentados con bombas caseras, a pesar de masacres en escuelas y universidades, los promotores del control de armas no han logrado crear una sólida mayoría en favor de la regulación de armas.

Hoy por hoy es una lucha que parece cuesta arriba. De acuerdo con la Campaña Brady, en Estados Unidos hay unos 283 millones de armas en manos de civiles y cada año se venden otros 4.5 millones de nuevas armas, incluso unos dos millones de pistolas. Otros dos millones de armas de “segunda mano” cambian de dueño cada 12 meses.

Las armas pueden ir de precios tan bajos como 50 dólares por las llamadas pistolas “especiales del sábado por la noche” —costo que de acuerdo con el BATF se convierte en 300 dólares cuando pasan la frontera con México— a los 12 mil dólares que puede costar el más caro de los modelos de rifle Barrett, calibre 50 milímetros, un arma especialmente usada por francotiradores —lo fue durante el conflicto serbio-croata en los año 90— y, prácticamente, puede ser encargada por “internet”.

Con todo, el número de tiendas de armas autorizadas bajó de 245 mil 628 en 1994 a 50 mil 630 en 2007, según el Centro de Política sobre Violencia (VPC). Pero hay mas de siete mil a lo largo de la frontera con México y de acuerdo con la BATF cada año se realizan unas cinco mil “ferias”.

Las “ferias” son además el sitio donde con frecuencia se le da la vuelta a las pocas leyes para control de armas que se aplican más o menos: la venta de armas totalmente automáticas está prohibida, pero la venta de los aditamentos y los manuales necesarios para convertirlas no tiene impedimento alguno.

A veces la batalla, como sucedió recientemente, tras el atentado contra Giffords se libra en torno a si los estadunidenses tienen derecho o no a comprar cargadores con gran capacidad; o cómo evitar que las armas sean vendidas a personas con problemas siquiátricos o historial criminal, pero, a fin de cuentas, los partidarios de ese derecho han logrado desviar o nulificar los esfuerzos.

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