jueves, 1 de septiembre de 2011

La aventura del capitalismo

Domingo Soriano - Libertad Digital

Escucho a Alfredo Pérez Rubalcaba estrenarse en su nuevo papel como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno con una de esas declaraciones absurdas que tanto gustan a los políticos populistas.
El ex ministro del Interior se puso el disfraz de izquierdista y aseguró que "necesitamos regulación y control para que los mercados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés".

Pensando en estas palabras, que auguran nuevos aparatos burocráticos, una legislación más farragosa o dificultades crecientes para los empresarios españoles, me acordé de una cita de Milton Friedman, quizás el mejor propagandista que haya tenido el liberalismo en el último medio siglo (aunque sus teorías monetarias sean bastante discutibles, merece el reconocimiento de los amantes de la libertad).

El Premio Nobel norteamericano aseguraba en Capitalismo y libertad que "uno de los mayores argumentos contra el mercado es que proporciona a los individuos lo que quieren y no lo que un determinado grupo piensa que deberían querer. Por debajo de la crítica de la libertad económica hay una crítica a la libertad misma". Aunque parezca mentira viendo esta cita, casi seguro que el neoyorquino no estaba pensando en Alfredo P. cuando la escribió. Friedman pone el dedo en la llaga, porque el problema de los políticos intervencionistas es que no entienden el mercado y cuando lo hacen no les gusta, porque favorece la libertad individual a cambio de quitarles poder a ellos.

Precisamente, la semana pasada estaba en casa viendo la tele y me encontré con uno de esos fantásticos documentales británicos que, a veces sin quererlo, tanto nos pueden enseñar sobre las maravillas de una sociedad libre. Era un capítulo de una serie llamada El capitalista aventurero que protagoniza un tal Conor Woodman. Este tipo parece ser que era el clásico yuppie de la City londinense que un día decidió cambiar de vida porque se aburría en su trabajo. Su idea fue vender sus posesiones para financiarse una vuelta al mundo, algo que ya han hecho muchos otros antes que él. Sin embargo, Woodman pensó en incluir un pequeño cambio realmente curioso. Como no quería volver a casa un par de años después con las manos vacías, decidió que durante su viaje iría haciendo intercambios comerciales a lo largo del planeta, lo que le serviría para ir ganándose unas perrillas. También pensó en grabarlo y editarlo como documental, lo que ahora nos permite ver cómo transcurrió su aventura.

El programa es más una guía de viajes que un sesudo tratado sobre el capitalismo. Pero quizás por eso sea incluso más útil como elemento de aprendizaje. El capítulo que me tocó en suerte es uno en el que Woodman parte de Asia con la intención de llegar a México. En China, compra unas pequeñas tablas de surf hinchables (parecen juguetes para niños o principiantes). Con ellas se dirige a Acapulco, donde encuentra unos almacenes encantados de comprarle su mercancía por bastante más de lo que él había pagado al otro lado del Pacífico.

Ver todo el proceso de compra y venta es absolutamente revelador. En China, ofrece al fabricante un precio bajo (8 libras), puesto que él soportará el riesgo de la operación y, además, convence al productor de que es una buena oportunidad de introducirse en el mercado mexicano. Luego, en el país norteamericano, también es capaz de sacar un muy buen precio (14 libras), puesto que el producto que ofrece es nuevo, hinchable y fácil de transportar, lo que puede ser muy atractivo para las familias que abarrotan las playas de este centro turístico.

En total, Woodman saca unas 4.000 libras de beneficio. Y nosotros, unas cuantas conclusiones que a nuestros políticos parece que les cuesta asimilar. En primer lugar, comprobamos que el mercado es el reino de la libertad: nadie hará una transacción en la que no se vea beneficiado. Por eso, incluso cuando una gran multinacional vende algo al más pobre de los hombres, el intercambio tiene que basarse en la premisa de que los dos ganan. Si alguno no lo hace, no cerrará el trato.

El relato de este capitalista aventurero también nos enseña que los objetos tienen muy diferente valor según el lugar, la persona y el momento. Woodman posiblemente habría tenido más problemas para colocar las tablas en México en temporada baja y habría tenido que ofrecer un descuento. Y dentro de dos años, si su uso se ha popularizado, el productor chino probablemente le podrá apretar algo más las clavijas.

Desgraciadamente, está muy extendida la idea de que el comercio es un proceso en el que alguien tiene que ganar para que otro pierda. Ya en la Edad Media, se despreciaba a los comerciantes como parásitos sociales, que se enriquecían sin aportar nada a la sociedad. Se comparaba su actividad, aparentemente improductiva, con la de ganaderos, agricultores o artesanos, que supuestamente sí añadían valor al producto.

Sin embargo, nuestro protagonista nos muestra como el comercio nunca es un juego de suma cero. Todas las partes salen beneficiadas de la transacción. El fabricante chino valora más las 8 libras que sus tablas; el vendedor mexicano cree que podrá sacar más de esas 14 libras que ha pagado por ellas. Y Woodman acaba con un buen montante de beneficios, a cambio del riesgo soportado, de la iniciativa comercial, de su buen ojo como mercader y de su capacidad para convencer a sus interlocutores. Cada día hay miles de millones de transacciones en el mundo y cualquiera de ellas se basa en los mismos principios que las dos del programa.

Leyendo la web de Woodman, sabemos que en su vuelta al mundo consiguió un beneficio de 25.000 libras, es decir, que dobló la cantidad con la que salió de casa. Se lo tiene merecido. Ha arriesgado su capital, ha ofrecido un servicio y ha logrado su recompensa. Sólo los envidiosos podrían reprocharle algo.

También los políticos como Rubalcaba, temerosos de la libertad de sus ciudadanos. Viendo partes de otros capítulos es fácil darse cuenta de que son sus colegas repartidos por todo el planeta los que más trabas ponen a la tarea de Woodman, con absurdas regulaciones, aduanas, tasas, normas o laberínticos procedimientos burocráticos. Eso sí, si les preguntamos, cada uno asegurará que restringen nuestra libertad en nombre de la "seguridad", los "consumidores" o los "productores nacionales". Además, se revisten de la autoridad de los votos para arrogarse todos esos poderes.

Frente a esta actitud sólo cabe seguir trabajando, produciendo y comerciando. También merece la pena recordar las palabras de otro enorme liberal, Ludwig Von Mises: "El mercado es una democracia donde cada centavo da derecho a votar y donde se vota todos los días". El problema es que un ciudadano libre y que vota cada día quizás sea, precisamente, la peor pesadilla que cualquier político pueda enfrentar.

Perú: La gran ambición

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por Jaime de Althaus

Jaime de Althaus Guarderas es Director y Conductor del programa La Hora N, columnista del diario El Comercio (Perú) y autor de varios libros sobre el desarrollo del Perú.

El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Salomón Lerner, ha anunciado un conjunto muy ambicioso de metas sociales, obras y servicios, cuya realización supondrá una capacidad de gestión que hoy no existe y una tasa de crecimiento de la economía probablemente superior al 6% anual que se plantea.

En relación a lo primero, es interesante que haya planteado pasar el 100% del presupuesto a la metodología del presupuesto por resultados, aunque eso mismo supondría también una elevación considerable de la capacidad tecnocrática del gobierno, que podría empezar a conseguirse con la subida del tope salarial a los altos funcionarios, lo que no fue mencionado en el mensaje. Pero la implantación de esa metodología sería, de por sí, un avance importante en la conquista de un Estado moderno y racional. También se anuncia un Estado móvil en las áreas rurales, una idea sugerente.

El ‘gravamen’ adicional de 3 mil millones de soles (US$1.092 millones) por año que se aplicará a la minería convertirá a esta en algo más cara tributariamente que la chilena, pero al parecer los mineros se habrían comprometido a seguir adelante con sus proyectos, que sumarían —dijo el primer ministro— US$30 mil millones de inversión en el quinquenio. De ser así, no será difícil superar el 6% de crecimiento anual de la economía. Pero que esa inversión se concrete dependerá, además, de cómo se reglamente la Ley de Consulta Previa, que, tal como está, podría frenar la inversión.

Le resta energías al sistema, además, que el Estado se asocie para una línea aérea de bandera o que Petro-Perú incursione en una serie de actividades productivas y en la comercialización de GLP (gas licuado de petróleo), y Electro-Perú participe en las hidroeléctricas y Enapu se relance, etc. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si no es el de abrir puestos de trabajo para los amigos del gobierno, con el riesgo de enorme ineficiencia y corrupción? ¿O darle más poder al gobernante para controlarlo todo? Nada de esto estaba en la hoja de ruta. Allí donde ingresan empresas del Estado se aleja la inversión privada —salvo la parasitaria—, temerosa de cambios en las reglas o de favoritismos para la empresa estatal. Fomentar la expansión estatista no es otra cosa que generar huecos negros en la economía.

De otro lado, ¿tiene sentido anunciar un plan de formalización del aparato productivo y al mismo tiempo dar una ley general del trabajo, que, como sabemos perfectamente, recoge la realidad de privilegio de las oligarquías laborales de la gran empresa y consolida la exclusión de los informales? Una ley que impediría, además, la flexibilidad necesaria para facilitar el logro de la importante meta de triplicar las exportaciones no tradicionales.

Como siempre, la ideología y los intereses creados socavando el progreso y la propia inclusión social.

Ecuador bajo Correa: confrontación y represión

Por Carlos Lauría

Correa

QUITO. - Jeanette Hinostroza, una periodista crítica del Presidente Rafael Correa que conduce el programa de noticias "30 Plus" en la cadena Teleamazonas, supo que tenía más elementos para sus comentarios cuando se enteró en abril que una mujer había sido acusada de faltar el respeto al líder ecuatoriano, actualmente en su segundo mandato. Hinostroza explicó a su audiencia que Correa se había excedido en su autoridad y en una actitud intolerante no acorde con su investidura ordenó la detención de la mujer basándose en lo que consideró un gesto insultante.
No pasó mucho tiempo antes de que Correa, un mandatario que con regularidad describe a los periodistas como "ignorantes" y "mentirosos", concentrara su atención en Hinostroza. Al día siguiente, la administración ordenó a Teleamazonas a interrumpir el programa de Hinostroza durante diez minutos para emitir una cadena, en la cual el gobierno emitió una respuesta dura y personalizada cuestionando la ética laboral de la conductora. El sábado, durante su habitual enlace ciudadano, Correa hizo referencia a la capacidad de Hinostroza, burlándose de la conductora, a quien describió como "la coloradita", y señalando que no había que prestarle atención. Teleamazonas, una televisora privada de Quito que critica con dureza las políticas del gobierno, se convirtió en uno de los blancos favoritos de las autoridades ecuatorianas y sus transmisiones fueron suspendidas durante tres días en 2009 por una nota que investigaba el efecto que la exploración de gas natural tendría sobre la industria pesquera local. Pero Teleamazonas no es el único medio de comunicación víctima de ataques oficiales.
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Correa, un economista de izquierda de 48 años de edad, es intolerante ante las críticas en los medios y en menos de cinco años ha transformado a Ecuador en uno de los países más restrictivos para la prensa en el hemisferio. Con la promesa de conducir una "revolución ciudadana" que fomentaría el crecimiento a partir de los recursos naturales del país, Correa asumió en enero de 2007 con un apoyo importante de los medios tradicionales. Pero pronto, al declarar que lucharía contra lo que él ha descrito como la elite corrupta de Ecuador, Correa adoptó una actitud de confrontación agresiva contra la prensa que está amenazando el derecho internacionalmente reconocido de todos los ciudadanos a la libertad de expresión.
Como en el caso de Hinostroza, la administración de Correa ha obligado en reiteradas ocasiones a emisoras de radio y televisión a interrumpir su programación para poner al aire largas réplicas oficiales que refutan comentarios críticos, suplantando así puntos de vista independientes con la posición del gobierno. En cientos de otras oportunidades, el gobierno ha interrumpido la programación en radio y televisión para emitir cadenas presidenciales que, si bien tradicionalmente se han utilizado para transmitir información en tiempos de crisis, durante la gestión de Correa se han transformado en un foro de confrontación política. Este reemplazo impuesto oficialmente es parte de un registro alarmante de censura y acoso contra la prensa que incluye el uso de leyes de difamación para silenciar a los críticos, campañas de desprestigio para desacreditarlos, y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo de regular el contenido de los medios y su propiedad, según un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el gobierno ha erigido uno de los más ambiciosos aparatos de medios estatales en la región, un conglomerado de unas 15 emisoras de radio y televisión y medios impresos, que sirven principalmente como un megáfono presidencial.
Altos funcionarios de su administración no han respondido a los pedidos del CPJ de reunirse con sus representantes durante una misión de investigación en abril, y tampoco han contestado solicitudes posteriores para efectuar comentarios.
Juicios de difamación como herramientas de represalia
Activistas locales en defensa de la libertad de prensa están seriamente preocupados. "La prensa tiene dificultades para cumplir con su tarea informativa sin interferencia gubernamental. El acoso oficial contra periodistas críticos ha aumentado en forma sustancial", afirmó César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, conocida como Fundamedios, que ha documentado más de 380 violaciones contra la libertad de prensa desde enero de 2008 hasta julio de 2011. De 22 casos documentados en 2008, los abusos escalaron a 151 en 2010 y están ocurriendo con una regularidad que excedería ese nivel en el corriente año, según el grupo.
Correa se ha mostrado proclive a iniciar demandas por difamación contra periodistas independientes. En marzo, enjuició por difamación penal a tres ejecutivos y a un editor del diario El Universo de Guayaquil en relación con una columna de opinión que se refería al presidente como "el dictador". El autor, el editor de opinión Emilio Palacio, alegó que Correa había ordenado a las tropas a disparar a voluntad "sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante una violenta rebelión de la policía en septiembre de 2010. (Contrariados por recortes en sus beneficios, policías rebeldes mantuvieron como rehén a Correa en un hospital durante 12 horas, lo que obligó al gobierno a enviar tropas al área. Las protestas de los policías, que dejaron un saldo de al menos tres muertos, decenas de heridos y el cierre de aeropuertos y autopistas, también marcaron un punto crítico en lo que hace a restricciones oficiales para la prensa. La Secretaría de Comunicación ordenó a los medios radiales y televisivos a suspender sus programas de noticias y a transmitir solamente la programación de las emisoras estatales durante seis horas en el pico de la crisis).
Poco antes de que comenzara el juicio contra El Universo, Palacio renunció al diario con la esperanza de que su decisión indujera a Correa a retirar su demanda. Cuando el juicio comenzó en julio, los directores del diario indicaron que El Universo publicaría una rectificación e invitaron a que el propio presidente la escribiera. Menos de 24 horas después de iniciar el juicio, un juez de Guayaquil dictó una sentencia que enviaría a cada uno de los cuatro acusados a la cárcel por tres años y además obligaría a ellos y a El Universo a pagar 40 millones de dólares en concepto de daños. Los cuatro apelaron la decisión. Lo mismo hizo Correa, que pretende 80 millones de dólares en daños, a pesar de haber afirmado que utilizará el dinero para apoyar al Parque Nacional Yasuni.
La investigación del CPJ muestra que otros funcionarios ecuatorianos han seguido los pasos del primer mandatario en el uso de las anticuadas disposiciones penales de difamación como represalia contra periodistas críticos. En Esmeraldas, el periodista de radio Walter Vite Benítez fue sentenciado en mayo a un año de prisión acusado por difamación penal en relación con sus comentarios críticos sobre la gestión de un alcalde local. (Una decisión judicial posterior anuló la condena y Vite fue liberado, si bien el fallo solo adujo que la acción penal había prescripto). En 2008, los reporteros Freddy Aponte Aponte y Milton Nelson Chacaguasay Flores fueron encarcelados por acusaciones de difamación penal vinculadas con sus críticas sobre funcionarios locales. En una región donde el encarcelamiento de periodistas no es común a excepción de Cuba, los recientes procesamientos penales por difamación han llamado la atención.
Las disposiciones de difamación penal en Ecuador contradicen el consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal para información de interés público. Y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias. Existen precedentes regionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
El presidente también ha utilizado las leyes civiles como herramienta contra el disenso, y ha solicitado 10 millones de dólares en concepto de daños a través de un juicio por difamación contra dos periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, que describe un sonado caso de corrupción oficial. La investigación, publicada inicialmente en 2009 en una serie de seis artículos en el diario Expreso de Quito, alegó que empresas pertenecientes a Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente, habían obtenido contratos del estado por 600 millones de dólares, mayormente para construcción vial. La ley ecuatoriana prohíbe a los integrantes de la familia presidencial hacer uso de sus relaciones para beneficio económico. Si bien Correa canceló los contratos y afirmó que no tenía conocimiento sobre la cuestión, se mostró tan irascible por la investigación que dedicó tres cadenas para desacreditar al libro y a sus autores.
Calderón, editor de la revista Vanguardia de Quito, y Zurita, reportero de Expreso, están bajo presión por los costos económicos y las dificultades profesionales que les ha impuesto la demanda, que sigue pendiente. Comparándose él y su colega con boxeadores que están en una pelea difícil, Zurita señaló que "estamos contra las cuerdas para ver cómo nos vamos a defender". Ante la posibilidad de que la justicia los condene por daños con un monto tan desproporcionado, los periodistas advierten que la demanda está generando un efecto inhibidor sobre algunos medios ecuatorianos y su capacidad para informar sobre temas de corrupción y transparencia gubernamental. "El acoso oficial está promoviendo un clima de autocensura entre algunos colegas y medios", destacó Calderón. "Algunos medios no están prestando debida atención ni cubriendo acusaciones de corrupción efectuadas por la oposición política".
Un Estado de represión
Durante el mandato de Correa, su administración ha creado un elaborado entramado legal para restringir a los medios de comunicación. En una consulta popular realizada en mayo, los votantes aprobaron por estrecho margen una serie de preguntas formuladas por el gobierno tendiente a fortalecer la autoridad del ejecutivo, incluyendo dos medidas que menoscaban la libertad de prensa.
La primera pregunta, que lleva un enunciado prejuicioso en el sentido que los "excesos en los medios" necesitan ser limitados, consultó a los ecuatorianos sobre la aprobación de una ley de comunicaciones que, a su turno, crearía un consejo de regulación. El texto preciso de la norma debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, que se encuentra debatiendo la iniciativa. Pero las cláusulas propuestas son preocupantes. El Artículo 11, por ejemplo, prohibiría "el uso de imágenes violentas, sangrientas y alusiva a la muerte en todos los medios de comunicación dentro de coberturas informativas" que no estén debidamente contextualizadas. El nuevo consejo de regulación estará autorizado, entre muchas de sus atribuciones, a determinar ese punto. Bajo la propuesta, el consejo regulará el contenido en medios audiovisuales e impresos en áreas definidas en forma tan amplia como imprecisa de violencia, sexo y discriminación, y establecerá la responsabilidad ulterior en forma unilateral. La independencia del consejo parece ser cuestionable ya que cinco de sus siete integrantes estarán designados por el ejecutivo o elegidos de grupos afines al oficialismo.
Si bien el partido gobernante Alianza País controla la Asamblea, legisladores han resistido medidas restrictivas en el pasado, rechazando los esfuerzos del presidente en 2010 de sancionar una ley de comunicaciones con limitaciones varias. Actualmente, sin embargo, con el peso del referendo detrás de la norma, la administración parecería tener mayor influencia para lograr la aprobación de la ley.
La otra pregunta del referendo prohíbe a las "empresas de medios nacionales, sus ejecutivos y principales accionistas a tener acciones en otras compañías". Los dueños de los medios se verán obligados a desinvertir en un plazo de dos años, aunque la aplicación de esta medida aún requiere de la aprobación de otras regulaciones. Periodistas y activistas en defensa de la libertad de prensa señalaron que la medida está dirigida a debilitar la estructura financiera de los medios que se oponen a las políticas del gobierno. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos presentó un recurso contra la medida ante la corte constitucional, argumentando que contradice garantías establecidas en la carta magna. La medida constituye "la eliminación de derechos fundamentales para las empresas de medios, sus directores y accionistas", afirmó Diego Cornejo, presidente del grupo de editores. También parece contradecir garantías sobre libertad de expresión establecidas en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el análisis del CPJ.
Aquellos que respaldan la medida sostienen que democratizará a los medios de comunicación. En entrevistas con la prensa, el secretario de Comunicación Fernando Alvarado señaló que la legislación promoverá diversidad en la prensa.
Un enfoque confrontativo
Correa insiste que está luchando contra un periodismo irresponsable que es ejercido por una pequeña elite de propietarios de medios que ostentan mucho poder y tienen la intención de removerlo del gobierno para el beneficio de sus intereses económicos. Las referencias sobre la autosuficiencia de Correa permiten analizar con mayor rigor sus actitudes hacia la prensa.
Nacido en Guayaquil en 1963, el mayor puerto industrial y la ciudad más grande del país, Correa tuvo una infancia difícil. Su padre, un empresario, fue detenido y acusado de intentar ingresar cocaína en los Estados Unidos y pasó tres años en una prisión de Atlanta a fines de los sesenta, según informes de prensa. Pero su hijo se distinguió en la academia, estudiando en los Estados Unidos y en Europa, y obteniendo un doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Fue designado Ministro de Economía en 2005 pero luego obligado a renunciar a los cuatro meses cuando decidió no consultar al Presidente Alfredo Palacio después de criticar públicamente al Banco Mundial por haber rechazado un crédito para Ecuador.
Cuando Correa asumió la presidencia en 2007, se convirtió en uno de los últimos entre varios líderes de izquierda que alcanzaron el poder en la región tras hacer campaña contra las elites tradicionales y las políticas de libre mercado de los Estados Unidos. Correa avanzó pronto para fortalecer su autoridad y obtuvo el apoyo de los votantes para una asamblea especial que reformó la constitución. La nueva constitución, que cobró vigencia en 2008, le permitió a Correa buscar la reelección hasta 2017 y amplió las atribuciones del ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, además de la política económica.
Los activistas en defensa de la libertad de prensa exhibieron especial preocupación por dos disposiciones en la enmienda constitucional de 2008. El Artículo 19 introduce el concepto de la intervención oficial en los medios, al establecer que "la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente". El Artículo 18 que planteaba que todos los individuos tienen el derecho a "buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa". El texto pone énfasis en información "veraz y verificada" que puede abrir la puerta para restricciones oficiales.
Pero existe otra disposición, en el Artículo 312, que prohíbe a los banqueros ser propietarios de empresas de medios de comunicación. Los analistas de medios indicaron que la prohibición estaría dirigida a debilitar a Teleamazonas. En septiembre de 2010, el dueño de la cadena, Fidel Egas, un accionista del Banco Pichincha, vendió su participación en la empresa a inversores locales, españoles y peruanos. El periodista de televisión Jorge Ortiz, que conducía el programa de entrevistas crítico "La Hora de Jorge Ortiz", renunció un mes antes de finalizada la operación de venta, alegando que no quería estar en el medio del negocio, que requería de la autorización del gobierno.
Históricamente, los medios audiovisuales ecuatorianos han sido controlados por poderosos grupos financieros vinculados a la política y al poder, según la investigación del CPJ. Algunos vinculados con la radio y la televisión fueron incluso criticados desde la profesión por no haber investigado lo suficiente la crisis financiera que causó el colapso de varias instituciones bancarias a fines de los noventa y que les costó millones de dólares a los contribuyentes. Pero la estructura actual de los medios de comunicación es diversa y vibrante, según la investigación del CPJ. La radio y la televisión tienen una gran audiencia, en particular en las áreas metropolitanas de Quito y Guayaquil. Cientos de emisoras de radio funcionan en todo el país, incluyendo numerosas radios comunitarias e indígenas en las regiones provinciales. Cinco cadenas de televisión--Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Telerama y Canal Uno--y más de 35 diarios ofrecen una amplia gama de opiniones, análisis y perspectivas políticas, según el análisis del CPJ.
Sin embargo, Correa continúa su embestida contra los propietarios de los medios. En mayo, Correa utilizó una cadena para criticar a las empresas de medios por tener participación en otros negocios, como bienes raíces, turismo y seguros, y aseguró que conglomerados tan diversos presentan conflictos de intereses. "Por eso, muchos de estos medios manejan políticas claramente direccionadas a intereses empresariales, comerciales y particulares, a nombre de la libertad de expresión", señaló el Ejecutivo al cuestionar si esa actitud es ética o no.
Medios estatales como un megáfono político
Cuando Correa asumió su mandato en 2007, el aparato de medios del estado solo consistía en la Radio Nacional de Ecuador. En un período record de tiempo, Correa ha construido una vasta red de medios de comunicación oficiales.
La base se cimentó en buena parte en la incautación por parte del gobierno de dos cadenas televisivas privadas, TC Televisión y Gama TV, y otros medios propiedad del Grupo Isaías, cuyos dueños Roberto y William supuestamente debían 661 millones de dólares a Ecuador después de la quiebra de su entidad bancaria, Filanbanco. La incautación del gobierno también comprendió a otras 200 empresas, pero las televisoras fueron especialmente valiosas porque tenían el 40 por ciento de la audiencia en el país. Al mismo tiempo, la administración Correa prometió que vendería esos bienes para recuperar el dinero de los contribuyentes ecuatorianos. "Nunca cumplió con su promesa", afirmó Tania Tinoco, una conocida conductora del canal privado de televisión Ecuavisa. "Algo similar ocurrió con su promesa de preservar la línea editorial. Todos esos medios son usados para difundir propaganda oficial".
En los siguientes tres años, la administración continuó realizando importantes inversiones en medios estatales y erigió una vasta red que en la actualidad consiste de varias estaciones de televisión (TC Televisión, Gama TV, Ecuador TV, y las emisoras de cable CN3 y CD7), emisoras de radio (Radio Pública de Ecuador, Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), diarios (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica). El gobierno considera a los ex medios del grupo Isaías como "incautados", a pesar de que son administrados directamente por el estado y "son claramente utilizados como una herramienta de comunicación política", afirmó Ricaurte de Fundamedios.
"El estado se ha convertido en un protagonista en materia de comunicaciones", señaló Ricaurte, "de ser irrelevante cuando asumió Correa el cargo en 2007 a tener en la actualidad un rol protagónico". Con la creación de una red de medios estatales, el gobierno de Correa ha seguido la tendencia liderada por otros líderes regionales quienes han invertido en medios oficiales para profundizar sus agendas políticas. El gobierno venezolano del Presidente Hugo Chávez es el ejemplo más evidente. Desde 2002, la administración de Chávez ha invertido cientos de millones de dólares para construir un vasto aparato mediático que ha desafiado la influencia de la prensa privada. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega utiliza a los medios oficiales--incluyendo emisoras de radio y televisión, sitios de Internet y un servicio de noticias a través del correo electrónico-- para emprender campañas contra sus críticos.
Incluso superando el nivel de otros mandatarios regionales, Correa utiliza los medios al servicio del estado para desacreditar a periodistas que exponen puntos de vista opuestos a las políticas de su administración. El presidente con frecuencia dedica sus enlaces ciudadanos del sábado a lanzar ataques verbales contra los diarios nacionales El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, además de la cadena de televisión Teleamazonas. Decenas de periodistas de televisión, radio y medios impresos han sido blanco de ataques que en ocasiones son personales y hasta ofensivos. El presidente ha descripto a los medios como "ignorantes", "basuras", "mentirosos", "amorales", "mediocres", "sicarios de tinta" y "actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana".
La administración no ha limitado sus intentos por controlar el mensaje a los medios estatales. Correa hace uso habitual de las transmisiones presidenciales conocidas como cadenas, que se transmiten por todas las emisoras a todo el país interrumpiendo la programación. Desde enero de 2007 a mayo de 2011, se transmitieron 1025 cadenas por un total de más de 150 horas, según la Fundación Ethos, una entidad de investigación independiente que está radicada en México.
Mauricio Rodas, el director general de Ethos, sostuvo que las cadenas son utilizadas tradicionalmente en períodos de emergencia nacional. Pero bajo el gobierno de Correa, reconoció Rodas, se han transformado en "una herramienta de propaganda y confrontación".
En al menos 15 instancias distintas desde diciembre de 2009, el gobierno ha ordenado a cadenas privadas de televisión a interrumpir parte de su programación de noticias para emitir refutaciones oficiales, según datos de Fundamedios. Al ordenar las réplicas, el gobierno alega estar autorizado por disposiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión. Activistas locales en defensa de la libertad de prensa sostienen que el gobierno está abusando de esta ley que autoriza cadenas "exclusivamente para información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos". En declaraciones a la prensa, Alvarado, el Secretario de Comunicación, ha justificado el uso de cadenas porque le permite al gobierno expresar su "verdad" frente a la desinformación.
Pero una y otra vez, el gobierno de Correa ha nivelado su propio punto de vista con la "verdad" y representado perspectivas distintas como "mentiras". El arresto de Irma Parra en abril pasado refleja la intolerancia del presidente frente a la crítica, afirmó Hinostroza, la conductora de Teleamazonas. Parra fue arrestada en la ciudad de Riobamba luego de hacer un gesto a la caravana que transportaba a Correa pero indicó que su intención era expresar su oposición al referendo propuesto por el gobierno en mayo, según informes de prensa. Correa calificó al gesto como obsceno, según los informes periodísticos, confrontó con la ciudadana y ordenó que la detuvieran.
Cuando su acción fue cuestionado en la prensa, el presidente volvió a recurrir a mecanismos de censura y embistió contra los medios. "Correa tiene una obsesión con la prensa crítica y por eso quiere regular los contenidos", admitió Hinostroza. "El gobierno de Correa ha declarado a la prensa como su principal enemigo... Nos quiere cerrar la boca".

La declinación autoimpuesta de EE.UU.

Por Malcolm Fraser

Diario Las Americas

MELBOURNE. – Si la amplia prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial que se ha sostenido ya por seis décadas llega a su fin, tanto los Estados Unidos como Europa serán los responsables. Con raras excepciones, la política se ha convertido en una profesión desacreditada a lo largo de todo el Occidente. Siempre se trata al mañana como más importante que la próxima semana, y la próxima semana prevalece sobre el próximo año, y nadie busca garantizar el futuro a largo plazo. Ahora el Occidente está pagando el precio.

En este situación, los instintos del Presidente Barack Obama pueden ser la excepción, pero él está luchando en Estados Unidos contra fuerzas poderosas que se encuentran aferradas al pasado, así como contra un populismo demagógico, que se presenta bajo la figura del Tea Party, él cual es aún más radical; y, que podría derrotarlo en el año 2012, dañando gravemente a los EE.UU. en el proceso.

Los amigos de Estados Unidos alrededor del mundo miraron con consternación la reciente trifulca sobre la elevación del techo de la deuda del gobierno federal, y observaron la incapacidad del Congreso de EE.UU. para llegar a algo que pueda ser visto como un compromiso equilibrado y con visión de futuro. Por el contrario, el resultado representa una victoria importante para los lacayos del Tea Party, cuyo propósito parece ser la reducción de las obligaciones y gastos del gobierno a un mínimo estrictamente necesario (algunos incluso objetan la existencia de un banco central), y el mantenimiento de las escandalosas concesiones y ventajas impositivas dictadas por el presidente George W. Bush a favor de los ricos.

Los actuales problemas fiscales de Estados Unidos tienen sus raíces en un largo periodo de gasto sin financiación. Las guerras de Bush en Afganistán e Irak y la manera en que se condujo la “guerra global contra el terrorismo” empeoraron mucho más las cosas, contribuyendo a una situación totalmente insostenible. De hecho, Obama heredó un legado casi imposible de administrar.

En las semanas posteriores al acuerdo sobre el techo de la deuda, se ha visto cada vez más claramente que podría ser imposible tener una buena gobernanza en EE.UU. Los meses venideros, que se centrarán en la campaña por la Presidencia de EE.UU., se destinarán a las trifulcas mezquinas sobre lo que debe recortarse. El ejemplo de las últimas semanas no nos proporciona ninguna razón para ser optimistas y pensar que los legisladores de los EE.UU. actuarán por encima de la política partidista y se preguntaran qué es lo mejor para Estados Unidos.

En las actuales circunstancias, no es de extrañar que los mercados financieros hubiesen retornado a un estado de extrema volatilidad. Los recortes de gastos dispuestos como resultado del debate sobre el techo de la deuda reducirán la actividad económica; por consiguiente, se socavará el crecimiento y la reducción de la deuda se tornará en algo aún más difícil. Proporcionar más estímulos fiscales para impulsar el crecimiento económico conlleva sus propios riesgos, debido al techo de la deuda y a otro factor que es más fatídico: Estados Unidos está ya excesivamente endeudado, y hay indicios de que los titulares más importantes de los valores del gobierno de EE.UU. ya se cansaron de recibir sus pagos en una moneda depreciada.

Lo más importante es que el llamado que hace China para la introducción de una nueva moneda de reserva emerge de su frustración por el fracaso de los gobiernos grandes –ya sea en los EE.UU. o Europa– en cuanto a gobernar sus asuntos económicos con realismo y sentido común. China reconoce que Estados Unidos está en grandes dificultades (de hecho, China reconoce esta situación con mayor claridad que el propio EE.UU.), y que, dada la venenosa atmósfera política imperante en Washington, no habrá un fácil retorno a la buena gobernanza, a la estabilidad económica y al crecimiento

El liderazgo de Estados Unidos en asuntos mundiales comenzó a debilitarse con el unilateralismo de Bush, y los actuales problemas económicos refuerzan esta tendencia. Para invertir la declinación de Estados Unidos, Obama necesita el apoyo bipartidista a sus políticas (mismas que son bastante convencionales), pero hasta ahora el Congreso de EE.UU. no ha mostrado la valentía para llevar a cabo sus tareas legislativas dentro de un enfoque basado en principios.

Si los esfuerzos poco entusiastas de Alemania para estabilizar a Europa de alguna manera llegan a tener éxito, la posición de Estados Unidos se va a erosionar aún más, y los bancos centrales del mundo comenzarán una vez más a considerar al euro como una alternativa fiable al dólar como moneda de reserva. La alternativa, tal como lo ha sugerido China, sería desarrollar una nueva moneda de reserva.

Estas realidades constituyen un cambio de poder de un tipo que no hemos experimentado en nuestras vidas. El poder económico que tiene China sobre E.E.U.U. es ahora sustancial y limitará no sólo la influencia que tiene Estados Unidos en los mercados financieros, sino también su capacidad para utilizar el poder militar.

Si esto obliga a los Estados Unidos a retornar hacia lo que el profesor Joseph Nye llama “poder blando y diplomacia multilateral”, podría ocurrir algo bueno. Sin embargo, estos enfoques son un anatema para el Partido Republicano de EE.UU., y en particular para su facción denominada Tea Party, y ellos podrían intranquilizar a muchos asiáticos que están actualmente nerviosos por el creciente poderío militar de China.

El argumento contrario –que señala que si China liquida o deja de comprar los títulos del gobierno de EE.UU. dañaría en la misma proporción a la propia China y a Estados Unidos– no es válido. A medida que pasan los años, los mercados de China se expanden en todo el mundo, y su mercado interno llega a representar un mayor porcentaje de su propio PIB. Como resultado de ello, China no necesita un dólar fuerte en el largo plazo. Los estadounidenses necesitan poner en orden sus asuntos económicos en casa antes de que China pierda su incentivo para apoyar al dólar.

En varias ocasiones en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ha dado cuenta de manera muy dolorosa que existen límites al uso efectivo del poder militar. No se pudieron lograr los objetivos estadounidenses en Vietnam. El resultado en Irak no podrá ser determinado hasta que las últimas tropas estadounidenses se retiren. En Afganistán, donde las fechas de retirada ya se han establecido, es difícil creer que se pueda establecer un estado unificado y coherente.

A medida que se reduce la eficacia del poder militar, crece la importancia del poder económico. El reconocimiento de estas realidades fundamentales –y su abordaje bipartidista– es de importancia crítica para el futuro de Estados Unidos, como también para él del Occidente.

El tsunami monetario está llegando


Por Frank Shostak.

En su discurso en Jackson Hole, Wyoming, el 26 de agosto de 2011, el presidente de la Fed decepcionó a la mayoría de los expertos. No prometió otra infusión masiva de dinero falso, es decir, la QE3. Sospecho que un fortalecimiento en los préstamos bancarios es un factor importante tras la decisión de la Fed de posponer el impulso de de más dinero en la economía.

La tasa anualizada de crecimiento de nuestra medición del crédito inflacionista de los bancos saltó al 8,2% hasta ahora en agosto, desde un 4,3% en julio. Un fortalecimiento visible en el crédito inflacionista de la banca comercial, es decir, crédito “creado de la nada”, ofrecería el “necesario” estímulo monetario. Esto significa que la masiva cantidad de dinero inyectado por la Fed desde 2008 (más de 2 billones de dólares) está empezando a introducirse en la economía por medio de los bancos.

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Esto era lo que esperaba la Fed desde hace tiempo y el objetivo de los enormes aumentos en las reservas bancarias que se han credo durante la crisis. Hasta hace poco, estas reservas estaban atascadas en el sistema, incapaces de encontrar prestamistas y prestatarios deseosos de llegar a un acuerdo. Ha sido algo bueno porque los precios se han mantenido de alguna forma bajo control.

Eso está cambiando. A medida que aumenta el ritmo de los préstamos y actúa el sistema de reserva fraccionaria de pirámides de préstamos, podremos ver nuevos flujos de dinero desparramándose por nuestra vida económica y causando un daño incalculable.

Por el momento, el ritmo de inyección por la Fed sigue boyante. La tasa anual de crecimiento del balance del banco central se mantuvo en el 23,6% hasta ahora en agosto frente al 23,1% en julio. La inercia creciente de nuestra medición monetaria para Estados unidos (AMS) saltó a 13,1% este mes desde el 11,8% de julio.

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Ahora, según la mayoría de los expertos, la inyección monetaria masiva va a disparar las expectativas inflacionistas, que a su vez dará el impulso necesario a los desembolsos de los consumidores.

Una vez que los consumidores empiecen a gastar más, a través del famoso multiplicador keynesiano, esto revigorizará la actividad económica general y pondrá a la economía en camino hacia un crecimiento económico autosostenido. La clave en esta forma de pensar es que actualmente hay un problema con los gastos de los consumidores que, por diversas razones, no son suficientemente fuertes como para reavivar la economía.

Por ejemplo, el aumento en el desempleo hace que la gente sea cauta en sus gastos, lo que, de acuerdo con el pensamiento popular, son malas noticias. De ahí que deban introducirse políticas dirigidas a aumentar el empleo con el fin de hacer que marche la economía. Cavar zanjas o presentar diversos proyectos públicos, como construir carreteras, es algo que se recomienda especialmente.

De acuerdo con esta forma de pensar, si el sector privado es reacio a potenciar el gasto, entonces es tarea del gobierno y el banco central hacerlo con el fin de poner a la economía en un camino de crecimiento económico autosostenido.

Esto significa que el gobierno y las políticas del banco central yerran siendo débiles, lo que implica que la Fed debería inyectar dinero agresivamente, lo que, junto con los muy bajos tipos de interés y las políticas fiscales laxas, se espera que reavive la confianza del consumidor e impulse la actividad económica.

Es un buen resumen de las opiniones de Bernanke, que cree que la causa clave tras la Gran Depresión de la década de 1930 fue una inyección inadecuada de la Fed de entonces. Esta vez Bernanke está decidido a no repetir el mismo error.

Adviertan nuevamente que, de acuerdo con el pensamiento popular, potenciar la demanda general de bienes y servicios es la clave para el fortalecimiento del crecimiento económico de EEUU.

Es verdad que hace falta un fortalecimiento en la demanda de bienes y servicios para un reavivamiento económico. Sin embargo, un aumento de la demanda de estar respaldado completamente por un aumento en la producción previa de bienes y servicios finales. Este aumento en la demanda debe estar apoyado por el aumento previo en el ahorro y no por políticas fiscales y monetarias laxas.

Ni la inyección monetaria no ninguna forma de política estimuladora pueden generar más financiación real: más bien llevan al desvío de fondos de actividades generadoras de riqueza a actividades no generadoras de riqueza. Estos tipos de políticas reducen la cantidad de financiación real disponible para generadores de riqueza: el crecimiento económico se produce bajo presión por estas políticas. (Lleva al consumo de capital. En lugar de plantar las semillas para obtener una cosecha en el futuro, estas políticas hacen que la gente consuma las semillas. Evidentemente no debería sorprendernos que en consecuencia no haya cosechas futuras. Aún así, los políticos tratan de convencernos de que podemos comernos las semillas y tener asimismo la cosecha).

Contrariamente a la mayoría de los expertos (incluyendo a Bernanke) cuanto más agresivas sean las políticas del Fed, peor va a ir la economía. Si todo lo que hace falta para reavivar la economía es inyectar más dinero, entonces ahora mismo todas las economías del tercer mundo serían muy ricas.

Las últimas tendencias en banca anuncian la posibilidad de tiempos muy peligrosos a la vista, en los que las economías desarrolladas sigan el camino de dichas economías subdesarrolladas y destruyan la riqueza mediante la inflación un nombre de estimular la producción. Como podremos descubrir pronto de nuevo, imprimir dinero no es un sustitutivo de la creación real de riqueza.

El auge del capitalismo


Por Ludwig von Mises

El sistema precapitalista de producción era restrictivo. Su base histórica era la conquista militar. Los reyes victoriosos habían dado el territorio a sus paladines. Estos aristócratas eran señores en el sentido literal del término, ya que no dependían del apoyo de consumidores comprando o absteniéndose de comprar en un mercado.

Por otro lado, ellos mismos eran los principales clientes de las industrias de procesado, que, bajo el sistema de gremios, se organizaban bajo un esquema corporativo. Este esquema era opuesto a la innovación. Prohibía desviarse de los métodos tradicionales de producción. El número de personas para las que había trabajo incluso en la agricultura o en las artes y artesanías estaba limitado. Bajo estas condiciones, muchos hombres, por usar las palabras de Malthus, tenían que descubrir que “en la asombrosa fiesta de la naturaleza no había plaza vacante para ellos” y que “ésta les decía que se fueran”.[1] Pero algunos de estos marginados se las arreglaban para sobrevivir, tener hijos y hacer que el número de indigentes creciera sin esperanzas cada vez más.

Pero luego llegó el capitalismo. Es habitual ver las innovaciones radicales que trajo el capitalismo en la sustitución de los métodos más primitivos y menos eficientes de las tiendas artesanas por las fábricas mecánicas. Es una visión superficial. La característica propia del capitalismo que le distingue de los métodos precapitalistas de producción fue su nuevo principio de marketing.

El capitalismo no meramente producción en masa, sino producción en masa para satisfacer las necesidades de las masas. Las artesanías de los buenos viejos tiempos habían atendido casi exclusivamente los deseos de la gente acomodada. Pero las fábricas producían bienes baratos para la mayoría. Todas las primeras fábricas creadas se diseñaron para servir a las masas, los mismos estratos sociales que trabajaban en las fábricas. Les servían o bien suministrándoles directamente o bien indirectamente exportando y ofreciéndoles alimentos y material extranjeros. Este principio de marketing fue la señal del capitalismo temprano, como lo es del capitalismo actual.

Los propios empleados son los clientes que consumen la mayor parte de todos los bienes producidos. Son consumidores soberanos que “tienen siempre la razón”. Su compra o abstención de compra determina qué ha de producirse, en qué cantidad y de qué calidad. Al comprar lo que les va mejor hacen que algunas empresas obtengan beneficios y se expandan y otras pierdan dinero y se encojan. Por tanto están continuamente cambiando el control de los factores de producción a las manos de aquellos hombres de negocio que tengan más éxito en atender sus deseos.

Bajo el capitalismo, la propiedad privada de los factores de producción es una función social. Empresarios, capitalistas y terratenientes son los mandatarios, por decirlo así, de los consumidores y su mandato es revocable. Para ser rico, no basta haber ahorrado y acumulado capital una vez. Es necesario invertirlo una y otra vez en aquellas líneas que mejor atiendan los deseos de los consumidores. El proceso de mercado es un plebiscito repetido diariamente y expulsa inevitable de las filas de la gente rentable a quienes no empleen su propiedad de acuerdo con las órdenes dadas por el público. Pero las empresas, objeto de odios fanáticos por parte de todos los gobiernos contemporáneos y los autocalificados como intelectuales, adquieren y mantienen su grandeza solo porque trabajan para las masas. Las fábricas que atienden a los lujos de unos pocos nunca alcanzan a tener un gran tamaño.

El defecto de historiadores y políticos del siglo XIX fue que no se dieron cuenta de que los trabajadores eran los principales consumidores de los productos de la industria. En su opinión, el asalariado era un hombre que trabajaba duramente para el único beneficio de una clase ociosa parásita. Trabajaban bajo el engaño de que las fábricas habían dañado al bloque de los trabajadores manuales. Si hubieran prestado alguna atención a las estadísticas habrían descubierto fácilmente las mentiras de sus opiniones. La mortalidad infantil cayó, la esperanza media de vida se prolongó, la población se multiplicó y el hombre medio común disfrutó de comodidades que ni siquiera los ricos de épocas anteriores habían soñado.

Sin embargo, este enriquecimiento sin precedentes de las masas era meramente un derivado de la Revolución Industrial. Su principal logro fue la transferencia de la supremacía económica de los propietarios de tierras a la totalidad de la población. El hombre común ya no sería un esclavo que tuviera que contentarse con las migajas que caen de las mesas de los ricos. Desparecieron las tres castas de parias que eran características de las eras precapitalistas (los esclavos, los siervos y esa gente a la que se referían como los pobres los autores patriotas y escolásticos, así como la legislación británica de los siglos que van del XVI al XIX). Sus vástagos se convirtieron, en esta nueva disposición de los negocios, no solo en trabajadores libres, sino también en consumidores.

El cambio radical se reflejó en el énfasis puesto en los mercados por parte de los negocios. Lo que necesitan en primer lugar los negocios son mercados y más mercados. Era la palabra clave de la empresa capitalista. Mercados, lo que significa clientes, compradores, consumidores. Bajo el capitalismo hay una vía para la riqueza: servir a los consumidores mejor y más barato que otra gente.

Dentro de la tienda y la fábrica el propietario (en las corporaciones, el representante de los accionistas, el presidente) es el jefe. Pero esta jefatura es meramente aparente y condicional. Está sujeta a la supremacía de los consumidores. El consumidor es el rey, el jefe real y el fabricante esta listo si no supera a sus competidores en servir mejor a los consumidores.

Fue esta gran transformación económica la que cambió la faz del mundo. Muy pronto transfirió el poder político de las manos de una minoría privilegiada a la del pueblo. El voto adulto se siguió al voto industrial. El hombre común, a quien el proceso de mercado había dado el poder de elegir el empresario y los capitalistas, adquirió el poder análogo en el campo del gobierno. Se convirtió en votante.

Muchos eminentes economistas, creo que el primero fue el último Frank A. Fetter, han observado que el mercado es una democracia en la que cada penique da un derecho de voto. Sería más correcto decir que el gobierno representativo por el pueblo es un intento de disponer los asuntos constitucionales de acuerdo con el modelo del mercado, pero este diseño no puede conseguirse nunca completamente. En el campo político siempre prevalece la voluntad de la mayoría y las minorías deben someterse a él. Sirve asimismo a las minorías, siempre que no sean tan insignificantes en número como para ser insignificantes. La industria del vestido produce ropa no solo para gente normal, sino también para la gente corpulenta y los editores no publican solo novelas del oeste y de detectives para las masas, sino asimismo libros para lectores refinados.

Hay una segunda diferencia importante. En la esfera política, no hay medio para que un individuo o un pequeño grupo de individuos desobedezcan la voluntad de la mayoría. Pero en el campo intelectual la propiedad privada hace posible la rebelión. El rebelde tiene que pagar un precio por su independencia: no hay en este universo premios que puedan obtenerse sin sacrificios. Pero si un hombre está dispuesto a pagar el precio, es libre de desviarse de la ortodoxia o neo-ortodoxia gobernante.

¿Cuáles habrían sido las condiciones en la sociedad socialista para herejes como Kierkegaard, Schopenauer, Veblen o Freud? ¿O para Monet, Courbet, Walt Whitman, Rilke o Kafka? En todas las épocas, los pioneros de nuevas formas de pensar y actuar solo podían actuar porque la propiedad privada hacía posible el desprecio de las formas de la mayoría. Solo unos pocos de estos separatistas eran económicamente suficientemente independientes como para desafiar al gobierno en las opiniones de la mayoría. Pero encontraron en el clima de la economía libre a gente pública lista para ayudarles y apoyarles. ¿Qué habría hecho Marx sin su patrocinador, el fabricante Friedrich Engels?

Los reguladores de la comida están fuera de control


La obsesión de la primera dama Michelle Obama con la “obesidad infantil” ha molestado a muchos desde que comenzó hace dos años, especialmente a los que piensan que sermonear a los padres desde la Casa Blanca debe reservarse para asuntos más urgentes. Ahora se está volviendo algo más serio ya que los reguladores de alimentos están comenzando a violar la libertad de expresión de los anunciantes.

En la molestia más reciente, cuatro agencias federales conocidas como el Grupo de Trabajo Interagencias (IWG) han publicado un plan para censurar drásticamente a los anunciantes de alimentos cuyos productos se consideren “demasiado altos” en sodio, azúcar o grasas y que se dirijan a una audiencia que comprenda entre las edades de dos a once años. Estos anunciantes perderían secciones clave de la programación en algunos de los programas más populares de Estados Unidos, como American Idol, America’s Got Talent y Glee — simplemente porque al estado niñera ”no le gusta” lo que venden.

El IWG, creado a través de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias de 2009 para estudiar la obesidad infantil y ofrecer posibles soluciones, ha ido más allá de su alcance definido. Ahora se podrá multar duramente a compañías perfectamente cabales.

Los reguladores piensan salirse con la suya enmascarando sus normas como “directrices voluntarias”. En realidad, las directrices son cualquier cosa menos opcionales, según los fabricantes alimentarios afectados.

Como nos explica Diane Katz, de Heritage:

Las restricciones son voluntarias solo de nombre. Los fabricantes de alimentos difícilmente pueden hacer caso omiso de las “recomendaciones” provenientes de las mismas agencias federales que ejercen autoridad sobre cada uno de sus movimientos. Es como cuando un policía nos pide los papeles o revisarnos el auto: Aunque la ley trata tal cooperación ciudadana como voluntaria, la mayor parte de las personas no la ven así, ni la policía contemplaría con beneplácito que se niegue a sus peticiones.

Tampoco es que se vayan a ver afectados únicamente los Twinkies y las galletas. Cualquier producto que se considere que tiene mucho sodio o grasa será analizado según las nuevas reglas, incluyendo alimentos cuya producción exige un alto contenido de sodio (como los pepinillos) y los que son grasos por naturaleza (como el maní).

Como escribió Katz, “Productos nutricionales básicos como Cheerios, la mantequilla de maní y el yogur están prohibidos según los estándares propuestos, algo que en efecto constitutye una lista de las compras regulada por el gobierno”.

Las regulaciones propuestas afectan a alimentos muy populares justo allí donde más les perjudica. A su vez, el libre mercado y la elección del consumidor se manipulan solo para que encajen en una inapropiada agenda gubernamental que no soluciona el problema.

Incluso si el gobierno federal lo hiciera con buenas intenciones, su plan de actuación no se basa en investigaciones confiables. El objetivo final de esta regulación es ponerle freno a la creciente epidemia de obesidad infantil — pero el Instituto de Medicina no encontró vínculo alguno entre los comerciales y las opciones alimentarias de los niños.

Según Katz, los niños han visto un 50% menos de comerciales de comida en los últimos seis años que anteriormente — no obstante, los índices de obesidad han seguido aumentando. El ex comisionado de la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA), Dr. Mark McClellan, atribuye el problema de la obesidad a la “inactividad física” — no a las calorías. De hecho, McClellan enfatizó que la cantidad de calorías que ingieren los niños ha sido la misma en los últimos veinte años.

Pero, las regulaciones no solo pone barreras al mercado y censuran la libertad de expresión sino que perjudican a las empresas detrás de la etiqueta. El director ejecutivo de la compañía Sara Lee, Christopher J. Fraleigh, habló recientemente de las extralimitadas regulaciones que perjudicarán especialmente a su empresa:

No se podrá hacer publicidad de un pan con pavo hecho con carne de pavo sin grasa de Sara Lee, ya sea durante el Superbowl o en cualquier programa que pueda tener una gran audiencia infantil porque el producto tiene un nivel poquito alto en sodio…. La actual regulación de publicidad dirigida a niños es el perfecto ejemplo de regulación que va demasiado lejos.

Los reguladores alimentarios de la administración Obama creen que si se les da la mano, pueden subirse hasta el brazo. Pero cuando la libertad de expresión está en peligro, tengan por seguro que el pueblo levantará la voz y no se lo tolerará.

El horror en el casino, el escándalo de Rápido y Furioso y nadie se responsabiliza


El último horror acaecido el 25 de agosto ha sacudido a México. En un asalto desvergonzado y sin sentido, al parecer parte de un plan de extorsión, los miembros de la organización criminal Los Zetas prendieron fuego con bombas incendiarias a un casino en Monterrey, México. En el resultante infierno, murieron 52 mexicanos, principalmente mujeres de clase media y sin conexión con el narcotráfico.

El presidente mexicano Felipe Calderón denunció el atentado del casino como un “acto abominable de terrorismo y barbarie” sin precedentes. El mandatario hizo un firme llamamiento a Estados Unidos y la administración Obama para que hagan algo sobre el consumo de drogas y el flujo de armas hacia el sur de México.

El 26 de agosto, la Casa Blanca emitió un mensaje de condena y condolencia, alabando al pueblo mexicano y a su gobierno por su “valiente lucha para desbaratar violentas organizaciones criminales transnacionales” y se comprometió a “seguir adelante con nuestra cooperación sin precedentes para hacer frente a estas organizaciones criminales”.

Sin embargo, el tono de su convicción y determinación suena menos convincente a la luz del anuncio del 30 de agosto del Departamento de Justicia acerca de una reorganización en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a raíz del escándalo de la Operación Rápido y Furioso.

El Departamento de Justicia anunció que se estaba cambiando al director interino de la ATF, Kenneth E. Melson, a una posición como asesor y que aceptaba la dimisión del procurador general de Arizona Dennis Burke.

Está claro que la administración Obama desea evitar el escrutinio del Congreso, del pueblo americano y mexicano por su mal concebida y nefasta estrategia de vender armas a mortíferas organizaciones criminales para después seguirles la pista – sin informar a oficiales en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México o al gobierno mexicano. La administración quiere minimizar el hecho de que armas de esta operación fuesen encontradas en la escena del crimen del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, asesinado en diciembre de 2010. O que armas hayan aparecido en diversos crímenes en México. O que la ATF ha perdido la pista de 1,400 armas.

Lamentablemente, la gestión del Departamento de Justicia respecto a las investigaciones en curso sobre la Operación Rápido y Furioso está llena de detalles para lavarse las manos de su responsabilidad, de echarle la culpa a otros, de control de daños y evasivas burocráticas, todo demasiado común en la administración Obama.

Observaba el congresista Darrell Issa (R-CA), que ha sido fundamental en la conducción de la investigación del Congreso: “Sabemos que [la administración] está burlando el sistema y pensamos que ya es hora que pare con ello”.

En pocas palabras, Issa está exigiendo el tipo de cooperación que la Casa Blanca prometió al gobierno de México a raíz de la horrible tragedia del casino de Monterrey.

Mientras que representantes políticos y cargos públicos de carrera en Estados Unidos [y también en México] se preocupan por su reputación y sus empleos, hace falta que se den cuenta de que a ambos lados de la frontera, hay una continua lucha –mejor dicho, una guerra— contra sofisticadas y mortíferas organizaciones criminales. Con frecuencia hay vidas en juego y los que se llevan la peor parte de los riesgos exigen buen juicio y rendición de cuentas, no maniobras burocráticas o encubrimiento cuando los funcionarios del gobierno meten la pata.

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