El fallo que ratifica la ley de inmigración de Arizona

El fallo que ratifica la ley de inmigración de Arizona irrita a empresas

Por Miriam Jordan y Danny Yadron

Un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos el jueves ratificando una ley estatal de Arizona contra los empleadores de inmigrantes indocumentados está causando el enojo de algunos empresarios que prevén la propagación de medidas similares a otros estados y que amenazan la recuperación económica en sectores que dependen de trabajadores poco calificados.

Pero otros negocios dicen que no les importan los requerimientos adicionales para demostrar que están contratando a trabajadores documentados.

El fallo del jueves dijo que Arizona podía despojar a los empleadores de una licencia de negocios después de una segunda violación de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, que prohíbe la contratación de empleados indocumentados. También ratificó la obligación de que los empleadores en el estado usen una base de datos electrónica, E-Verify, para verificar si los nuevos empleados están autorizados a trabajar en EE.UU.

"Estamos en una economía frágil en la que todos están tratando de hacer pie", dijo Clark Ivory, quien opera Ivory Homes, una de las mayores constructoras de viviendas en Utah. "Como el Congreso no se está ocupando de la reforma inmigratoria, los estados están planteando estos… proyectos contraproducentes".

El programa E-Verify, basado en Internet, permite que las empresas verifiquen información provista por los nuevos empleados en bases de datos gubernamentales. Todos los contratistas federales tienen que usarlo. Tres estados —Arizona, Mississippi y Carolina del Sur— obligan a todos los empleadores que operan en ellos a usarlo.

Alrededor de una decena de otros estados requieren su uso por parte de empleadores con contratos públicos. En Utah, los empleadores privados con más de 15 trabajadores están obligados a usarlo, pero no hay castigos por no hacerlo. En otras partes, el uso es voluntario.

E-Verify nació de un programa piloto introducido en 1997 y fue promovido por el gobierno del presidente George W. Bush. Aun así, lo usa apenas 11% de los 7,7 millones de empleadores de todo el país.