Slim y el 2012

Por lo menos en México, el hombre más rico habría sido sometido por las gemelas que soportan todo Estado democrático que se respete...

Ricardo Alemán

Más allá de las opiniones interesadas —de simpatizantes o malquerientes de las empresas de los señores Slim, Azcárraga y Salinas—, todo indica que la peculiar batalla que libran el gigante de la telefonía, Telmex, y las empresas Televisa y Azteca, debe verse a través de la lente de su repercusión política, antes que por sus intríngulis tecnológicos, legales y económicos. ¿Por qué?

Porque la influencia mediática y el peso electoral de las empresas de los señores Azcárraga y Salinas resultará vital para los grupos políticos que aspiran al poder presidencial en julio de 2012 —del partido político que sea, el gobierno que se quiera y el candidato de que se trate—, por sobre el poder y la influencia del hombre más acaudalado del orbe.

Es decir que, al menos en México, el hombre más rico habría sido sometido por las gemelas que soportan todo Estado democrático que se respete: el Estado de derecho y el poder político, que hasta hoy han impedido que Slim se salga con la suya —modificar de manera ilegal sus títulos de concesión de telefonía, para otorgar televisión restringida—, y con ello acrecentar su influencia política en la coyuntura electoral. Pero vamos por partes.

Todos saben que, desde 2006, Teléfonos de México intenta cambiar su título de concesión, para prestar servicios de televisión restringida. Por eso, y para beneficiar a Carlos Slim, al final del gobierno de Fox la SCT se sacó de la manga un Acuerdo de Convergencia —que publicó en el Diario Oficial el 3 de octubre de 2006— y que no era más que la norma que debían seguir los concesionarios para ofrecer servicios de telefonía y televisión.

Desde entonces Telmex promovió en todas las instancias legales que había cumplido con el Acuerdo de Convergencia y que, por ello, la autoridad debía modificar su título de concesión. Ante los obstáculos, y amparado en el artículo X del Acuerdo de Convergencia —que establece la figura de la “afirmativa ficta”, conocida por todos como “el que calla otorga”—, los abogados de Telmex acudieron al amparo ante el Poder Judicial para hacer valer, a favor de la empresa de Slim, lo que pareció “una chicanada” o un acto de corrupción de la Cofetel, cuyos comisionados habrían simulado “un olvido” para favorecer de manera ilegal a Telmex.

Al final, un juez ordenó a la SCT un plazo perentorio para decidir o no la modificación del título de concesión de Telmex, lo que se resolvió el pasado viernes con una negativa rotunda. Es decir, no le autorizó a Telmex el permiso para operar televisión restringida. Y las razones esgrimidas por la autoridad son, incluso, de sentido común —según especialistas que no están ni del lado de Telmex ni del lado de las televisoras—, ya que Telmex no ha cumplido, por ejemplo, con la “interconexión” telefónica. ¿Y eso cómo se come?

Elemental, que la prueba del incumplimiento de Telmex la conocemos todos los usuarios de la telefonía celular. ¿Por qué? Porque debemos pagar las tarifas más altas del mundo. Es decir, que si Telmex hubiese acatado las tarifas que le ordenó la autoridad, pagaríamos un servicio más barato.

Pero, como está claro, Telmex se fue por el camino de la presión política y mediática, a fin de obligar al gobierno de Calderón a entregarle la concesión de televisión restringida. Pero hasta hoy Felipe Calderón resistió la descomunal presión del hombre más rico y poderoso del mundo, con una herramienta que olvidan los opinantes y amanuenses de Carlos Slim: la ley. Y es que todo aquel que esté dispuesto a ver el fondo del asunto sin la pasión del compromiso y sin el interés de la militancia, llegará a la conclusión de que Carlos Slim no tiene razón.

Lo curioso es que los políticos dizque de izquierda, los medios que dizque representan a la izquierda y la opinocracia que dice refrendar el pensamiento de izquierda, se convirtieron en defensores de los intereses del hombre más rico del mundo, epítome del capitalismo salvaje. ¿Qué tal la congruencia de esa izquierda?

Pero también está claro que, en el otro extremo —Televisa, Azteca y del gobierno de Calderón—, defienden sus negocios y sus intereses. Es evidente que al gobierno de Calderón le conviene y le interesa que en la sucesión presidencial sus aliados políticos y mediáticos sean los señores Azcárraga y Salinas —y no los quiere de enemigos por complacer a Slim—, igual que los opositores de izquierda tienen de aliado a Carlos Slim y —claro— lo quieren con televisión para sus fines político-electorales. En resumen, no hay buenos ni malos, sino intereses. ¿O no?