Jaque a la prohibición

Daniel Morcate

Miles de muertos después, el presidente de México, Felipe Calderón, ha hecho una discreta propuesta para despenalizar las drogas. Bueno, casi exagero. Porque lo que en realidad ha hecho Calderón es revivir una propuesta de su antecesor, Vicente Fox, de despenalizar el mínimo consumo personal de drogas tales como la cocaína, la marihuana, la metanfetamina, el LSD y el llamado "cristal", entre otras. Es una sugerencia que algunos bicefálicos venimos haciendo desde hace tres décadas sin demasiado éxito. Tampoco se lo auguro a la iniciativa de Calderón, al menos por ahora. Pero el mero hecho de que la haya suscrito, después de haberse opuesto a ella durante mucho tiempo, es un indicio claro de que algo se mueve en el cerrado mundo del prohibicionismo radical que alimenta a las narcomafias y los gastos públicos para combatirlas, para no hablar de la corrupción estatal y la violencia homicida.

Y no es el único indicio. Muchos legisladores mexicanos también apoyan la despenalización, especialmente después que se pronunciaran a su favor influyentes intelectuales de su país, como Carlos Fuentes, y de otras partes de Latinoamérica, como Mario Vargas Llosa. Y sospecho que la apoya, asimismo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El mes pasado Santos la calificó de "una alternativa que podemos discutir", lenguaje codificado que suelen utilizar nuestros políticos para reconocer el fracaso de la larga, costosa y sangrienta guerra antinarcóticos y la necesidad de probar alternativas inteligentes y pacíficas, como la despenalización. Santos, de hecho, aludió a una condición clave para que prospere este deseable cambio de estrategia. "Si el mundo desea legalizar y cree que así se reducen la violencia y la criminalidad", dijo, "yo podría acompañar eso".

Para que funcionase mejor, la despenalización debería ser, en efecto, parte de una maniobra concertada entre los países productores, los distribuidores y los consumidores de drogas, como son Colombia, México y Estados Unidos. Su puesta en vigor no actuaría como panacea para los males que han generado el consumo y el tráfico de estupefacientes a través de los años, sino como un paliativo gradual, aunque importante y potencialmente decisivo. Un game changer, como se dice en inglés. Su adopción permitiría reorientar la lucha armada y punitiva contra el tráfico, el consumo y la adicción a las drogas hacia la educación de los consumidores y hacia la cura y la prevención de los adictos. Un modelo podría ser la campaña internacional contra el tabaco que, sin plantear la prohibición extrema, ha logrado reducir el consumo, prevenir muertes y recortar los presupuestos estatales para combatir los males que causa la adicción a la nicotina y sus derivados.

La guerra armada contra las drogas es la única guerra que se libra a nivel mundial a sabiendas de que no se puede ganar. Por el contrario, la obstinada prohibición y el combate armado sólo han servido para ampliar el mercado de consumidores, estimular y fortalecer a las mafias más sórdidas y socavar el estado de derecho en numerosos países a través de la corrupción de sus autoridades e instituciones. ¿Por qué, entonces, se insiste en ella? Una razón significativa es la pura inercia y falta de imaginación. Otra, las copiosas ganancias económicas que reporta a ciertos profesionales de la lucha antidrogas. Pero a mi juicio la razón predominante es la demagogia de los políticos en los países productores y consumidores. A todos se les hace más fácil venderles a los votantes el cuento de que ganarán la guerra a las drogas que proponerles el cambio de tácticas que exigen las circunstancias.

La lucha punitiva y bélica contra las drogas también subestima en forma trágica los motivos sicológicos y sociales de este fenómeno. Mucha gente las consume porque el hacerlo tiene el encanto de lo prohibido. Mucha las trafica porque es su única vía para salir de la pobreza o, por lo menos, la vía más rápida. No es coincidencia que las drogas más peligrosas proliferen en los inner cities o barrios marginales de Estados Unidos. Ni que las regiones mexicanas más afectadas por el narcotráfico hayan sido históricamente las más pobres y preteridas. La despenalización ayudaría también a replantear estrategias y a reasignar recursos estatales para enfrentar mejor las causas profundas del consumo y tráfico de narcóticos.