Con razón estamos hasta la madre

La historia en breve

Ciro Gómez Leyva

Todos tenían cara de decoro y gravedad cuando firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en agosto de 2008. Fue en aquella reunión del “si no pueden, renuncien”, de Alejandro Martí. Ahí estaban los 32 gobernadores.

Circunspectos, se comprometieron a ponerse a la altura del desafío histórico; a que en el entonces lejano diciembre de 2010, el 100 por ciento de sus altos mandos habrían sido evaluados por los centros de control de la PGR, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el Cisen.

Pues bien, pasaron 33 meses, estamos en mayo de 2011 y los números que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública son, no encuentro otra palabra, descorazonadores.

De un universo de 376 altos mandos a evaluar, sólo la mitad se ha sometido al control. Sólo 38 de 79 secretarios y subsecretarios de Seguridad Pública; 22 de 32 procuradores; 92 de 159 subprocuradores; 9 de 25 jefes de policía; 16 de 25 responsables de policías ministeriales.

Únicamente Nuevo León ha cumplido rigurosamente, al cien, como debía ser. Nayarit, Estado de México y Sonora están prácticamente en ceros. Yucatán pone pretextos. El nuevo gobierno de Guerrero promete que ahora sí lo hará. El Distrito Federal y Sinaloa polemizan. Una suma desoladora.

Qué se puede hacer para que cumplan, le pregunto a Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Proponer en el Consejo Nacional del próximo mes un menú de sanciones”, responde. ¿Cómo cuáles? “Por ejemplo, el recorte de presupuesto”.

¡Recorte de presupuesto! Así están las cosas 33 meses después. Con razón estamos hasta la madre.