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El país, encallado
El país, encallado
Carlos Acosta Córdova
Defensa de privilegios basados en la lógica corporativista del pasado, inseguridad y corrupción, falta de competitividad y pésima calidad educativa, así como componendas entre sindicatos y el gobierno que derivan en clientelismo político, son algunos de los factores que, según el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Sierra, tienen a México entrampado en un frágil equilibrio que no le permite un mayor crecimiento. Éstos y otros temas son tratados en su libro Por eso estamos como estamos. La economía política de un crecimiento mediocre, que bajo el sello de Random House Mondadori estará en circulación a partir del miércoles 8.
MÉXICO, D.F., 7 de junio (Proceso).- Dos imágenes ganaron, el miércoles 1, las primeras planas de los principales diarios del país, y no hubo espacio informativo que no las consignara:
El beso fraterno entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, previo susurro del primero, y el momento jubiloso en que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y la lideresa de los maestros –el presidente en medio, aplaudiendo– festejan la firma de un acuerdo para evaluar a docentes y directivos de escuelas de educación básica, públicas y privadas.
Era la tercera ocasión en que los tres personajes aparecían públicamente en 15 días.
“Las fotos muestran, en principio, que la relación entre La Maestra y el presidente está pasando nuevamente por un buen momento. La pregunta es si esto es una buena noticia para los estudiantes de primaria”, comenta Carlos Elizondo Mayer-Serra, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
“En el fondo –agrega–, de lo que hablan las imágenes es de la capacidad que tienen el gobierno federal y el sindicato –desde hace décadas– para evitar el conflicto y el enfrentamiento, pero también, con ello, para posponer la solución a los problemas de la educación básica en el país”.
Y explica: “El sindicato de Elba Esther es un poder real tan grande, con enormes recursos económicos y una intrincada red de intereses políticos –en casi todos los partidos, en las cámaras legislativas, en los gobiernos estatales y en la propia SEP–, que a la autoridad federal y a las locales les es más fácil negociar políticamente con él que ponerle límites”.
Más aún, sugiere, el trato suave con el sindicato se vuelve necesario para el gobierno en la coyuntura electoral: si ya en la elección de 2006 el sindicato fungió como su aliado, ahora le urge tener de su lado al más de 1 millón de maestros que lo integran.
“Pero el acuerdo y la negociación con el sindicato sólo posponen la solución a los problemas, como históricamente se ha demostrado. Es todavía baja la cobertura y tiene muy mala calidad nuestra educación. En básica la calidad es deplorable, tanto en las escuelas públicas como en las privadas. El gasto en educación absorbe la cuarta parte del presupuesto federal total, pero los resultados son de los peores, como lo ha demostrado la OCDE”, afirma el especialista.
Sin crecimiento
La entrevista con Carlos Elizondo, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, Inglaterra, exdirector general del CIDE y exembajador de México ante la OCDE, es a propósito de su nuevo libro, Por eso estamos como estamos. La economía política de un crecimiento mediocre, que la editorial Random House Mondadori pondrá en circulación a partir del miércoles 8.
El objetivo del libro, explica el autor en la introducción, “es dar cuenta de las razones por las que México ha quedado atrapado políticamente en un equilibrio mediocre que no permite un mayor crecimiento.
“Pretendo mostrar por qué durante los últimos 30 años nuestras fuerzas políticas no han logrado la coordinación necesaria que haga posible un mayor crecimiento sostenido.
“El argumento central es que muchos de los actores dominantes en México se conducen conforme a la lógica corporativa del pasado, donde importaba más defender un privilegio que generar instituciones capaces de lograr, a través de bienes públicos de calidad, una cierta igualdad de oportunidades y derechos universales de verdad, así como mecanismos que hicieran del esfuerzo, el mérito y la competencia los motores centrales para la distribución de beneficios en el mercado laboral, tanto entre las empresas como en el sistema educativo, sobre todo en el nivel superior.”
Como una primera explicación de por qué el país se encuentra atorado, Elizondo señala que la reformas económicas y políticas que ocurrieron en el país en las dos últimas décadas del siglo XX –y que fueron parte del ciclo de reformas en el mundo en ese periodo– se dieron de una forma pacífica, y por lo mismo “fueron menos profundas de lo deseado por unos y de lo temido por otros.”
Dice en el libro: “Las viejas estructuras corporativas y diversos grupos con privilegios supieron adaptarse al nuevo entorno económico y político, en muchos casos sin haber sufrido modificaciones importantes y, en cambio, logrando ganar una mayor capacidad de maniobra, dada la dispersión del poder que trajo el proceso democratizador.
“La supervivencia de estas estructuras tiene implicaciones negativas tanto para el desempeño de nuestra economía como para la capacidad del régimen democrático para enfrentar los retos de un mundo globalizado con países en continua competencia.
“Las reformas económicas no crearon una economía más dinámica y capaz de ofrecer a los mexicanos mayores oportunidades basadas en su poder para satisfacer las necesidades del mercado. No hemos construido una sociedad en la que se premien el esfuerzo y el mérito y se tengan derechos universales genuinos básicos que permitan una razonable igualdad de oportunidades.
“El crecimiento ha sido modesto en las últimas décadas, lo mismo que la creación de empleos formales. Entre 1981 y 1990 el PIB per cápita cayó 0.18%; en los 10 años siguientes creció, pero únicamente a un promedio anual de 1.86%. De 2001 a 2010 este crecimiento fue de un bajísimo 0.66% anual.
“Sólo gracias a la economía informal y a la migración a Estados Unidos hemos amortiguado el efecto de la creciente demanda de trabajo, sobre todo entre los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.”
Por otra parte, escribe Elizondo: “Las sucesivas crisis estimularon la democratización de un sistema político basado en su capacidad de repartir beneficios desde arriba para evitar competencias electorales genuinas.
“El descontento con el mal desempeño económico impulsó una serie de reformas políticas que dieron, por fin, efectividad al sufragio. Con su voto, los ciudadanos decidieron poner fin a las mayorías absolutas del Poder Legislativo en 1997 y en 2000, y llevar a la Presidencia, por primera vez en la historia moderna de México, a un candidato presidencial opositor al PRI.”
Sin embargo, dice Elizondo en la entrevista, resulta que la transición democrática en el país “sólo trastocó los arreglos electorales, pero dejó sin cambio alguno las estructuras corporativas de control y privilegios, como los sindicatos del sector público, organizaciones campesinas, empresarios y otros”.
“Anemia” institucional
En su libro Elizondo escribe: “La dispersión del poder que las urnas impusieron; la erosión de la legitimidad de las reformas económicas tras la crisis de 1994; la poca claridad y capacidad de los gobiernos emanados del PAN en cuanto a cómo usar el poder que su partido ganó con las elecciones de 2000 y 2006; la permanencia de los actores organizados por el corporativismo, pero ahora con mayor libertad de maniobra, y el hecho de que dos de los tres principales partidos ahora en la oposición, el PRI y el PRD, sean herederos no conversos de la ideología del modelo de desarrollo anterior, condujeron a una situación en la que ningún actor cuenta con suficiente fuerza para impulsar un nuevo ciclo de reformas que haga frente a los déficits institucionales que dejaron los ciclos anteriores.
“Los actores potencialmente afectados, incluidos algunos de los beneficiados por las reformas pasadas, han bloqueado sistemáticamente la posibilidad de que se forme una nueva coalición reformista.”
Y todo ello confluye en un pobre desempeño económico. “El dilema que tenemos como país es que, si no crecemos en este momento en que gozamos de una ventaja demográfica clave, ya no lograremos converger a los niveles de bienestar de los países desarrollados.
“De perder esta oportunidad, a pesar de todo el esfuerzo que ha implicado convertirnos en un país independiente y tener la primera revolución social del siglo XX, estaremos condenando a los mexicanos del futuro a vivir en un país rezagado, pobre e inseguro. Esto es inadmisible.”
En su texto, Elizondo explica sin tecnicismos pero con mucho rigor académico, por qué nuestra democracia es débil, la incapacidad del país para reformar y, sobre todo, las razones –históricas, políticas y hasta mentales– por las que el término “competencia” no se nos da.
Capítulos clave son el 8 y el 9, en los que disecciona los privilegios de que, aun en la alternancia política, han gozado empresarios, sindicatos y organizaciones campesinas; cómo abusan de su fuerza política, cómo exprimen al erario y cómo se desenvuelven éstos en la indisciplina, la falta de transparencia y la rendición de cuentas.
En el último capítulo el autor ofrece “algunas maneras de romper con un arreglo institucional ineficiente y acceder a los niveles de crecimiento deseables” para el país. Es un cierre circular, pues en el capítulo 1 enlista algunos ejemplos de factores contrarios al crecimiento económico; entre ellos:
–Un gobierno dueño de empresas que pierden dinero en forma sistemática y que terminan consumiendo más recursos de los que generan, los cuales son pagados por el contribuyente;
–monopolios públicos y privados mal regulados que extraen altas rentas del consumidor, limitan el bienestar de la población y dificultan la competitividad de empresas que consumen sus bienes o servicios;
–trabajadores que no hacen nada o muy poco, pero que no pueden ser despedidos;
–expropiaciones arbitrarias que desestimulan la inversión y constante cambio de las reglas del juego;
–inestabilidad macroeconómica y alta inflación, que llevan a inversiones especulativas de corto plazo y a la erosión del sistema financiero;
–una alta actividad delictiva.
Inercias
A lo largo de la entrevista, el politólogo se enfoca en el grave problema de la falta de competencia, pues ésta es uno de los motores del crecimiento económico y el bienestar social.
“Hoy nos preocupa la única área del país donde realmente competimos, que es la de la violencia. Que es donde no debería de haber competencia. ¿Cuál es el único espacio donde todas las sociedades pretenden legítimamente tener el monopolio? El monopolio de la violencia legítima. En México hoy lo que tenemos es una competencia por el control territorial de amplias zonas del país. Ahí sí competimos. Pero en el resto de los mercados competimos poco o no competimos.
“Hemos perdido de vista que si tenemos bajo crecimiento y baja calidad de servicios públicos es porque en los mercados centrales no hay suficiente competencia. Un ejemplo: en cualquier país que aspire a tener una buena provisión de servicios educativos, el proceso de reclutamiento de maestros y el proceso de acceso a las principales universidades es por competencia, por distintos mecanismos de mérito.
“¿Quiénes entran a dar clases en Corea? Los mejores egresados de sus disciplinas. ¿Quiénes entran a dar clases en México? Los que se formaron en la cola. En la cola de la Normal. Pasaron sus cursos, o ni los pasaron, simplemente se sentaron y muchas veces son reclutados porque son parientes o porque pagan; no porque tienen el mérito para enseñar.
“¿Quiénes entran a la universidad en México, tanto a las privadas como a las públicas? En las privadas entran quienes tienen un mínimo, pero un mínimo muy mínimo, y pueden pagar. Y en las públicas, pues los que se formaron en la cola de las prepas de la UNAM y que tienen pase automático y cumplen ciertos mínimos, y los que con calificaciones muy bajas logran acceder al resto de las universidades públicas.
“En todos los países hay filtros y sólo pasan quienes cumplen con cierto nivel de mérito.”
–¿Qué es lo que nos ha detenido?
–Nos ha detenido que los actores centrales que controlan el sistema, el sindicato, la propia administración de la SEP y las principales universidades no quieren competencia. No quieren evaluación, no quieren filtros, no quieren rendición de cuentas de verdad. Todas esas instituciones podrían ser más abiertas y más competitivas, pero no se cambian porque los ganadores de estas reglas del juego tienen peso político, mediático, capacidad de movilización.
Insiste Elizondo: “No sólo tenemos que arreglar nuestras inercias del pasado, sino que debemos hacerlo en un mundo que nos lleva mucha ventaja. China, país formalmente comunista, entendió que la competencia es un instrumento muy poderoso. Sí, no quiere que haya extranjeros en sus empresas petroleras. Pero tiene varias y las pone a competir. Las pone a asociarse con extranjeras cuando no saben. Obliga a que rindan cuentas en la bolsa, a informar qué tan eficaces son para hacer sus distintos procesos, y eso disciplina a esas empresas públicas.
“En cambio, en México optamos por un monopolio, una sola empresa, donde no hay competencia con terceros, donde no hay competencia en el reclutamiento. ¿Cuándo fue la última vez que vimos en el periódico la convocatoria abierta para ingresar a Pemex? Nunca. No existe.
“Es muy raro que no nos alarme esto. En nuestro principal activo (Pemex) no contratamos a la gente por sus méritos; no son los mejores ingenieros, los mejores técnicos, sino los que están mejor conectados, los que fueron capaces de pagar más dinero, los que tenían relaciones familiares dentro del sindicato. Eso es un escándalo. ¿Por qué? Porque nos hemos resistido a la competencia.”
Pone un ejemplo básico, que afecta a la ciudadanía: “Si vas a la gasolinera de Pemex y luego descubres que te dieron litros de 900 mililitros, ¿qué puedes hacer? Nada, porque sólo puedes ir a gasolineras de Pemex. Si hubiera ocho marcas de gasolineras en la Ciudad de México, mexicanas, extranjeras, del propio gobierno, y supieras que las de la gasolinera ‘A’ dan litros de 900 mililitros, pues no regresarás a la ‘A’. Habría una competencia por dar litros de verdad.
“Ese es el tema, en todos los ámbitos, que a mi juicio implica que estemos atorados.”
Explica el entrevistado que en muchos países los trabajadores del sector público tienen mejores condiciones que los del sector privado, porque políticamente han logrado extraérselas al gobierno, que acaba cediendo.
“Pero –dice– en México el diferencial es mucho mayor que en otros países. Un trabajador de la hoy extinta Luz y Fuerza se retiraba a los 30 años de servicio ininterrumpido, independientemente de su edad. Y como los metían de aprendices a los 15 años, a los 45 años se podían retirar. Y con la esperanza de vida actual pueden vivir más tiempo jubilados que trabajando. Y con costos crecientes para el sistema de salud, porque entre más vives vas a enfrentar más problemas de salud.”
“En suma –reitera Elizondo Mayer-Serra–, la transición democrática en México, a diferencia de otros países, por su propia suavidad, sólo trastocó los arreglos electorales. Y dejó sin cambio todas estas estructuras corporativas de control y privilegios.”
Inmunidad presidencial
Jesús Cantú
Felipe Calderón, titular del Ejec
MÉXICO, D.F., 9 de junio.- La inmunidad es un privilegio del que disfrutan diplomáticos, legisladores y altos funcionarios de un gobierno para evitar ser perseguidos judicialmente por motivos políticos; es decir, se establecen previsiones especiales que hacen que dichos servidores públicos sean sujetos a procedimientos legales excepcionales para protegerlos de una persecución política. Esto no quiere decir que no pueden ser castigados por sus acciones; únicamente que hay un procedimiento especial (juicio de desafuero o juicio político) antes de enfrentar a los tribunales o instancias ordinarias.
En el caso del presidente de la república, sin embargo, esta inmunidad es prácticamente absoluta, pues el artículo 108 constitucional señala que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”; y como además no es mencionado en el artículo 110 como uno de los sujetos a juicio político, resulta –así lo señala el diputado priista Arturo Zamora Jiménez en la exposición de motivos de su iniciativa de reforma presentada el 28 de septiembre de 2010-- que: “aparentemente el presidente de la república sólo puede ser sujeto de responsabilidad penal, pero nunca de responsabilidad política, de tal suerte que el único procedimiento sancionatorio que podría incoarse contra el presidente de la república es el de declaración de procedencia de juicio penal”.
Esta inmunidad es motivo de reiteradas discusiones entre actores políticos, impartidores de justicia, académicos y medios de comunicación, especialmente cuando existe la resolución de un tribunal. Tal es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución y la ley electoral al realizar propaganda gubernamental durante el periodo de veda.
Asimismo, la inmunidad opera aunque exista evidencia de que la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha dejado más de 40 mil muertos, muchos de ellos personas inocentes abatidas por miembros del Ejército o la Marina por órdenes superiores de disparar contra cualquier vehículo que tenga “los vidrios polarizados y los que están mugrosos, con lodo pegado; eso quiere decir que anduvieron en la sierra o que no quieren que los identifique el helicóptero”; similar a esta disposición es la de “eliminar a todo aquel narcotraficante que sea desertor del Ejército o que se haya dado de baja para colaborar con el crimen organizado”. (Proceso 1804.)
Ambos hechos son incontrovertibles, y las responsabilidades directas del presidente de la república están claramente identificadas. Sin embargo, en el mejor de los casos no es clara la vía para que eventualmente sea sancionado por ello, y, en el peor, simplemente no existe vía.
En el primero de los casos, la violación a las disposiciones constitucionales y electorales, dado que no implica distracción de recursos públicos para la promoción personal o partidista, sino falta de respeto a una veda, la responsabilidad del presidente es administrativa o política, pero no penal y, por lo tanto, no puede pensarse en seguir por este hecho la vía penal una vez que concluya su mandato.
En el segundo caso, dado que el artículo 89 constitucional lo faculta “para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada… (para preservar) la seguridad interior…”, se le podrían fincar responsabilidades penales, pero no será fácil demostrarlas y menos todavía que las órdenes fueron emitidas directamente por él.
El tema, sin embargo, está presente, y esto es evidente en el cúmulo de iniciativas pendientes de dictaminar en la Cámara de Diputados que pretenden establecer las vías para sancionar al presidente de la república. Vale la pena hacer una primera división de dichas vías: aquéllas que optan por uno de los instrumentos de la democracia directa: la revocación de mandato, como la forma de remover al presidente y hacerlo sujeto de sanciones ulteriores; y aquéllas que involucran a los otros dos poderes (Judicial y Legislativo), o al menos a uno.
En términos generales, en los regímenes presidenciales la revocación del mandato no es la opción, particularmente por la inestabilidad política que genera un proceso de esta naturaleza; en cambio, sí es una opción en las instancias estatales para la remoción de gobernadores y alcaldes, considerando que sus funciones son más de índole administrativa.
Sin embargo, sí existen vías que pasan por el Congreso para remover a los presidentes. Entre los casos más sonados de este tipo se encuentran los impeachments en contra de los presidentes estadunidense Richard Nixon y Bill Clinton, el primero por su participación en el llamado Watergate, cuyo procedimiento se interrumpió porque Nixon dimitió a su cargo; y el segundo, por falsedad de declaraciones al comparecer por el escándalo sexual con Mónica Lewinsky, cargo del que finalmente fue absuelto.
Otro de los casos fue la dimisión de Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña, el 29 de diciembre de 1992, para tratar de evitar un fallo en su contra del Congreso brasileño por presuntos actos de corrupción. A pesar de su dimisión y de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil lo exoneró por falta de pruebas, el Congreso continuó con el procedimiento y lo privó de sus derechos políticos por un periodo de ocho años a partir de 1994.
Uno de los grandes pendientes de la construcción democrática en México es el establecimiento de un sistema eficaz de rendición de cuentas y, en el mismo, de las vías claras y eficaces para que los altos funcionarios de gobierno (particularmente gobernadores, miembros del gabinete presidencial y el mismo presidente de la república) puedan ser sujetos a sanción por su responsabilidad administrativa, civil, penal y política.
Por lo que se refiere a la figura del presidente, urge una reforma al artículo 108 constitucional para permitir sancionarlo por violaciones a la Constitución y a leyes federales, así como por la comisión de delitos graves dolosos del orden común y federal; otra, al 110, para establecer que el presidente será sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales.
Y al abrir dichas posibilidades hay que establecer con precisión el procedimiento que se seguirá en ambos casos (juicio político y juicio de procedencia), que puede ser un mecanismo distinto al previsto para el resto de los funcionarios, pero transitable.
Respecto al procedimiento, en términos generales, las disposiciones en los países con régimen presidencial prevén la participación de ambas cámaras, la de diputados como acusadora, es decir, la instancia responsable de la integración del expediente, y la de senadores como jurado de sentencia.
Lo cierto es que en esta materia hay mucho camino andado en el derecho comparado, y en el mismo Congreso existe un gran número de iniciativas de reforma que abordan el asunto. Así que los que en estos momentos tienen la responsabilidad de acabar con la inmunidad absoluta del presidente mexicano son los legisladores, pues con las actuales disposiciones constitucionales es poco menos que imposible lograr una sanción, incluso después de que termine su mandato.Peña Nieto: la historia de un guardarropa de 2 mdd
Jenaro Villamil
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- Cuenta la tradición de la Casa Bijan, creada por el iraní Bijan Pakzard, que el cliente que adquiere un mínimo de 2 millones de dólares en prendas de vestir, accesorios y perfumes se gana la distinción de que su nombre aparezca rotulado en un reloj que se coloca en el aparador del establecimiento en el 420 de Rodeo Drive, en la exclusiva zona de Beverly Hills.
Uno de los “clientes frecuentes” que apareció en la vitrina y cuyo nombre fue grabado en un video que ayer apareció en Youtube es el de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México.
La difusión de esas imágenes que recorren el aparador de la Casa Bijan ha generado el más grave y reciente escándalo en torno a la figura del gobernador consentido por las televisoras.
A tal grado es el escándalo, que la oficina de Comunicación Social del Estado de México emitió un boletín para negar que Peña Nieto fuera “cliente frecuente” de la Casa Bijan, un sitio donde unos calcetines pueden costar hasta 500 dólares, un traje más de 50 mil dólares y una corbata tiene un precio superior a los 3 mil dólares.
La oficina de prensa del gobierno mexiquense divulgó también una carta de la tienda Casa Bijan donde ellos niegan que Peña Nieto fuera “uno de nuestros clientes frecuentes” y explicó que su nombre apareció en uno de los relojes de los aparadores de la tienda “por una decisión personal del dueño de la tienda”.
El portal Terra entrevistó a uno de los acomodadores de vehículos, en la misma calle de Beverly Hills donde está Casa Bijan y el hombre, de origen mexicano, afirmó:
“Claro que el ‘presidenciable’ viene por aquí. Yo lo he visto en uno de los negocios que visita que es Cartier. ¿Quién no lo reconoce?”
Menos conocidos físicamente porque no aparecen en la pantalla televisiva todos los días, otros millonarios del Estado de México, que figuran en la vitrina de la Casa Bijan son Carlos Peralta y Carlos Hank Rhon, hermano del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, actualmente procesado por la Procuraduría General de la República.
Antes de que detonara el escándalo, el reloj con el nombre de Enrique Peña Nieto y la bandera mexicana aparecía junto a los de la farándula política de Estados Unidos como Arnold Schwarzenegger o Tom Cruise. Por supuesto, también junto a príncipes y aristócratas del viejo continente que consideran una deferencia que el establecimiento reconozca que ha gastado más de 2 millones de dólares en prendas.
Despellejan a dos hombres en Guerrero
Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, Gro., 10 de junio (apro).- Dos hombres fueron desollados y sus restos colocados frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), al sur de esta capital.
Junto a los restos humanos fue colocado un narcomensaje donde le exigen al titular de la dependencia, Alberto López Rosas, que deje de apoyar a policías ministeriales que presuntamente están vinculados con La Familia Michoacana.
Previamente fue subido un video a Youtube titulado "se los va a cargar el payaso jajaja", donde aparece un hombre sentado, visiblemente golpeado, con el torso descubierto, las manos atadas hacia atrás y un pedazo de cinta canela enredado en la frente.
La víctima, quien se asume como exmiembro de la Policía Ministerial (PM), leyó un mensaje en el que acusa:
“Señor procurador mi nombre es Priscilano Méndez Aguilar, nueve meses estuve trabajando para la Policía Ministerial, de los cuales cuatro estuve en la guardia, cinco meses me mandaron con el comandante Humberto, el cual me dijo que me iba a contratar para que yo formara parte de la Familia Michoacana, me iba a pagar un poquito más y que de ahí nos íbamos a ir a la ciudad de Iguala, que él solo me iba a decir las órdenes para que las llevara a cabo, que él tenía muchos conocidos, incluso un director de Seguridad Pública que se llama Abraham Alemán García, el cual está vinculado con la Familia Michoacana”.
Agrega: “este mensaje va dirigido, señor procurador, licenciado, Alberto Rojas López, le pido por favor que no apoye más al señor Humberto Velásquez Delgado, alias El Guacho, usted sabe que anda con la Familia Michoacana”.
Y concluye: “Saúl Cota, Vicente Salvador González, Arturo Ocampo Blas, Abraham Alemán García, director de Seguridad Pública, tienen 24 horas pa’que se den de baja o no sigan apoyando a la Familia Michoacana o les va a pasar lo mismo que a mí”.
Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) había reportado el hallazgo de dos hombres degollados y sin la piel del rostro que fueron tirados sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en las inmediaciones del municipio de Tepecoacuilco y que extraoficialmente se informó que pertenecen a los restos humanos que dejaron por la noche en esta capital.
Fuentes oficiales señalaron que este hecho está relacionado con la disputa de la estratégica plaza de Iguala entre los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva que operan en esta capital y una célula al servicio de La Familia que tiene el control de gran parte de la región de Tierra Caliente, Zona Norte e Iguala.
Desde hace seis años han sido constantes los señalamientos en contra del comandante Humberto Velázquez Delgado "El Guacho", sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero fueron más evidentes luego de que resultó ileso de un ataque perpetrado por un comando sobre el tramo carretero Chilpancingo-Zumpango, donde murieron cuatro de sus escoltas.
Posteriormente, los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva que operan en Chilpancingo se adjudicaron esta agresión y acusaron a Velázquez Delgado de "traidor" y reiteraron sus amenazas de muerte.
Las mismas fuentes señalan que Abraham Alemán García, quién es señalado en el video difundido ayer como "director de Seguridad Pública", es el titular de esta área en el municipio de Iguala y también ha sido acusado, en otra ocasiones, de haber traicionado al reducto de los Beltrán Leyva que opera en esta capital.
Aparte, en el municipio de Tlacoapa fueron asesinados en su domicilio: Apolinar Cristino Mejía, Eusebio Cristino Mejía, Narciso Olguín Cristino y Esther Cristino Mejía.
Dos mujeres fueron heridas por este ataque, perpetrado por un comando.
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