El salvajismo del cartel mexicano

El salvajismo del cartel mexicano de La Familia michoacana alarma a Estados Unidos

Las informaciones alertan de una 'narcoadministración' en Michoacán

JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid -

Una brutalidad inusitada y el fanatismo del cartel mexicano denominado La Familia, cuyo bastión es el Estado de Michoacán, atrajeron la atención de la Embajada de Estados Unidos, asombrada por la vesania de una banda que asesinó a 10 policías entrenados por Estados Unidos, según revela un cable , e inculca en sus sicarios un celo limítrofe con el mesianismo.

Según EE UU, "un fervor casi religioso, cercano al culto", inspira al cartel

Los cables aluden al arraigado fenómeno de la corrupción

Ese cartel no solo mata a la policía y se lucra con el narcotráfico, sino que también se ha adentrado en el blanqueo de capitales, la extorsión, el secuestro y la corrupción de funcionarios. "Un fervor casi religioso, cercano al culto, inspira a La Familia, algunos de cuyos integrantes se refieren al mercado de la marihuana y la cocaína como 'regalos del cielo", dice un informe de la representación diplomática de Estados Unidos, país que comparte con México más de 3.000 kilómetros de frontera y la lacra del narcotráfico. Miles de soldados y agentes de los cuerpos de seguridad la combaten a ambos lados de la línea divisoria.

"La Familia continuó sus ataques a la Policía Federal, y después de una serie de incursiones, intensificó su ofensiva con la captura, tortura y asesinato de 12 policías federales fuera de servicio. La Familia irrumpió en la casa alquilada por los policías, y los trasladó a otro lugar, donde fueron torturados y ejecutados", señala un cable , que alude al arraigado fenómeno de la corrupción en México: Julio Godoy, hermanastro del gobernador de Michoacán, parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, se dio a la fuga cuando era buscado como sospechoso de proteger las operaciones de La Familia en el sureste estatal. "Los asesinos [de los policías] dejaron una nota burlona cerca de los cadáveres que decía: 'Venid a por nosotros otra vez. Os estaremos esperando". Diez de los policías habían sido miembros de la Unidad de Investigación Especial (SIU, por su siglas en inglés) y asistido a varios cursos de entrenamiento impartidos por Estados Unidos.

La Embajada estadounidense comunica a Washington que La Familia Michoacana, tal como se la conoce en México, ataca con tácticas guerrilleras, aprovechando el agreste territorio de Michoacán y tiene puntos de distribución de droga en México y Estados Unidos. "Permite a sus miembros consumir marihuana y cocaína, les advierte contra la adicción, y les prohíbe consumir metanfetaminas. Se dice que la banda ha establecido sus propios centros de rehabilitación para los miembros que se han hecho adictos. Por otra parte, las drogas sintéticas se distribuyen solo en el mercado gringo para envenenar a la sociedad norteamericana", según el despacho diplomático, alarmado por "la impresionante habilidad del cartel en la ejecución y coordinación [de sus acciones], además de su gran depravación". Un total de 42 de los 62 laboratorios de metanfetaminas descubiertos en México, en el año 2009, lo fueron en el Estado de Michoacán.

La representación diplomática, que sigue puntualmente todos los asuntos relacionados con el narcotráfico mexicano, considera que el elevado número de laboratorios desmantelados demuestra la importancia de La Familia en el mercado de las metanfetaminas, y explica también la movilización del presidente, Felipe Calderón, contra la banda, ya que Michoacán es su Estado natal. Más de 7.000 soldados y policías participaron en algunas de las batidas. "El culto de los miembros a los principios de La Familia contribuye a su virulento odio contra los que no pertenecen al grupo", agrega la Embajada .

Las informaciones remitidas al Departamento de Estado estadounidense parecen coincidir con un ensayo del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra estadounidense, escrito por el experto en asuntos mexicanos George Grayson. La Familia, según ese autor, ha establecido en Michoacán una especie de "gobierno alterno". Paralelamente al Gobierno electo, "hay una narcoadministración que genera empleos (con el cultivo de drogas), mantiene el orden (con la represión de los carteles rivales), realiza funciones cívicas (la reconstrucción de iglesias), cobra impuestos (extorsiona a empresarios) y vigila a los recién llegados". Sus sicarios administran la "justicia divina" a violadores, ladrones y corruptores de jóvenes y algunas de sus proclamas se alzan "contra la delincuencia desenfrenada" de Morelia y en defensa de "los valores universales", en un intento de ganar simpatía popular. Los cables suman asimismo la relación de funcionarios detenidos por colaborar con el cartel a cambio de dinero.

La Fiscalía General mexicana informó a la Embajada de que Los Zetas guerrean contra La Familia para recuperar territorio después de "la alianza de conveniencia de la Familia con el cartel del Pacífico y otras organizaciones narcotraficantes, como las lideradas por Nacho Coronel [uno de los cuatro capos del cartel de Sinaloa, abatido a tiros por el Ejército en julio del 2010] y Nava Valencia [jefe del cartel del Milenio, extraditado a Estados Unidos en enero pasado]".

Ese matrimonio de conveniencia reforzó su "solvencia" como cartel y colocó a La Familia al frente del mercado de las metanfetaminas. "La escalada de violencia de La Familia, con la ejecución de 12 policías bien entrenados, ha asestado un duro golpe a las operaciones oficiales contra ese cartel. Tenemos pocas razones para pensar que hemos visto el final de la violencia entre los cuerpos de seguridad y La Familia de Michoacán".

Hallados 21 cadáveres con signos de tortura

Hallados 21 cadáveres con signos de tortura repartidos por las calles de Morelia

Las autoridades mexicanas no disponen de un listado con los nombres de los caídos en la guerra contra el crimen organizado

PABLO ORDAZ | México

Lo más terrible no es que, en el transcurso de una hora, 21 cadáveres con signos de tortura fueran repartidos por la ciudad de Morelia, la capital del Estado de Michoacán. Ni que, a plena luz del día, dos hombres fueran ahorcados en un puente de Monterrey, la capital de Nuevo León. Ni siquiera que varios sicarios se bajaran de una camioneta en la ciudad de Torreón, en el norteño Estado de Coahuila, y fusilaran a 13 muchachos de un centro de rehabilitación de toxicómanos. Lo más terrible es que, si siguiéramos con la nómina de asesinatos hasta el centenar que se cometieron el miércoles o los 40.000 contabilizados desde 2007, apenas hallaríamos culpables. Y no solo porque el 98,5% de los delitos que se registran en México quedan impunes, sino porque, como en el caso de la masacre de Morelia, las autoridades no saben quién se esconde bajo las iniciales "T. A." con las que los sicarios tuvieron la desfachatez de firmar su fechoría.

La debilidad de las autoridades es tal en lugares como Morelia, la ciudad natal del presidente Felipe Calderón, que los criminales pretenden ganarse el favor de los ciudadanos atribuyéndose sus funciones. Vendiendo seguridad para los negocios legales o ilegales -gasolineras, tiendas de comestibles, prostíbulos, piratería, venta de drogas-, y también impartiendo supuesta justicia. Justicia rápida. Justicia sin juicios. Junto a cada uno de los 21 cadáveres -todos hombres, con un tiro de gracia y huellas de tortura- esparcidos por los cinco puntos de acceso a la ciudad, los criminales dejaron unos mensajes escritos en cartulinas: "Porque la sociedad lo exige, aquí están los rateros de casas habitación, asaltantes o violadores, y aún faltan más". Firmado: "T. A.". ¿Quiénes están detrás de esas siglas? ¿Son verdaderamente ladrones y violadores los ajusticiados? Habrá que esperar las respuestas, pero no es seguro que lleguen.

Y no es seguro porque, de las 40.000 víctimas caídas en la guerra continua y callejera que vive México desde 2007, alrededor de 9.000 personas están aún sin identificar y de otras 5.000 se desconoce el paradero. De hecho, la nueva procuradora general de la República, Marisela Morales, acaba de proponer la creación de un registro de desaparecidos, después de que durante los últimos meses se hayan descubierto cientos de cadáveres en fosas clandestinas encontradas en el norte de México, pero también junto a zonas turísticas como Acapulco. A día de hoy, la guerra contra el crimen organizado que emprendió el presidente Calderón se caracteriza, además de por la falta de resultados, por su opacidad. No se sabe ni quién muere ni por qué. Sencillamente, no existe un listado de fallecidos. Ni de supuestos maleantes caídos en enfrentamientos con la Policía Federal o el Ejército, ni tampoco de servidores públicos. Cuando un agente de la autoridad es asesinado, la sospecha cae sobre él como una segunda losa. Su familia jamás sabe si lo mataron por defender la Ley o por lo contrario. De hecho, llama la atención que el presidente Calderón jamás haya asistido al funeral de algún policía o de algún civil víctima del fuego cruzado.

"Fue una barbarie, no se recuerda un hecho similar en esta ciudad". Las declaraciones de Jesús Montejano, procurador de Justicia de Michoacán, dan idea de la conmoción que ha causado en Morelia el hallazgo de los 21 cadáveres. Y eso que la aquella bella ciudad -declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- sabe bien de días aciagos. La madrugada del 15 de septiembre de 2008, coincidiendo con la celebración del grito de la Independencia, unos desconocidos lanzaron varias granadas sobre la multitud matando a ocho personas. Y, durante años, sus vecinos han sufrido el azote de un peligroso grupo mafioso autodenominado La Familia Michoacana, una especie de secta que no solo atendía los negocios de los cárteles tradicionales, sino que también aspiraba -y a veces conseguía- a sustituir al Estado. Sus iluminados líderes -El Chango y El Chayo- hasta pretendían ocuparse de la espiritualidad de los michoacanos. Sucesivos golpes de la Policía Federal los obligaron a hibernar. El hallazgo, ahora, de esas misteriosas "T.A." junto a los 21 cuerpos viene a resucitar los peores fantasmas.

La Haya acusa a Gadafi de ordenar violaciones

La Haya acusa a Gadafi de ordenar violaciones

El fiscal de la Corte Penal Internacional asegura tener pruebas de que soldados libios recibieron medicinas similares al Viagra para fomentar crímenes sexuales

ISABEL FERRER | La Haya

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga un nuevo aspecto de la represión organizada por Muamar el Gadafi contra las revueltas populares: ordenar la violación de mujeres. Las acusaciones de violaciones en masa perpetradas en Libia no son nuevas. Pero según Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte, "disponemos de información indicando que Gadafi mismo las autorizó para castigar a la población". Según explicó ayer el jurista ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el líder libio habría provisto a sus tropas de medicinas para potenciar las agresiones sexuales. "Varios aspectos de nuestras pesquisas confirman la compra de sustancias tipo Viagra, que aumentarían la posibilidad de una violación", dijo.

Hasta la fecha, la CPI había intentado averiguar si el mandatario libio conocía los asaltos, "o bien estos se habían producido en los barracones militares". De poder atribuirle a Gadafi la autoría de las órdenes dadas, Ocampo le acusaría de violación masiva como arma de guerra. En mayo, ya pidió a los jueces su arresto por crímenes contra la humanidad. Saif el Islam, hijo del dictador libio, "que actúa como si fuera primer ministro", según el fiscal, figura también en la orden de detención. Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, completa la lista de los máximos responsables de la represión.

El pasado abril, Susan Rice, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, no logró convencer a la comunidad internacional de que el líder libio "impulsaba a sus tropas a cometer crímenes sexuales con ayuda de Viagra". La diplomática carecía entonces de pruebas concluyentes, y la denuncia quedó desdibujada. En marzo, la cadena árabe de noticias Al Yazira recogió el testimonio de varios médicos libios que dijeron haber encontrado pastillas de Viagra en los bolsillos de soldados afines al régimen del dictador. Ese mismo mes, Eman al-Obeidi, una mujer libia, irrumpió en el hotel Rixos de Trípoli, la capital, denunciando su violación por soldados de Gadafi. Licenciada en Derecho, la joven, de 29 años, denunció el asalto ante la prensa internacional. Detenida por las fuerzas de seguridad gubernamentales, huyó del país tras ser puesta en libertad. El 5 de junio, obtuvo asilo político en Estados Unidos. "En Libia no se había usado antes la violación para controlar a la población civil", señaló ayer Moreno Ocampo. El fiscal no pudo dar cifras concretas sobre las víctimas, pero sí apuntó "varios centenares en algunas zonas".

Hasta la II Guerra Mundial, la violación se consideraba "una realidad inevitable en tiempo de conflicto armado". La Convención de Ginebra de 1949 (conjunto de normas internacionales para "humanizar las guerras") aboga por la protección de la mujer ante las violaciones. Sin embargo, no incluyó la agresión sexual entre las infracciones graves a perseguir por parte de los Estados. Desde el genocidio de Ruanda, con el intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno, de etnia hutu, la situación es distinta. Según datos de la ONU, al menos 500.000 mujeres ruandesas fueron violadas con intención genocida. Es decir, se intentó exterminar su comunidad.

El Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y la Corte Penal Internacional, han sentado a su vez precedentes legales. El estatuto del TPIY, que juzga a los criminales de la guerra de los Balcanes, considera la violación un crimen contra la humanidad. En función de las circunstancias, también puede ser crimen de guerra. Para la CPI, la violación y la esclavitud sexual, así como la prostitución, esterilización y embarazos forzados, son crímenes contra la humanidad cuando se cometen de forma sistemática.

Mientras el fiscal Moreno Ocampo informaba en Nueva York a la ONU, el diplomático libio Mustafa Shaban aseguró que el Gobierno de Gadafi, "está siendo agredido a gran escala". Shaban habló ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra (Suiza). Sobre la mesa, aparecía un informe sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos -cometidas por las autoridades y los insurgentes- en Libia. En su intervención, el emisario de Gadafi señaló a "la oposición, mercenarios extranjeros y medios de comunicación" como responsables de los abusos.

Más de mil sirios cruzan a Turquía en 24 horas

Más de mil sirios cruzan a Turquía en 24 horas

El despliegue del Ejército sirio en la ciudad norteña de Jsir al Shughour provoca el desplazamiento de sus habitantes

ENRIC GONZÁLEZ | Jerusalén

Consulta nuestro especial de la revuelta en Siria

Miles de refugiados sirios siguen cruzando la frontera de Turquía. El Gobierno de Ankara ha contabilizado algo más de 2.400 acogidos en un campamento de la Media Luna Roja, pero muchos otros se han instalado directamente en casas de familiares: la provincia turca de Hatay ha sido desgajada de Siria en 1938 y numerosas familias han quedado divididas.

El régimen de Bachar el Asad, habituado a negar la evidencia, ha afirmado que nadie estaba huyendo del país y que en la frontera solo se registraban "los habituales encuentros entre familiares y amigos de uno y otro lado". El diario oficialista El Watan ha publicado, por su parte, que algunos ciudadanos estaban abandonando sus casas para permitir que el Ejército se enfrentara con mayor comodidad a los "grupos armados" que intentaban "imponer el terror".

Ni el Gobierno ni la prensa de Siria hicieron referencia a los abundantes indicios que apuntaban a que determinadas unidades militares habían desertado y a que los combates en la región noroccidental enfrentaban a soldados contra soldados, con una participación marginal de civiles armados. Según grupos de derechos humanos y vecinos contactados por teléfono, ciudades como Homs y Hama permanecían ocupadas por el Ejército y los muertos superaban los 1.300, con más de 10.000 detenidos. Resultaba imposible verificar la auténtica situación dentro de Siria, dada la prohibición de entrada a los periodistas extranjeros y la censura sobre los medios locales.

Las autoridades turcas vallaron el campamento de refugiados cerca de la localidad de Guvecci y prohibieron el paso a los periodistas, pero algunos de los recién llegados informaron de que Jisr al-Shughur, la ciudad rodeada por las tropas del general Maher el Asad tras los intensos combates del fin de semana, estaba casi desierta y que una gran cantidad de personas huídas por temor al asalto militar permanecían cerca de la frontera sin atreverse a cruzarla, por temor a no poder regresar nunca a Siria.

El propio primer ministro turco, el islamista moderado Tayyib Recep Erdogan, declaró que incluso en ciudades poco afectadas por la revuelta, como Alepo, circulaban tanques. "Parecen haber perdido el control", dijo, refiriéndose al Gobierno de Damasco. Erdogan insistió en que aún mantenía buenas relaciones con el presidente Bachar el Asad, pero admitió recibir de él "informaciones que no parecen ajustarse a la realidad".

Las críticas internacionales a Bachar el Asad se intensificaron tras la presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU de un borrador de resolución de condena, que sin embargo tenía pocas posibilidades de llegar a aprobarse por la oposición de Rusia y China, aliados tradicionales del régimen sirio. El Papa Benedicto XVI instó a El Asad a respetar "la dignidad de las personas". Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acusó a El Asad de "someter a la población a garrotazos".