viernes, 20 de mayo de 2011

Peru: Quitándonos el diablo de encima

Peru: Quitándonos el diablo de encima – por Eugenio D’Medina Lora

Se ha dicho alguna vez que nada hay más poderoso que una idea poderosa. Más allá de las personas, las ideas que se abren paso independientemente de ellas, son las más fuertes aún. A pesar de los fantasmas que algunos pretendan invocar para trabajar con el miedo del hombre común.

Hace mucho rato que en los ámbitos regionales, e inclusive en Lima, hay algunas palabras que se han convertido en “malas palabras”. Una de ellas es la palabra “concesión” o cualquiera que se le parezca. Basta con relacionar el vocablo con “privatización” y confundir a la población mezclando los conceptos de “venta de activos” y “alianzas de cooperación comercial”, para que aparezcan los fantasmas a los que hacemos alusión.

La concesión es solamente una de las modalidades de lo que se denomina “asociaciones público-privadas” o “alianzas público-privadas” (APP). Estos modelos, por su propia naturaleza, en ningún caso implican venta de activos del Estado. Es decir, no comprometen la propiedad de los activos estatales, sean empresas públicas o infraestructuras de bienes públicos. Por tanto, no configuran modelos de privatización, entendida ésta como cambio de la naturaleza de la propiedad, desde lo público hacia lo privado. Sino que son modelos de colaboración comercial, entre el sector público y el sector privado, orientados a mejorar la calidad de los servicios a los usuarios.

Y es así que aunque muchas personas interesadas en el manejo político se han esforzado por vilipendiar al modelo APP, éste ha demostrado ser una idea muy fuerte, amparada en la extensa experiencia mundial en que su aplicación ha generado muchos más resultados exitosos, que fracasos. Al punto que los países más avanzados, como el Reino Unido y Australia lo siguen utilizando extensamente, además de otros que se van sumando a este modelo, como México, Chile e incluso países de la antigua órbita soviética como Bulgaria.

Tan fuerte es esta idea, que inclusive es posible decir ahora que los dos candidatos presidenciales finalistas para la Presidencia del Perú en segunda vuelta, han incorporado explícitamente la necesidad de echar mano a mecanismos APP. Si el programa de “Fuerza 2011” lo había hecho explícito, ahora “Gana Perú” lo deja aún más claro con su reciente “Hoja de Ruta”. En ella consigna el propio líder de esa agrupación, en la página 3, explícitamente como una de las políticas más importantes para impulsar el crecimiento económico inclusivo a través de la expansión de la inversión privada nacional, diversificación productiva y competitividad, nada menos que la “inversión en infraestructura mediante inversión pública y privada nacional y extranjera, y/o mediante concesiones y asociaciones público privadas, para la creciente integración física del territorio y la consiguiente expansión e integración de nuestros mercados internos, lo que permitirá diversificar y descentralizar el aparato productivo”. Dicho esto, y firmado públicamente, nada menos que por el mismísimo comandante Ollanta Humala.

Más allá de las suspicacias que puedan despertar las propuestas de ambas candidaturas, debido a los pasados políticos involucrados, a las cercanías ideológicas con otros líderes latinoamericanos o a los “cambios de redacción” de los planes de gobierno, lo concreto es que, a la fecha, podemos afirmar con certeza que ambos candidatos han suscrito, incluso con su firma personal, que apoyan al modelo APP como instrumento aceptable y deseable para promover el desarrollo del país y el crecimiento inclusivo.
Como dijimos, las ideas potentes prevalecen sobre las personas y se abren paso solas. Es hora de quitarnos el diablo de encima y exorcizar a los fantasmas que nos frenan el camino al desarrollo. Las regiones que mejor aprovechen mecanismos como las APP estarán a la vanguardia del desarrollo al finalizar la década. Si queremos una Piura moderna e inclusiva, atrevámonos a cambiar y subamos la apuesta.

Venezuela: Revelaciones comprometedoras –

Venezuela: Revelaciones comprometedoras – por Oswaldo Alvarez Paz

No hay secretos eternos. La verdad tiene su hora. Para ocultarla no es suficiente la retórica, ni la descalificación de las fuentes informativas, ni la criminalización penal de la denuncia, ni la violencia física para sembrar terror y provocar silencio. Lo único honrado y verdaderamente útil para los intereses nacionales, es asumirla. El gobierno nacional y, más específicamente, el presidente Hugo Chávez, están en la obligación moral, de explicar la verdadera naturaleza de sus relaciones con los grupos subversivos del continente, con regímenes totalitarios de diverso signo ideológico y buena parte de los misteriosos acuerdos que en materia energética y también financiera, ha suscrito sin mayores informaciones y ningún control.

Desde hace años llueven denuncias desde todas partes. Organizaciones públicas y privadas, agencias internacionales, algunos gobiernos, personalidades del primer nivel político e intelectual, autoridades judiciales que no dependen de gobierno alguno y, en fin, venezolanos preocupados por el presente, vienen señalando la presencia entre nosotros de las estructuras del crimen organizado que le sirven de instrumento operativo al terrorismo y al narcotráfico. Las dos actividades están estrechamente vinculadas en la sub-región andina. Las FARC, se fueron convirtiendo en columna vertebral. Se trata de la narcoguerrilla terrorista más antigua y con mayores redes de complicidades. Las sospechas preexistentes se convierten en convicciones. Los indicios en evidencias. En consecuencia, las instancias internacionales se activan ante la indiferencia o el silencio cómplice, por razones diversas, de políticos y líderes económicos y sociales que en Venezuela tienen la responsabilidad de asumir y enfrentar vigorosamente la realidad, pero prefieren ignorar el tema.

Las relaciones del gobierno con las FARC son de vieja data. Las de Chávez anteriores a su llegada al poder. Homenajes, plazas, estatuas, bibliotecas, discursos, sesiones solemnes en la Asamblea Nacional, misiones que van y vienen, cartas que se cruzan, correos electrónicos comprometedores, refugio a probados narcotraficantes, alianzas concretas con guerrilleros, almacenaje, tráfico y distribución de cocaína, entre otras cosas, están a la orden del día. El Auto de Procedimiento de la Audiencia Nacional de España, las denuncias de Uribe en la OEA, la deportación de Joaquín Pérez Becerra, los emplazamientos recientes del nuevo gobierno colombiano, los informes de la DEA y del M16 inglés y el caso Mackled, son nuevos elementos más que suficientes para darle soporte a lo afirmado. El análisis del Internacional Institute of Strategics Studies (IISS) de Londres, sobre los correos de Raúl Reyes por cuenta, entre otros, de J. M. Santos, sería suficiente para exigir la renuncia del gobierno. En una sociedad regida por la ética y gobernada en democracia y libertad el cambio sería inaplazable. ¡Pero…!

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