viernes, 20 de mayo de 2011

Terrorismo made in Mexico

Terrorismo made in Mexico

Estas cuatro estampas de estrategias terroristas se han incorporado a la atribulada vida del país en los últimos años sin provocar demasiado asombro.

Plaza central de Morelia, Michoacán, luego de los atentados con granadas de fragmentación durante la celebración del Grito de Independencia, en 2008.
Plaza central de Morelia, Michoacán, luego de los atentados con granadas de fragmentación durante la celebración del Grito de Independencia, en 2008. Foto: Archivo

El terrorismo en México no tiene un antes y un después. El calendario nacional carece de su “11 de septiembre”, y el fenómeno no tiene una forma definida en la imaginación ciudadana, tal como sucede en Estados Unidos con Al Qaeda y otros grupos islámicos radicales. Pero si en México no hay Torres Gemelas derrumbadas, sí hay ductos petroleros que estallaron en pedazos, plazas públicas blanco de granadas, cajeros bancarios humeantes y cadáveres desfigurados.

Definido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un método, no como una ideología, el terrorismo es una estrategia concreta para propiciar la generación del miedo en aras de posicionar algo, ya sea una demanda política, una mayor ganancia económica, una reivindicación moral o el mantenimiento de un Estado. Un grupo mexicano de especialistas, agrupados en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, dio a conocer en 2009, como parte de los resultados de la primera encuesta de temas de seguridad nacional en el país, que apenas el seis por ciento de los mexicanos consultados consideran al terrorismo una amenaza seria para la seguridad nacional.

A pesar de esto, si bien en México hoy las acciones terroristas obtienen abundante cobertura mediática, éstas no se inventaron en los últimos años: el escritor Luis González de Alba recuerda en uno de sus ensayos que el terrorismo nacional lo realizaba el Ejército, cuando ahorcaba cristeros a lo largo de caminos públicos para que sirvieran de ejemplo a otros alzados, pero también lo cometían los propios cristeros cuando empalaban a maestros rurales que defendían la educación laica.

Actualmente tampoco hay un monopolio en el uso del terrorismo en México. Se trata de un espectro en crecimiento y competido, donde algunos casos son más emblemáticos que otros.

Sucursal bancaria atacada con artefactos expliosivos el 16 de septiembre de 2009 en la avenida Circunvalación de la Ciudad de México.
Sucursal bancaria atacada con artefactos expliosivos el 16 de septiembre de 2009 en la avenida Circunvalación de la Ciudad de México. Foto: Reuters
1.- LOS DUCTOS DE PEMEX

La próxima semana se cumplirán cuatro años de la desaparición en Oaxaca de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz. Según la denuncia, el 25 de mayo de 2007, entre las 20 y 22 horas, en una acción fortuita de la policía, Reyes y Cruz fueron detenidos. “Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR (Procuraduría General de la República) por el Ejército, la AFI (entonces Agencia Federal de Investigación) y por agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”, se aseguraba en el escrito repartido vía internet el dos de junio de ese año. A la semana de su desaparición, el EPR inició la difusión de una serie de comunicados exigiendo su presentación con vida.

Un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), consultado en ese entonces, minimizó los hechos y dijo que el grupo armado más antiguo del país era tan sólo una guerrilla de papel. Hasta que a partir del 10 de julio de ese mismo año el EPR se adjudicó los ataques con explosivos contra instalaciones de Petróleos Mexicanos: “A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca”.

“La guerrilla de papel”, que semanas después atacaría otras instalaciones petroleras en Veracruz y Tlaxcala, provocó un importante daño en la principal área de producción del país. A la fecha, el gobierno federal se ha negado a dar a conocer el monto total de la avería, aunque extraoficialmente se habla de varios millones de dólares.

El EPR consiguió así que sus 13 comunicados anteriores fueran finalmente leídos por las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una investigación y una serie de recomendaciones a las autoridades estatales y federales, la PGR detuvo a algunos policías oaxaqueños para interrogarlos y el comandante de la zona militar de Oaxaca, el general José Manuel Gutiérrez Oropeza, fue jubilado del Ejército y enviado a realizar tareas administrativas a Telégrafos Mexicanos. Se creó una Comisión de Mediación antes de que el caso regresara al olvido.

Pese a que el ex procurador Eduardo Medina Mora aseguró que estaban cerca de encontrar a los responsables de los atentados, nadie ha sido detenido. Dentro de la estructura del EPR, a los miembros del comando que ejecutó estas acciones se les conoce como los zapadores y forman parte de lo que se conoce como “guerrillas dispersas”. En el documento “Nuestra estrategia y táctica militar”, elaborado por la comandancia general del grupo insurrecto, se registra un apartado especial dedicado a ellos: “Los elementos que cuenten con mayor desarrollo político e ideológico deben saber colocar los explosivos y la detonación, de ahí que deban saber operar en lo rural y urbano”, dice.

Los integrantes de estas células guerrilleras no necesariamente viven en la clandestinidad, y pueden tener una actividad rutinaria como fachada, vivir con una familia y solamente atender llamados esporádicos para realizar acciones concretas. Cuando se les ordene deben tener disposición al combate, iniciativa y creatividad para el accionar militar, así como conocer el lineamiento político militar de la organización y estar por voluntad propia. Las acciones de sabotaje no son comandadas por ellos, sino por algún elemento de la “guerrilla concentrada”, que es como se le llama en el documento al núcleo dirigente del EPR. Esto se hace “para que las operaciones sean exitosas y así destruyamos las fuerzas del enemigo y conservemos las nuestras”.

Arturo Beltrán Leyva, luego de su muerte en un enfretamiento con elementos de la Marina Armada en Cuernavaca, Morelos, el 17 de diciembre de 2009.
Arturo Beltrán Leyva, luego de su muerte en un enfretamiento con elementos de la Marina Armada en Cuernavaca, Morelos, el 17 de diciembre de 2009. Foto: Paola García
2.- LA PLAZA DE MORELIA

Aunque el narco ya había probado su capacidad de sembrar terror en 2006 en el mismo Michoacán, cuando en la discoteca Sol y Sombra de Uruapan fueron arrojadas cinco cabezas humanas sobre la pista de baile, al tiempo que los cárteles de la droga se daban cuenta de lo sencillo que era usar Youtube para difundir videos de torturas y decapitaciones de sus rivales, no fue sino hasta el 15 de septiembre de 2008 cuando se supo de forma contundente en que el narcotráfico mexicano había decidido incluir en su repertorio acciones terroristas contra la población civil inocente.

Siete personas murieron y 132 quedaron heridas al ser lanzadas dos granadas de fragmentación en la plaza donde cientos de personas celebraban el tradicional Grito de Independencia que, al momento de los estallidos, daba el gobernador Leonel Godoy. A partir de ese momento, los mensajes enviados vía internet advirtiendo de ataques contra discotecas o bares de ciudades como Monterrey o Cuernavaca empezaron a ser tomados en serio.

Al poco tiempo, el retrato hablado de quien cometió el ataque terrorista más grave del México actual desapareció. El o los autores de los bombazos siguen libres, así como sus autores intelectuales. Los sospechosos según la opinión pública, La Familia Michoacana y Los Zetas, se deslindaron y acusaron mutuamente de los ataques a través de mensajes electrónicos y mantas colocadas en avenidas transitadas de Morelia. En el Cisen dicen que alguno de estos grupos dice la verdad y que el otro miente.

Una semana después del atentado, la PGR anunció que habían sido detenidos tres de los responsables en Apatzingán. Los hombres dijeron ante las cámaras que habían sido ellos y que eran miembros de Los Zetas, pero en las declaraciones ministeriales rechazaron haber cometido el ataque y afirmaron haber sido torturados por la policía para declararse culpables ante los medios de comunicación. Ninguno de los tres señalados ha sido sentenciado por los hechos.

El ataque representó un cambio en la estrategia del narco, cuya principal misión años atrás era “evitar que se calentara la plaza”. El narco era antes, por así decirlo, antiterrorista; uno de los capos que encabezó por años al cártel de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo, cuenta en sus memorias que cuando empezaron a ocurrir masacres en Sinaloa él personalmente se dedicó a investigar quién las estaba cometiendo, hasta que dio con la banda y la entregó a la policía. En ese entonces, el narcotráfico estaba, como se dice, bien organizado y controlado, y se buscaba hacer negocio, no que hubiera miedo ni mucho menos terror.

De acuerdo con la encuesta de seguridad nacional de 2009, dos de cada tres mexicanos definieron como atentados terroristas los sucesos de la noche del 15 de septiembre en Morelia. Los ataques indiscriminados con granadas a plazas y lugares públicos en ciudades en disputa por el narco han seguido ocurriendo, aunque ninguno ha provocado un número tan alto de personas fallecidas como sucedió en Michoacán.

Los asesinatos extremos (considerados por algunos especialistas como terrorismo de baja intensidad) también se han vuelto cotidianos, al grado de que México, junto con Irak, registra la mayoría de las decapitaciones ocurridas en el planeta en lo que va del siglo XXI: sierras eléctricas, sables, cúteres, cuchillos usados para cortar cebolla, alambre y hachas de bosque han sido utilizadas para este fin. Veracruz, Michoacán y luego Guerrero son los lugares predilectos de “los cortadores de cabezas”, quienes han dado pie a ensayos sociológicos y antropológicos que tratan de descifrar la crueldad mexicana. El hombre sin cabeza, de Sergio González Rodríguez, es el libro que quizá mejor analiza esa forma de narcoterrorismo a la cual los estratos sociales poco importan, ya que los decapitados pueden ser familiares de políticos o carpinteros, empresarios o mecánicos, abogados o campesinos, albañiles o militares de élite, sicarios o policías. Y en México —a diferencia de Irak, donde las decapitaciones solamente se exhiben en videos—, una vez desprendida una cabeza puede ser colocada en la entrada principal de un pueblo, en la Secretaría de Finanzas, enfrente de un periódico, en una cruz a la orilla del camino, en la pista de baile de un burdel o frente a un cuartel militar. En videos subidos a Youtube por narcotraficantes del cártel del Golfo, se realizan fotomontajes donde quien termina siendo decapitado es el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Reportes internos del gobierno federal alertaron desde principios de 2009 del uso de “técnicas de terrorismo árabe” por parte de muchos sicarios de los cárteles de la droga, pero no fue sino hasta el nueve de mayo de ese año cuando la idea fue planteada públicamente por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, durante una comida con corresponsales de la prensa extranjera. En esa ocasión el funcionario dijo que los cárteles mexicanos habían copiado la estrategia de la organización terrorista Al Qaeda, a la cual se responsabiliza de los atentados del 11 de septiembre en contra de las Torres Gemelas. “Han buscado tener una estrategia mediática, bajo la óptica y esquema de tipo terrorista, para impactar a la comunidad y por supuesto intimidar a sus contrarios, así como a las autoridades”, afirmó quien ha sido el hombre clave en las políticas de seguridad del país durante casi una década.

Militares cercan el pozo petrolero Cactus-San Fernando, en Cardel, Veracruz. En sus ductos se encontraron explosivos el 10 de septiembre de 2007.
Militares cercan el pozo petrolero Cactus-San Fernando, en Cardel, Veracruz. En sus ductos se encontraron explosivos el 10 de septiembre de 2007. Foto: Saúl López/ Cuartoscuro
3.- LOS CAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

La mala calidad de los artefactos que apenas lograron estallar en sucursales bancarias de la Ciudad de México en el otoño de 2010, hizo que los peritos capitalinos descartaran, casi desde el inicio, que se tratara de algún grupo del crimen organizado o de la guerrilla tradicional. Internet ayudó a los agentes capitalinos a confirmar esto, cuando grupos de personas ecologistas y protectoras de animales reivindicaron las acciones de sabotaje que incluyeron el ataque a una agencia de automóviles y a una exclusiva boutique de Polanco.

Por primera vez grupos mexicanos habían decidido participar de manera activa y marcar el Día Mundial de la Tierra, sobre todo después de la masacre de animales ocurrida el 23 de febrero en el departamento del “animalista” (defensor de los derechos animales) Javier Cervantes, en Jaltenco, Estado de México, unos meses atrás. Las células estaban formadas en su mayoría por jóvenes que creen que con “acción directa” —como definen a sus atentados, considerados por especialistas “ecoterrorismo” pese a su escaso impacto— conseguirán la liberación de los animales de México, a quienes ellos ven como hermanos de los seres humanos.

La matanza de animales en Jaltenco, presuntamente realizada por policías del Estado de México, se convirtió en la bandera de la causa y el detonante para que esas células formaran la Coordinadora Informal de Grupos e Individuos por la Liberación Animal y de la Tierra, con presencia en Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, estados en donde ha realizado atentados que van del robo (rescate, dicen ellos) de conejos o de gallinas de granjas, hasta ataques con bombas molotov contra camiones de las perreras o bien la destrucción de casetas de Telmex.

A diferencia de otros países de Primer Mundo como Estados Unidos e Inglaterra, el ecoterrorismo, término utilizado en la jerga oficial para nombrar a las acciones violentas hechas por grupos ecologistas, era visto con extravagancia en México. Hasta septiembre de 2010.

4.- EL DEPARTAMENTO EN ALTITUDE

Arturo Beltrán Leyva, quien había abandonado el cártel de Sinaloa para emprender un camino propio en el convulsionado mundo del narcotráfico, fue abatido en su departamento del fraccionamiento Altitude, de Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009. Cuando los reporteros llegaron a la escena encontraron el cadáver del capo con joyas amontonadas en el pecho y billetes estadunidenses dispuestos ordenadamente sobre lo que quedaba de su estómago. La imagen que dio la vuelta al mundo no fue la del cadáver del capo, sino la del humillado cadáver del capo.

El asesinato de Beltrán Leyva representa, de acuerdo con funcionarios consultados, el inicio de una nueva etapa en la estrategia de operación del gobierno en la guerra contra el narco lanzada por el presidente Felipe Calderón: a partir de diciembre de 2009 tanto la Marina Armada como el Ejército Mexicano tuvieron una mayor presencia en las operaciones sobre el terreno del combate y, a la par, mayores señalamientos por abusos, no sólo el de la alteración del cuerpo de Beltrán Leyva, sino también por presuntas desapariciones de detenidos y, en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales, como fue el caso de Jorge Martínez Compeán —dado a conocer por MILENIO Diario de Monterrey—, un hombre de 26 años aprehendido por la Marina en Santa Catarina en marzo de 2010, y quien pocas horas después apareció asesinado en un terreno baldío.

Este caso es uno de los ochos asesinatos denunciados en febrero de 2011 en Washington DC por Human Rigths Watch (HRW). El organismo internacional, tras enviar a una comisión investigadora al norte de México durante varios meses, concluye en el reporte que militares y policías habrían usado de forma ilegítima la fuerza letal bajo su poder. Además, HRW documenta la participación de elementos de las fuerzas armadas en una decena de desapariciones ocurridas en el mismo estado, también en 2010.

En México, la cifra de desaparecidos durante los últimos cuatro años es confusa. Mientras la CNDH reconoce poco más de cinco mil personas, las organizaciones no gubernamentales hablan de 10 mil en adelante. Estas desapariciones masivas son consideradas también actos terroristas. González de Alba los define así: “Es terror mantener por decenios a madres y a padres, a hermanos y hermanas buscando a quien desapareció sin rastro de proceso ni de aplicación de las leyes. Es terror para que, quienes sientan la tentación, se lo piensen dos veces. Y es terror de Estado”.


El terrorismo en la ley mexicana

En el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2007 se publicaron las reformas al Código Penal Federal, en cuyo Libro Segundo, Título Primero, “Delitos contra la seguridad de la nación”, Capítulo VI, “Terrorismo”, artículo 139, se tipifica este delito. Allí se establece la pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La misma sanción se aplicará a quienes, directa o indirectamente, con conocimiento de causa, apoye con recursos de cualquier naturaleza a quienes cometan actos terroristas en el país.

En los artículos 139 Bis y Ter se establecen las penas a quien encubra a un terrorista y a quien amenace con cometer este delito. Asimismo, en los artículos que van del 148 Bis al 148 Quáter se estipulan las penas para quienes perpetren o colaboren en la ejecución de actos de terrorismo internacional, entendiendo por éstos a los que se realicen en nuestro territorio en contra de bienes o personas de un Estado extranjero o de cualquier organismo u organización internacionales.

La vuelta (con venganza) de Fujimori

La vuelta (con venganza) de Fujimori

Si Keiko, hija del delincuente y ex dictador, alcanza la presidencia de Perú, significará el retorno de su padre a la vida pública: “Como el dinosaurio de Monterroso, siempre estuvo allí”, advierte el autor.

Un seguidor de Alberto Fujimori manifiesta su apoyo al ex presidente, en septiembre de 2007, durante el proceso que lo llevó a la cárcel.
Un seguidor de Alberto Fujimori manifiesta su apoyo al ex presidente, en septiembre de 2007, durante el proceso que lo llevó a la cárcel. Foto: Mariana Bazo/ Reuters

La posibilidad de que Keiko, la hija del ex dictador peruano-japonés Alberto Fujimori, pueda ser elegida Presidenta de Perú gracias al apoyo de las clases más adineradas, los exportadores de minerales y hasta las autoridades eclesiásticas, supera en violencia y desamparo a cualquier novela de Mario Vargas Llosa. La derecha, con buena conciencia y mala fe, pero también los sectores de clase media urbana, han polarizado el país entre Lima, pro-Fujimori, y las regiones pro-Ollanta Humala. La hija de Fuji promete continuar el desarrollo neoliberal que ha atraído a las inversiones, aunque también la desigualdad del ingreso que mantiene a 25 por ciento de la población pobre. Humala promete mejorar la distribución, con lo cual es caricaturizado como un nuevo Chávez, estatista y populista, y si gana Keiko su padre será indultado y volverá a la escena política: como el dinosaurio de Monterroso, siempre estuvo allí.

Recuerdo que en una pausa de la Cátedra Cortázar, de la Universidad de Guadalajara, Felipe González contó que Alberto Fujimori, por entonces prófugo del Perú, le había propuesto un plan de cooperación entre el gobierno peruano y el español con tal detalle y convicción que lo creyó verdadero. “A mí también me engañó”, confesó Felipe, con entusiasmo, como si eso fuera la prueba máxima de su capacidad de creer.

Carlos Fuentes repasó con elocuencia su galería de dictadores mexicanos pero tuvo que reconocer que Fujimori era imbatible en la mentira. Fue entonces que García Márquez, como siempre, necesitó decir la última palabra: “He escrito una novela sobre Fujimori”, dijo, “y se las voy a contar”. Ésta es la novela o, más bien, como la recuerdo hoy:

“Había una vez en el Japón un niño muy astuto que deseaba ser rico. ‘¿Qué puedo hacer para volverme rico?’, se preguntó; y se respondió: ‘Tengo que ser Presidente de algún país lejano’. Le dio vueltas a su globo terráqueo buscando un país capaz de elegirlo, y puso su dedo sobre el Perú. Fue al Perú, lo eligieron, se hizo rico, y volvió al Japón”.

Todos rieron. Yo sentí la punzada de esa vergüenza nacional que le debemos a Fuji, me temo que para siempre.

Antes de su fuga, posterior captura y amenaza de su retorno, en Santiago de Chile, en una comida, un empresario me había contado que él y sus socios no invertían más en el Perú. Las comisiones que esperaba el gobierno, explicó, son mayores que el margen de ganancias.

Recorrido de campaña realizado en Lima el cinco de mayo pasado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, del Partido Fuerza 2011.
Recorrido de campaña realizado en Lima el cinco de mayo pasado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, del Partido Fuerza 2011. Foto: Martín Acevedo/ EFE

No se podía salir a comer en Santiago sin tener que padecer historias sobre la corrupción en el Perú. Felizmente, para empatar con Chile, se descubrió que Pinochet no había sido menos corrupto: sus cuentas bancarias secretas revelaron que sus prédicas de la economía liberal, los valores de Occidente y la familia cristiana fueron una burla del pacto de resignación chilena. Chile recuperó la dignidad jurídica cuando su Poder Judicial nos devolvió a Fujimori. Ningún limeño, por mazamorrero que sea, podrá olvidar la lección de dignidad, esa emoción insólita, que fueron las marchas populares contra la corrupción y el asesinato. Todos hemos lavado la bandera nacional.

Es cierto que tratándose del Perú cualquiera, alguna vez, se ha equivocado. Pero entonces la vuelta de Fujimori pertenece a otra dimensión del error: a la extirpación de la memoria civil. ¿Qué sentido político tiene el actual éxito económico si el modelo necesita a Pinochet o a Fujimori? Hasta los economistas de Chile reconocen hoy que tienen una pobreza endémica. En el Perú, históricamente, el avance del sector moderno ha robustecido al sector más conservador, a las clases dominantes y a sus alianzas, a costa de los sectores emergentes, cuya modernidad limita con sus pocos recursos, no con su creatividad. Es suicida creer que el fujimorismo puede hacerse cargo del futuro en descargo del pasado: nunca el futuro se ha construido abriendo las cárceles.

Que Pedro Pablo Kutzinsky diga que Fujimori ha hecho cosas malas pero también cosas buenas es relativizar el mal, o sea, internalizarlo. Y luego, que Hernando de Soto se juegue el peso que tiene porque Keiko promete implementar su idea de un título de propiedad para cada peruano informal, es suponer que el fujimorismo (socialmente un clientelismo impune) es titulable. Pero que el Cardenal le eche en cara su juventud izquierdista a Mario Vargas Llosa por decir lo que piensa sobre Fujimori, es exonerar, con la otra mano, el pasado del diablo. La próxima gran novela de Mario tendría que ser sobre la debacle moral de una clase social doméstica, su prensa filistea y su corte de milagros mercantil.

Yo nunca he conocido a un fujimorista. Pero si Lima, que los conoce, vota por ellos en contra del Perú de las regiones, que los rechaza, demostrará cuánto puede retroceder la conciencia democrática y qué poco adulta puede ser la moral pública. Cada uno tiene derecho a votar por quien quiera, pero debe ser responsable de las consecuencias: si mañana, al despertar, encuentra al dinosaurio en Palacio, le deberá una buena explicación a sus fujinietos.

Captura del Chapo Guzmán, prioridad del gobierno: PGR

Marisela Morales rechaza que se proteja al líder del cártel de Sinaloa

Captura del Chapo Guzmán, prioridad del gobierno: PGR

La procuradora señaló que las instituciones de inteligencia siguen trabajando para ubicar al capo fugado del penal de Puente Grande en 2001 y aseguró que “se han tenido varios datos” al respecto.

La funcionaria federal estuvo ayer en la residencia oficial de Los Pinos.
La funcionaria federal estuvo ayer en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Octavio Hoyos

La procuradora general de la República, Marisela Morales, rechazó que se proteja a Joaquín El Chapo Guzmán y sostuvo que su captura es una prioridad del gobierno federal, aunque haya blancos más difíciles de atrapar por la forma en que se esconden.

Indicó que si supiera el paradero del narcotraficante que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001 no podría revelarlo, y recordó que su ubicación es trabajo de las dependencias responsables de realizar labores de inteligencia.

Morales aseguró que el trabajo del gobierno federal para capturar a los líderes de organizaciones criminales ha dado buenos resultados, porque ha sido posible detener a un importante número de ellos.

Ante la pregunta sobre la percepción de que Guzmán Loera tiene protección de las autoridades, respondió: “¡No, claro que no! Hay blancos que son más difíciles de atrapar precisamente por la forma en que se esconden, pero se ha detenido a gente muy íntima, muy cercana a El Chapo.

“Es de esta manera como también se está atacando la estructura de El Chapo, pero también todas estas investigaciones, por supuesto, son tendientes a encontrarlo a él, pero en eso se continúa trabajando y se va a seguir hasta lograr el objetivo”, señaló.

Interrogada sobre el lugar en el que se esconde el líder del cártel de Sinaloa, Morales indicó: “Si supiera, por supuesto, no podría decirlo, pero se han tenido varios datos y en eso está trabajando cada una de las dependencias que tienen inteligencia (sic), que comúnmente detienen a diversos narcotraficantes; en eso están trabajando, es una de las prioridades que existen en el gobierno federal”, sostuvo.

Entrevistada en Los Pinos luego de acudir a la inauguración del tercer Foro sobre Seguridad y Justicia, la titular de la PGR recordó que recientemente se detuvo al consuegro de Joaquín Guzmán Loera y algunas personas importantes en esa organización.

También recordó que el gobierno federal ofrece una recompensa a quien aporte informes que ayuden a la localización del narcotraficante sinaloense, “y se está trabajando de manera muy coordinada” con las dependencias federales encargadas de la seguridad. Seguimos “buscando el objetivo y esperemos que logremos capturarlo”, señaló.

Marisela Morales insistió en que la localización del delincuente “es un trabajo de varias dependencias del gobierno federal en este tipo de ubicación de blancos”.

Justicia en Coahuila

La procuradora también se refirió al accidente en la mina en Coahuila y adelantó que el caso no será otro más de impunidad, y por ello se está investigando para actuar de manera contundente contra quien resulte responsable.

“Se dicen cosas, pero estamos en la investigación. Eso es lo que vamos a poder tener como la verdad jurídica, en eso es precisamente en lo que está la investigación, basada en tener la información veraz y con elementos objetivos”, señaló.

Informó que ya se inició la averiguación previa y actualmente se recogen pruebas periciales y declaraciones, por lo que en breve se podrán tener líneas de investigación, una vez concluidas las primeras diligencias.

Interrogada sobre si con el antecedente de la explosión en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, habrá justicia, la procuradora aseguró: “¡Sí, por supuesto!, porque se va a actuar aplicando la ley con todo el rigor”.

Se pagaron 34 mdp por recompensas

La PGR pagó durante marzo 34 millones de pesos a las personas que brindaron información para detener a alguno de los narcotraficantes más buscados por las fuerzas de seguridad pública.

Mediante una solicitud de información realizada por MILENIO, la dependencia reveló que de enero de 2010 a marzo de este año se han destinado 38.3 millones de pesos para recompensar a las personas que de forma anónima revelaron datos para la aprehensión de diferentes delincuentes.

El documento omite nombres de las personas detenidas; sin embargo, proporciona la lista de delincuentes aprehendidos durante 2010 por los cuales pagaron recompensas.

El primer pago, de enero de 2010, fue de 3 millones de pesos para la persona que proporcionó información para la detención de Luis Humberto Rubio González y Ubaldo Rubio González, El Monrroque, vinculados a los Carrillo Fuentes.

El 5 de febrero realizó dos pagos de 666 mil pesos cada uno a los informantes que ayudaron a la captura de Óscar Ortiz González, El Cándido, y Ángel Cisneros Marín, El Flaco o El Azul.

El 11 de octubre se publicó en el Diario Oficial el acuerdo en el que se ofrecen recompensas que oscilan entre 3 y 30 millones por otros delincuentes. (México • Rafael López.)

Claves
Apoyo a fiscal del DF

•El procurador General de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, respaldó el trabajo del fiscal antisecuestros, Óscar Montes de Oca, a pesar de que el funcionario tiene una denuncia penal.

•Manifestó que el fiscal tiene los conocimientos y las técnicas para desempeñar cualquier cargo público. Incluso, para ingresar a la PGJDF tuvo que aprobar los exámenes de control y confianza de la misma PGR.

•“Hemos tenido muy buena coordinación, tanto con las autoridades federales como locales; he recibido muchas llamadas de apoyo, tanto de autoridades como de organizaciones civiles, a la labor del fiscal Montes de Oca”, afirmó Mancera.

Asómate en serio, Ciro, a la verdad de Florence

Asómate en serio, Ciro, a la verdad de Florence

La historia en breve

Ciro Gómez Leyva

Recibo una carta de Agustín Acosta, el penalista que defiende a Florence Cassez, abogado por quien tengo un gran aprecio. Cuestiona esta frase de La historia en breve de hace unos días: “Pedir la cabeza de Genaro García Luna es montarse en la verdad de Florence Cassez”.

Cuidadoso, pero muy duro, Agustín escribe: “Preciso que ni Florence ni su defensa hemos pedido la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Hemos querido evitar la personalización de un litigio. Empero, tal parece que la lógica, o mejor dicho, la percepción ineludible de ese proceso, se concentra en una ecuación perversa: el prestigio del ministro contra la libertad de la joven. No es de extrañar, así ha ocurrido en otras causas célebres. Pienso en el capitán Dreyfus: el honor de un ejército contra la vida de un oficial”.

“Defiendo a Florence animado por una convicción íntima, y no por un postulado retórico. Hoy mejor que nunca alcanzo a ver la luz de su inocencia. La defiendo además porque creo que las manipulaciones que la mantienen en la cárcel han torcido la justicia y atentan contra seguridades y valores fundamentales de los que estamos en extremo necesitados.

“Ahora bien, es imposible defender la libertad y el honor de la joven sin criticar el proceso que la condena y articular en ello un extrañamiento a quienes han optado por métodos que, por decir lo menos, resultan cuestionables. Y eso lo digo sin entrar al tema de sus resultados. Anticipo eso sí que esos resultados serán cada vez más cuestionados (...) La gestión del secretario está sujeta a escrutinio y es tema abierto a la discusión de los que vivimos o estamos en contacto con lo público.

“Del asunto Florence, mucho falta por saber, nos dará oportunidad para comunicarnos. Al despedirme, en todo caso, te hago una invitación: asómate en serio a la verdad de Florence.”

Corridos los “narcocorridos”

Corridos los “narcocorridos”

¿Parece una medida extrema? Si pensamos en la cultura musical que, para bien o para mal, influye en la de la población, estaríamos hablando de que el poder de una canción de Juan Gabriel o una cantada por José José para sobrevivir al desamor, es irrefutable.

Yuriria Sierra

Primero fue Mario López, mejor conocido como Malova, actual gobernador de Sinaloa, después lo suscribió el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré. El tema es polémico, porque mientras unos se van del lado de la libertad de expresión y creación, otros se van hacia la prevención y acuerdan que prohibir los narcocorridos es una medida necesaria que podría tener efectos positivos en la reducción del culto que se le llega a tener a los grandes capos, al esperar que con ello se logre disminuir la presencia de los cárteles en la cultura popular del país.

¿Parece una medida extrema? Si pensamos en la cultura musical que, para bien o para mal, influye en la cultura de la población, estaríamos hablando de que el poder de una canción de Juan Gabriel o una interpretada por José José para sobrevivir al desamor, es irrefutable. Si pensamos en la letra de un “narcocorrido” como un homenaje hacia la “cultura” o el estilo de vida de los personajes que forman parte del crimen organizado, estaríamos ligando irremediablemente, a quienes escriben y cantan, con el crimen. Y eso no sería acertado, no podríamos asegurar el vínculo entre uno y otro. Porque entonces pensamos también en aquellas canciones de El Tri, Café Tacvba, Calle 13 o de grupos más urbanos, como El Haragán y Cía., cuyas letras, más que homenajes, retratan postales de una sociedad a veces injusta, pero siempre muy vasta.

Si bien los “narcorridos” dibujan un cotidiano que, querámoslo o no, poco a poco se ha ido destapando y acercando a la sociedad, el de la razón principal de la lucha contra ellos, también entendemos que la fuerza de las buenas composiciones al llegar a oídos de la gente tiene un efecto, si no de promoción, al menos se quedan en la memoria y son cantadas cuando el caso lo amerite. Aunque rescatamos también el uso que se les ha dado a algunos de estos temas.

Y es que hay de narcocorridos (esos que dibujan realidades) a narcorridos (aquellos que son vehículo de mensajería entre grupos criminales), de los que, sin duda, hay que tener cuidado. Aunque si bien estos corridos-mensajes se encuentran en redes sociales como YouTube, al alcance de quien los encuentre y desee escucharlos, entendemos también que la mejor promoción es prohibirlos.

¿Y qué piensan los intérpretes de la música popular? ¿Qué piensan las bandas musicales que se vinculan más, y por costumbre, con la cultura de los “narcocorridos”? Pues justamente ayer, durante el lanzamiento mundial de su álbum MTV Unplugged, platiqué con Los Tigres del Norte y, dada la coyuntura, fue inevitable preguntarles sobre esta prohibición y su respuesta no pudo ser más inteligente, pues me respondió Jorge Hernández, el líder y vocalista: “Yo pienso que si es bueno para la sociedad y él piensa que eso es lo que necesita nuestro pueblo, hay que ir sobre las normas que pongan, ¿no? Yo creo que hay que respetar cada forma de pensar, cada ideología, hay que estar atentos y, si nuestra sociedad va a tener beneficios, pues hay que apoyar...”

Apoyar, pero con una idea clara, porque el que se prohíban no significa que vayan a dejar de hacerse y, menos, de escucharse...

Desde el Brasil de Lula

Desde el Brasil de Lula

Jorge Fernández Menéndez

ILHA DE COMANDATUBA, Brasil.— Participar en el encuentro de padres e hijos, que se realiza este año en esta bella isla al sur de la ciudad de Bahía, es un privilegio y una forma de entender y comprender mucho mejor América Latina, lo que está sucediendo en Brasil y, obviamente, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que podríamos hacer en México.

El encuentro de padres e hijos empezó hace nueve años, cuando varios empresarios de la región, entonces impulsados por Carlos Slim, Eike Batista y Gustavo Cisneros, decidieron realizar anualmente un encuentro en el cual pudieran conocerse mucho más, pudieran establecer relaciones de negocios y, además, involucrar en sus encuentros a sus hijos y demás familiares. Han pasado los años, el encuentro ha crecido y en muchas ocasiones son ya los hijos los que llevan los negocios que paulatinamente han dejado sus padres. Este año se realiza en Brasil y nos tocará hablar sobre temas de seguridad en México.

Pero lo importante, en todo caso, es ver aquí, en Brasil, a todos los empresarios locales, sin excepción, hablando de cómo están creciendo, de su convicción en el futuro de su país, de sus proyectos de largo plazo, destacar lo que han hecho en el ámbito de la energía y los recursos que les ha generado, destacar cómo han crecido en términos de industria aeronáutica, pero ahora también marítima: cómo, con apoyo del Estado, pero con la inversión de los empresarios, han construido aviones para exportar, han comenzado a hacer barcos, en general estrechamente ligados con la industria energética, que ha llevado al principal empresario del país, Eike Batista, a decir que podrían construir un trasatlántico llamado Lula.

Y es que Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo un presidente convertido en ícono. Y escuchándolo hablar, hace unas horas, se comprende plenamente ese entusiasmo. Lula hace mucho que no habla de lucha de clases: su discurso es de unidad, de complementación, de generar riqueza. Una de las características más evidentes de la diferencia del discurso de Lula con el de otros dirigentes provenientes de la izquierda (o que se dicen provenientes de ella aunque, a diferencia del propio Lula, nunca militaron realmente en ella) es que no habla de la lucha contra la pobreza como un fin en sí mismo. Lula dice que los ricos deben seguir siendo tan ricos o más que ahora para que puedan continuar invirtiendo, pero que los pobres deben ser mucho menos que ahora y que eso es lo que le ha permitido llevar unos 30 millones de brasileños a la clase media. El tema no es la lucha contra la pobreza en sí sino la lucha contra la desigualdad: la sociedad es más igualitaria con base en la generación de riqueza, no en la redistribución de la pobreza, y eso es lo que ha transformado en muy buena medida a este país, y ha generado expectativas que no me había tocado ver en ninguna de nuestras naciones en muchos años.

Ayer decía Lula que uno de sus grandes motivos de orgullo era que no había sido Slim ni Batista ni Cisneros ni Bill Gates el que había hecho la mayor colocación bursátil de la historia, la había hecho él, que hace unos pocos años era un dirigente sindical metalúrgico y había terminado como presidente de Brasil, y que no lo había hecho en la Bolsa de Nueva York ni en Chicago ni en Londres, sino en la Bolsa de Sao Paulo, cuando colocó en ésta, poco antes de terminar su presidencia, 70 mil millones de dólares de acciones de Petrobras, la empresa petrolera estatal, en apenas unas horas y consiguió una capitalización extraordinaria para la empresa petrolera estatal y para el país, recursos que se han canalizado precisamente en infraestructura, generación de empleos y programas sociales.

Pero hay otro secreto que es público y que ayer mismo Lula, cuando ya ha dejado hace varios meses el poder, pero sigue gozando de peso y sobre todo de enorme legitimidad entre los empresarios del país, explicaba: un presidente no puede tener ideología, tiene que resolver las necesidades del país. Recordaba que cuando llegó al poder muchos empresarios tenían miedo de lo que él pudiera ser y confesaba que él mismo tenía miedo de muchos empresarios. Pero que se dedicó a sentarse, escuchar, hablar y llegar a acuerdos que fueran necesarios para el país, olvidándose, a la hora de buscar soluciones, de la ideología que estuviera detrás.

Se dirá que se trata de una cuestión de expectativas y es verdad, pero también, y en muy buena medida, de resultados, de política, de tener absoluta claridad de dónde se parte para saber hacia dónde llegar. Y de pensar, desde México, que, cuando se hace la comparación de las oportunidades que tenemos en México respecto a las que hoy enorgullecen a Brasil, no sólo no estamos lejos de ellas, sino que incluso podemos superarlas. Lo que lo impide es la política, el sistema, una clase dirigente que sigue pensando, día con día, en la próxima elección, aunque sea estrictamente local, y casi nunca en la próxima generación.

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