Los políticos morosos están blindados por ley
Una sentencia impone multas a un alcalde por no pagar a un proveedor. Pero éstas son mínimas y los políticos tienen vías para seguir impagando.
España cuenta con morosos de distinto calibre. Si un hipotecado deja de pagar sus cuotas lo habitual es que en el plazo de unos meses el banco o caja ejecute el préstamo y embargue la vivienda, adjudicándosela por el 50% de su valor de tasación, al tiempo que el particular tendrá que seguir haciendo frente, con sus bienes presentes y futuros, a la deuda insatisfecha (en caso de que el nuevo valor del bien embargado no cubra el crédito vivo).
Por su parte, las empresas con graves problemas financieros suelen entrar en concurso de acreedores, un farragoso y largo proceso del que no suelen salir vivas una vez satisfechas, en la medida de lo posible, las deudas contraídas mediante la liquidación de sus activos. De hecho, cuando una sociedad entra en concurso, el empresario no está exento de responder con su patrimonio personal al pago de deudas en caso de ser declarado culpable por no seguir una serie de pautas regladas durante su gestión.
Sin embargo, las administraciones públicas cuentan con ciertos privilegios, también en este ámbito. El cambio de poder político acontecido tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo, en el que el PP se hizo con el poder en numerosas CCAA y ayuntamientos, ha sido interpretado por los proveedores como una gran oportunidad para empezar a reclamar públicamente las decenas de miles de millones de euros que les adeudan estos organismos desde hace meses, sino años, y que hasta ahora no se atrevían a denunciar con tanta intensidad por temor a posibles represalias extra por parte de los responsables municipales y regionales -como, por ejemplo, quedar fuera de los concursos públicos-.
Pese a ello, desde el inicio de la crisis, son muchas las empresas que han acudido a los tribunales en busca de justicia para exigir el abono de facturas impagadas por parte de los ayuntamientos. En este sentido, un auto pionero emitido el pasado año recabó una gran atención al cargar directamente contra el patrimonio de un alcalde por negarse a pagar la deuda contraída con un proveedor.
El Ayuntamiento sevillano de Castilleja de Guzmán resultó condenado por sentencia firme al abono de casi medio millón de euros a una empresa acreedora que había construido la casa consistorial. Pero el Ayuntamiento seguía sin abonar la factura, ya que en los presupuestos de años posteriores suscribió préstamos a largo plazo sin destinar ni un euro al abono de dicha deuda. Es decir, el ayuntamiento no ejecutó la sentencia.
Ante tal situación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en un auto de julio de 2010 que el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), tendría que pagar las deudas contraídas con la empresa Aroa S. L. en un plazo máximo de 30 días.
En caso contrario, el alcalde y el secretario del municipio estarían obligados a responder con multas coercitivas sobre sus propios bienes personales. Ello abría una vía de escape esperanzadora para muchos proveedores. Desde entonces, numerosas empresas y autónomos han denunciado por impago a algunos ayuntamientos con el objetivo de poder cobrar.
Tras el varapalo del TSJA, el primer edil de Castilleja de Guzmán, que llegó a plantear al empresario que le pagaría en 10 años y con solares del municipio, no se dio por vencido y logró paralizar temporalmente la ejecución de la sentencia con un recurso. Sin embargo, el TSJA resolvió desestimarlo en su totalidad a finales del pasado mayo. De este modo, ratificó que el ayuntamiento tendrá que pagar la factura en un plazo de un mes, bajo la amenaza de multas a los patrimonios personales del alcalde y el secretario por cada plazo de demora en el pago.
El auto ha vuelto recabar la atención de los medios. Sin embargo, aunque a primera vista pueda interpretarse como un duro varapalo a los municipios morosos, en realidad, el alcance de esta resolución es muy limitado. Y es que, si bien el alcalde tendrá que pagar de su propio bolsillo una multa en caso de que el municipio no salde la deuda, ésta es mínima y, además, en ningún caso irá destinada a la empresa deudora.
El auto original establece lo siguiente:
Requerir al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para que, en el plazo de un mes, proceda a la ejecución plena de la sentencia dictada en el actual recurso Contencioso-Administrativo, y así mismo requerir al Sr. Secretario del citado Ayuntamiento para que practique la notificación y dación de cuenta antes mencionadas, con advertencia expresa de la imposición de multas coercitivas en sus respectivos patrimonios personales caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas, según se especifica en los Fundamentos precedentes.
¿Y qué establecen los fundamentos precedentes?
El incumplimiento de las respectivas obligaciones estipuladas [...] dará lugar a la imposición de multas coercitivas, art. 112 LJCA. Estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del Sr. Alcalde y del Sr. Secretario General. Las multas coercitivas se impondrán con periodicidad semanal hasta la completa ejecución. El incumplimiento del pago de las multas que se impongan dará lugar al embargo inmediato de la cantidad respectiva. Y, además, a la deducción de Testimonio de Particulares.
La clave radica en el citado artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), el cual se limita a imponer multas en caso de que se incumpla la ejecución de una sentencia por parte del ente administrativo.
Artículo 112.
Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el Juez o Tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala podrán:
a. Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala [...] A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48.
¿Y qué dice el artículo 148?
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.
Es decir, en la práctica, si el ayuntamiento no paga el alcalde tendrá que depositar en el Juzgado una multa mínima de 150 euros de forma periódica hasta que se ejecute la sentencia. "De estas multas sí responden las autoridades con su propio patrimonio porque estarían incumpliendo bajo su propia responsabilidad la orden de ejecución. Es más, se les puede imputar incluso un delito de desobediencia", según los expertos jurídicos consultados por Libre Mercado.
Sin embargo, "lo normal en estos casos es que tan sólo se abone el pago de la primera multa para evitar la ejecución ya que, dado el colapso que sufre la mayoría de juzgados, resulta muy complicado comprobar el cumplimiento periódico de dicha sanción. Además, esta cuantía en ningún caso va a parar al deudor sino que se queda en Juzgado".
Es decir, "en ningún caso significa que el alcalde responda con su patrimonio de la deuda principal. Responde por no ejecutar la sentencia, que no es lo mismo", y ello mediante una multa mínima, cuyo pago periódico no suele cumplirse. Multa que, al fin y al cabo, en todo caso sería sufragada por el contribuyente, puesto que el sueldo de los alcaldes procede de la recaudación de impuestos.
La Ley de Morosidad se incumple
Por otro lado, el Gobierno trató de poner coto a la alarmante morosidad pública (y también privada) el pasado año. Para ello, aprobó la nueva Ley de Morosidad, que establecía plazos máximos de 60 días para que la empresa pague a sus proveedores, y de 30 días en el caso de las administraciones públicas aunque, eso sí, tan sólo a partir de 2013. La norma establece un período transitorio con un plazo máximo de 85 días en 2010 y 2011 -55 días para los entes públicos- y de 75 en 2012. Pero de nada ha servido, al menos hasta el momento, a la vista de las denuncias presentadas.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denunció que más del 90% de las administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad, por la cual deben pagar en un periodo máximo de 55 días a sus proveedores. Este retraso en los pagos afecta, junto con la morosidad privada, a un 64% de los autónomos y podría hacer que 100.000 de ellos cesaran su actividad en 2011.
"De los 34.000 millones que deben las administraciones públicas, un 35% corresponde a autónomos y empresas, es decir, cerca de 12.000 millones. Por ello, pedimos a estos estamentos que contraten sólo aquellos servicios que pueden pagar", según el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
El tiempo medio de pago tanto del sector público como del privado en España se fija en 103 días, una cifra sólo superada en Europa por Grecia (125 días) y que está muy por encima de la media europea (62 días). Por sectores, las administraciones públicas son quienes más tardan en pagar a empresas y autónomos, con un retraso medio de 158 días frente a los 67 de Europa. Mientras, el periodo medio de pago del sector privado se sitúa en 101 días, cuando en Europa la cifra es de 57 días.
De hecho, el presidente de la Confederación Española de Pymes (Cepyme), Jesús Terciado, denunció esta misma semana que algunas administraciones locales y autonómicas están pagando con retrasos que alcanzan los 500 días, y que especialmente los proveedores del sector sanitario están en "serias dificultades" como consecuencia de esta morosidad.
Según esta organización, los impagos de las administraciones son responsables de la desaparición de la mitad de las 450.000 compañías cerradas desde 2008 (unas 225.000 en apenas tres años).
Autónomos y empresarios presionan para que el Gobierno ponga en marcha la Línea ICO Morosidad que contempla la Ley con el fin de que los ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con sus proveedores. Sin embargo, tal y como señaló Terciado, "eso implicaría más déficit y el Estado no quiere. Fue una línea roja que marcó el Ministerio de Economía con claridad".
Los sicarios nos comen
CRÓNICA NEGRA
Los sicarios nos comen
Por Francisco Pérez Abellán
 | El ministro del Interior ya tiene pensado el sustituto: es uno de sus muchachos que juegan el juego más peligroso del terrorismo. Alguien de confianza con el que ha visto cine gore, tipo Tu madre se ha comido a mi perro. |
Está bien que ya tenga sustituto, porque todo el mundo se ha percatado de que ni siquiera Rubalcaba puede ocupar tantos sillones. Un solo trasero para tres asientos.
Lo de ser vicepresidente y lo de ser candidato lo puede hacer con la calva, sin despeinarse. Nadie sabe bien cuáles son sus obligaciones, y por tanto nadie le reclama nada. Por otro lado, no viene mal un ministro de Interior del norte, acostumbrado a enfrentarse a las exigencias de la banda armada.
No es lo mismo un ministerio de diseño como el de Igualdad que el de Interior, donde la gente te pide que quites a los pesados del 15-M de la Puerta del Sol, que compres municiones para la madera, que proveas de gasóleo a los vehículos de los picoletos, que mandes agentes a patrullar, que detengas a los mafiosos, que acabes con la violencia de género, que recuperes a los desaparecidos. En fin, que trabajes.
En cuanto ponga al sustituto, ya podrá echarse a dormir: lo demás puede llevarlo como quiera, nadie le va a meter prisa en sus misiones de candidato y vicepresi. Son destinos reposados, vacíos de contenido, donde basta con una frase ingeniosa de deslenguado rapaz para cubrir el expediente.
Lo más urgente, sí, es lo del ministro de la policía, para que los sicarios no campen a sus anchas.
Ronco y Pollo eran dos de esos sicarios que Rubalcaba niega que existan, pero que fueron capturados en agosto del año pasado. Con acusaciones por cientos de trabajitos. Colombianos de buena cepa, con un idioma depurado y una forma de cumplir con el objetivo que apabulla, Ronco y Pollo eran temibles y eficaces y formaban parte de nuestra economía sumergida.
En la primera semana de este mes de junio cayó otro presuntos sicarios, Pipi. Pero, vamos, que de eso no hay en España. Pero... vamos a ver, Alfredo, ¿no sabes que ahora vienen los inmigrantes a hacer aquí los trabajos que los españoles no quieren? ¡Pues el de matar es un trabajo pringoso que se les deja a ellos! Por menos que cuesta un kilo de merluza te agujerean a un competidor.
Pipi está en la lista de los 24 más buscados de Colombia. Por su cráneo rapado se ofrecen cinco millones de pesos, dos mil euros de vellón. Un fortunón para los tiempos que corren.
Este profesional supuestamente perseguido en Colombia, Carlos Alberto Alarcón Quintero, Pipi, de 38 años, fue capturado en la Piel de Toro. Se le considera el capo de una organización de sicarios y narcos de Santiago de Cali llamada Los Candelos. Presuntamente se ofrecía para encargos fuera de casa, con disposición plena, dispuesto a viajar por cuenta del contratante.
Llevaba en la huida varios años. Huyó de Colombia en 2006, imputado por una decena de asesinatos. La policía le seguía los pasos. Ahora investiga si continuó aquí su vida de sicario.
En octubre se supo que estaba en España. El Grupo II de la Brigada Central del Crimen Organizado de la Policía Nacional lo capturó en Valencia y lo puso a disposición de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir sobre la extradición. Pipi no quiere ni oír hablar de volver a Colombia. Vivía tranquilamente en Valencia, para lo que se ayudaba con pequeños trapicheos.
Parecía imposible, pero los sicarios, sin solución de continuidad, se infiltran en el tejido social como si fueran topos.
¿Para qué sirve la negociación colectiva?
¿Para qué sirve la negociación colectiva?
Juan Ramón Rallo
Si bien se justifica la negociación colectiva para nivelar la posición de trabajadores y empresarios, son los propios convenios los que, al masificar el paro, colocan a los trabajadores en una absoluta inferioridad.
La negociación colectiva es un modo de organizar las relaciones laborales en una industria, sector o territorio concreto. Su funcionamiento consiste en que las negociaciones individuales entre trabajador y empresario son sustituidas por una negociación vis-à-vis entre quienes ostentan –o detentan– la representación de unos y otros.
A priori parecería que ninguno de ambos sistemas es mejor que el otro, pues lo que importan son los resultados y no tanto los procedimientos a seguir. El problema, claro, es precisamente que en sistemas de información y organización tan complejos como una economía de mercado, el resultado deviene indisociable del procedimiento. Al cabo, la gran ventaja del mercado, de las negociaciones descentralizadas entre propietarios, es que permiten manejar un volumen de información tan enorme que ningún individuo o grupo sería capaz de adquirirla, procesarla o entenderla en su totalidad.
El error de la negociación colectiva consiste en meter a todas las empresas de un sector o territorio en el mismo saco, como si fueran idénticas o pudieran llegar a serlo. Si Zara no es igual a cualquier camisería de barrio, no parece demasiado lógico que la base de la organización laboral de ambas firmas sea la misma, tal como pretende el convenio. Así, cuanto más se aleje el ámbito de negociación de las normas laborales del ámbito de aplicación de esas normas, mayor cantidad de ruido, errores e inadecuaciones tenderán a introducirse en los contratos laborales. Por eso, el resultado habitual de una ronda de negociaciones colectivas serán condiciones contractuales que, lejos de adaptarse al contexto particular de cada compañía, se ceñirán a las preferencias o a la ideología de los negociantes. Que esto constituye un error es de puro sentido común: si lo que buscamos son los planos de las estructuras de un edificio, no recurriremos a un mapamundi. Y si queremos unos contratos laborales que se ajusten como guantes a la situación de cada empresa, no habría que recurrir a convenios colectivos territoriales o sectoriales.
Claro que uno podría elucubrar que lo conveniente es que la negociación colectiva sirva para igualar a todos los trabajadores por arriba. A saber, puede que Zara no sea lo mismo que una pequeña camisería, pero las condiciones laborales de Zara deberían extenderse a toda la competencia. De este modo, los convenios colectivos servirían para evitar discriminaciones entre trabajadores según la compañía en la que operen. Al cabo, ¿por qué si diversos obreros se dedican a lo mismo pero en distintas empresas han de estar sometidos a diferentes condiciones laborales?
Planteémoslo desde otra perspectiva. Imagine que los representantes de los compradores de inmuebles se reúnen con los representantes de los propietarios de inmuebles y ambos firman un convenio colectivo dirigido a regular las condiciones de la compraventa de viviendas. Si los propietarios logran imponer una cláusula que establezca, por ejemplo, que el precio mínimo de los inmuebles, sea cual sea su superficie, localización o calidad, será de 150.000 euros, ¿qué cree que sucederá? Pues que muchos pisos que podrían haberse enajenado por menos de 150.000 euros ahora quedarán fuera del mercado.
La cosa sólo cambiará levemente en caso de que el convenio trate de segmentar territorial o funcionalmente el tipo de operaciones de compraventa. Si, por ejemplo, el convenio anterior deja de ser aplicable a toda España y se limita a la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado es de media más oneroso, parece claro que resultará menos restrictivo y que generará menos distorsiones, pero, aun así, seguirá habiendo pisos por debajo de 150.000 –presentes en mayor o menor medida en todos los barrios de la capital– que no encontrarán comprador.
Asimismo, que se creen dos categorías de inmuebles residenciales –vivienda familiar y vivienda de lujo, verbigracia– con distintos precios mínimos de compraventa –75.000 y 500.000 euros– tampoco solventará el problema, pues o bien los precios mínimos serán demasiado bajos como para limitar los libres pactos entre compradores y vendedores (y por tanto serán irrelevantes para beneficiar a los propietarios de viviendas) o bien, si resultan demasiado altos, seguirán restringiendo el número de operaciones posibles. Además, el hecho de que existan varias categorías no garantiza necesariamente una mayor flexibilidad contractual, pues perfectamente los "inspectores inmobiliarios" podrían etiquetar a una vivienda normalita como "de lujo", impidiendo en consecuencia que su propietario la venda por menos de 500.000 euros.
El despropósito anterior puede empeorar todavía más si esos convenios de compraventa de viviendas se prorrogan automáticamente en ausencia de una nueva ronda de negociaciones colectivas (lo que se conoce como ultraactividad de los convenios). Imaginen que los precios mínimos de compraventa de viviendas se pactaron en el momento más elevado de una burbuja inmobiliaria y que, al cabo de tres años, la sequedad del crédito y la competencia de un alquiler mucho más asequible fuerzan caídas de precios del 50% en los pisos. Obviamente, perpetuar durante la crisis unos precios mínimos de compraventa que ya eran demasiado elevados para la época de burbuja sólo provocará un desplome brutal de las operaciones, dejando un colosal stock de viviendas invendido.
Y quede claro que los precios mínimos son sólo una de las muchas cláusulas que integran un convenio. Existe un amplio rango de intervenciones posibles sobre la contratación: cláusulas que prohíban darle un uso comercial a un inmueble, que restrinjan el número de horas al día que puede ser habitado, que establezcan la necesidad de que toda vivienda cuente con una zona libre de humos, etc. Todas éstas, si bien no regularían directamente el precio de venta de los inmuebles, sí erosionarían su utilidad o rentabilidad, forzando a los potenciales inversores a exigir importantes descuentos en sus precios para que les resulte atractivo adquirirlos.
En definitiva, los convenios colectivos sobre cualquier bien económico tenderán a reducir su uso, volviéndolo artificialmente sobreabundante (desempleo). Pero en el caso específico del factor trabajo, los perjuicios no terminan ahí: dado que se trata de un recurso productivo, los convenios, al reducir su ocupación, también minorarán la producción de bienes de consumo y de capital, lo que los encarecerá y empobrecerá al resto de la población.
Los trabajadores sólo pueden escapar a esta dictadura de los convenios colectivos en caso de que éstos sólo regulen algunas industrias concretas. En ese supuesto, la destrucción de empleo y de producción se concentrará en esas áreas de la economía, que pasarán a operar por debajo de su potencial, mientras que los trabajadores desempleados podrán buscar ocupación en otras industrias no sometidas a convenio. Claro que, como resulta bastante probable que la productividad de esos trabajadores sea menor en esos otros sectores, aun así los convenios seguirían destruyendo parte de la riqueza que podría llegar a crearse sin ellos.
Por supuesto, cuando todos o casi todos los sectores de una economía estén sometidos a convenio –situación de España–, no habrá vía de escape posible y es muy probable que el desempleo generalizado haga acto de presencia, sobre todo si media una crisis económica que erosione la productividad de la mayor parte de los trabajadores.
He aquí lo irónico de la negociación colectiva: si bien ésta se justifica políticamente por la peregrina necesidad de nivelar el poder de negociación de trabajadores y empresarios, son los propios convenios los que, al masificar el paro, colocan a los trabajadores en una posición de absoluta inferioridad frente a los empresarios. La mejor baza negociadora del trabajador frente al empresario no es una pauperizadora negociación colectiva, sino la facilidad de rechazar un empleo cuyas condiciones no le agraden porque tenga la seguridad de que puede encontrar ocupación en otras partes de la economía.
Puede dirigir sus preguntas a contacto@juanramonrallo.com
Obama, el presidente de los cupones de comida
Obama, el presidente de los cupones de comida
El número de estadounidenses que recibe cupones de alimento bate récords. El Gobierno alimenta de forma directa a más del 14% de la población.
Unos 44 millones y medio de americanos recibieron cupones de comida del Gobierno en el último mes. El número de personas que recurren a esta ayuda lleva aumentando 30 meses de forma consecutiva. Con un gasto público mensual de 6.000 millones de dólares, el programa de asistencia bate récords históricos en paralelo al aumento del desempleo, pero una gran parte de estos recursos se utiliza de forma fraudulenta.
Durante los tres años que viví en Nueva York asistí muchas noches a la siguiente escena en un restaurante de Harlem del que era cliente habitual: un tipo entra en el local, vestido con una cazadora y unas zapatillas de marca, no menos de $100 cada prenda. Allí saluda a alguno de los clientes, saca un fajo de billetes verdes cuyo origen no se conoce pero se sospecha, y le da a su conocido uno o varios de ellos, en pago por un cierto servicio sobre el que tampoco conviene preguntar.
Después ese mismo tipo pide su comida para llevar y en el momento de pagar no saca el fajo verde, sino su tarjeta EBT. ¿Qué es la tarjeta EBT? La versión electrónica, siglo XXI, de los viejos cupones de comida. Nuestro acaudalado amigo es oficialmente una persona de bajos ingresos y, por tanto, el Gobierno le paga cientos de dólares al mes para que no pase hambre.
Terminada su "jornada laboral", este joven, que cada noche era uno distinto aunque todos eran hispanos o negros y vestían de igual manera, se marcha de allí con aspecto soñoliento, la barriga llena a costa del contribuyente y la conciencia aparentemente intacta, al amparo del "Estado del Bienestar" americano.
Estos casos se repiten más allá de Harlem, en todo el país. Algunos son especialmente llamativos, como el de Leroy Fick, un residente de Michigan que ganó dos millones de dólares en la lotería, pero sigue recibiendo estos cupones de forma legal, puesto que carece de ingresos fijos.
Muchas personas no utilizan los cupones para comer sino para comprar otros productos, con la complicidad de otros a los que prestan sus tarjetas EBT a cambio de efectivo, o de los propios comercios que se las aceptan para pagar cualquier cosa, en ambos casos con un descuento a favor del cómplice. De esta forma, los beneficiarios adquieren gratis productos no autorizados en este programa, como alcohol y tabaco. El Gobierno paga así los vicios de varios cientos de miles de americanos.
"El público no sabe hasta dónde llega este problema", aseguró a un medio local el director del departamento de Investigación de la Policía de Ohio, Brent Devery. "Con el aumento de cupones de comida estamos viendo un aumento en su uso fraudulento. Las tarjetas EBT se utilizan de forma inapropiada constantemente".
Se trata de un fraude de casi 400 millones de dólares anuales, según el Informe de Actividades Sospechosas del departamento del Tesoro (equivalente al Ministerio de Hacienda), aunque es lógico pensar que la cifra es mayor: sólo en Michigan el fraude asciende a 55 millones anuales, según el fiscal general de dicho estado.
En una investigación reciente en varios comercios de Florida la policía detectó un fraude de 3,5 millones. Son innumerables los casos de similar naturaleza y cuantía en todo el país. La magnitud del fraude es tal que ya hay empresas que se ofrecen para combatirlo, una tarea que el Gobierno es incapaz de asumir por falta de recursos.
Sin embargo, en los últimos años la picaresca en Estados Unidos se mezcla con la necesidad: el número de quienes utilizan los cupones de comida aumenta en paralelo al de desempleados. Y ambos se encuentran en niveles nunca vistos:
Unos 44,5 millones de estadounidenses recurrieron a estos cupones el último mes, según los datos del departamento de Agricultura, responsable del programa. Se trata de un récord histórico tanto en números absolutos como relativos: más del 14% de la población. Es decir, casi uno de cada siete americanos recibe comida pagada por el gobierno, en un país cuyo principal problema de salud es la obesidad.
Además, se trata del 30º mes consecutivo en el que aumentan estos datos. Desde octubre del 2007 se ha pasado de 27 millones de beneficiarios a los actuales 44,5.
En el último año se han sumado al programa más de 4 millones de personas, una subida del 11%. Este aumento ha afectado a 47 de los 50 estados, en algunos casos con incrementos superiores al 20%.
Con estos números y unos gráficos tan llamativos, los conservadores no han tardado en culpar a Barack Obama de la extensión de la pobreza. "Es el presidente de los cupones de comida", aseguró el ex congresista republicano Newt Gingrich, quien acaba de anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales del 2012. "Yo en cambio quiero ser el presidente de los sueldos".
Sin embargo, aunque las políticas de Obama no ayudan precisamente a mejorar la economía ni a sacar de la dependencia a los millones que viven del Estado, el problema se remonta a mucho antes, como se puede ver en el siguiente gráfico.
Fuente: familyinequality.wordpress.com
Como cualquier otro programa gubernamental, el de los cupones de comida ha ido a más con el tiempo. Su alcance es enormemente mayor ahora que cuando se puso en marcha, hace 40 años, a pesar de que entonces las familias vivían en condiciones mucho peores.
El problema en ese momento era que los niños no ingerían suficientes calorías, y ahora es que "están obesos", asegura Chris Edwards, director de estudios fiscales del Instituto Cato. "Además, la economía de EEUU ha crecido y la pobreza y el hambre se han reducido. Sin embargo, los programas de cupones de alimentos tienen más beneficiarios que nunca y su coste sigue en aumento".
"Los subsidios alimentarios y agrícolas tienen un fin político, pero ningún sentido económico: aumentan el coste de las materias primas y los alimentos, por ejemplo, la leche y los cereales. Esto perjudica a las familias de menores ingresos a las que supuestamente se quiere ayudar".
Además, la burocracia consume el 10% del presupuesto del programa de cupones alimentarios. "Estos costes son altos porque los funcionarios tienen que llevar al día la información de decenas de millones de beneficiarios, así como de las transacciones económicas de cientos de miles de establecimientos que aceptan los cupones", explica Edwards.
¿Cuál es la solución, entones? "Eliminar los subsidios y dejar que la competencia reduzca los precios para todas las familias. Los cupones de comida contribuyen a mantener a millones de personas dependientes del Gobierno y además crean diversas patologías sociales".
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