Un túnel negro sin final
Raúl Benoit
Casi cuarenta años de guerra contra las drogas no han reducido ni el consumo ni la criminalidad. Por el contrario, lo que se ha visto es un incremento de la violencia, miles de muertos y aumento en la venta de narcóticos en colegios, barrios y discotecas.
Por eso no suena tan descabellada la iniciativa de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, de romper el tabú que hay con el temido argumento de la legalización.
Esta semana, la asamblea integrada por ex presidentes, políticos e intelectuales, recomendó explorar la regulación de drogas ilícitas, refiriéndose sobre todo a la marihuana, pero sin descartar otras.
El reporte señaló que esta opción debería analizarse si los países consideran que ahorran dinero con la propuesta, reducen el poder de las organizaciones criminales y mejoran la seguridad de los ciudadanos.
Pero hay quienes van más lejos, piden legalizar el comercio. Este punto escandaliza a muchos.
Recuerdo que Ernesto Samper, en 1973, cuando fue director de un grupo gremial en Colombia, mucho antes de ser candidato a la presidencia y que su campaña fuera penetrada por el narcotráfico, dijo: “El país debe estudiar la legalización de la marihuana como una alternativa seria para la regulación. No consiste en dejarla al garete, sino en enmarcar su cultivo, comercio y consumo dentro de las leyes y normas que rigen la economía, la sociedad y el Estado”. Fue estigmatizado.
Otro que tuvo que asumir consecuencias fue el jurista Gustavo de Greiff, quien, siendo Fiscal General de Colombia, le insinuó la misma idea a Janet Reno, cuando ella ejercía el cargo similar en Estados Unidos.
Reno se molestó y le respondió que “si lo que pretendía era que los muchachos americanos tuvieran a su disposición drogas sin problemas”. De Greiff le dijo que “no se trataba de legalizar a los narcotraficantes, sino de regularizar la producción y el consumo y, en cuanto a los muchachos estadounidenses, que bajo un sistema de legalización tuvieran drogas a su disposición, eso le parecía mucho mejor a que las obtuvieran (como lo hacían en ese tiempo y actualmente) de manos de narcotraficantes, enriqueciendo a estos y a los corruptos.
La respuesta de Estados Unidos sobre esta idea es la misma que ha tenido en las cuatro décadas de guerra. Ni siquiera se debe pensar en debatir el tema. En su orden, la importancia que le da este país a la legalización es la siguiente: “afectaría la economía, la salud y la seguridad pública”.
Sin lugar a dudas, la lucha contra el narcotráfico es esencial para mantener el sistema policial, judicial y carcelario que mueve billones de dólares cada año. Solo como un ejemplo: gran parte de los 2 millones 300 mil presos en las cárceles de Estados Unidos son hispanos y muchos están por crímenes relacionados con drogas.
Mientras esto siga siendo un vil negocio, países como Colombia, México, Nicaragua, Honduras y Guatemala, protagonistas de la nueva era de la guerra contra el narcotráfico, no podrán ver pronto la luz al final del túnel.
Tampoco saldrán de su infierno los adictos, porque a muy pocos les importa tratarlos como pacientes, porque siendo criminales representan más ganancias.
Por eso no suena tan descabellada la iniciativa de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, de romper el tabú que hay con el temido argumento de la legalización.
Esta semana, la asamblea integrada por ex presidentes, políticos e intelectuales, recomendó explorar la regulación de drogas ilícitas, refiriéndose sobre todo a la marihuana, pero sin descartar otras.
El reporte señaló que esta opción debería analizarse si los países consideran que ahorran dinero con la propuesta, reducen el poder de las organizaciones criminales y mejoran la seguridad de los ciudadanos.
Pero hay quienes van más lejos, piden legalizar el comercio. Este punto escandaliza a muchos.
Recuerdo que Ernesto Samper, en 1973, cuando fue director de un grupo gremial en Colombia, mucho antes de ser candidato a la presidencia y que su campaña fuera penetrada por el narcotráfico, dijo: “El país debe estudiar la legalización de la marihuana como una alternativa seria para la regulación. No consiste en dejarla al garete, sino en enmarcar su cultivo, comercio y consumo dentro de las leyes y normas que rigen la economía, la sociedad y el Estado”. Fue estigmatizado.
Otro que tuvo que asumir consecuencias fue el jurista Gustavo de Greiff, quien, siendo Fiscal General de Colombia, le insinuó la misma idea a Janet Reno, cuando ella ejercía el cargo similar en Estados Unidos.
Reno se molestó y le respondió que “si lo que pretendía era que los muchachos americanos tuvieran a su disposición drogas sin problemas”. De Greiff le dijo que “no se trataba de legalizar a los narcotraficantes, sino de regularizar la producción y el consumo y, en cuanto a los muchachos estadounidenses, que bajo un sistema de legalización tuvieran drogas a su disposición, eso le parecía mucho mejor a que las obtuvieran (como lo hacían en ese tiempo y actualmente) de manos de narcotraficantes, enriqueciendo a estos y a los corruptos.
La respuesta de Estados Unidos sobre esta idea es la misma que ha tenido en las cuatro décadas de guerra. Ni siquiera se debe pensar en debatir el tema. En su orden, la importancia que le da este país a la legalización es la siguiente: “afectaría la economía, la salud y la seguridad pública”.
Sin lugar a dudas, la lucha contra el narcotráfico es esencial para mantener el sistema policial, judicial y carcelario que mueve billones de dólares cada año. Solo como un ejemplo: gran parte de los 2 millones 300 mil presos en las cárceles de Estados Unidos son hispanos y muchos están por crímenes relacionados con drogas.
Mientras esto siga siendo un vil negocio, países como Colombia, México, Nicaragua, Honduras y Guatemala, protagonistas de la nueva era de la guerra contra el narcotráfico, no podrán ver pronto la luz al final del túnel.
Tampoco saldrán de su infierno los adictos, porque a muy pocos les importa tratarlos como pacientes, porque siendo criminales representan más ganancias.
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