El ciclo político y las decisiones

Paralaje

Liébano Sáenz

El fin del periodo legislativo se aproxima. Habrá un sentimiento de frustración por lo que no se alcanzó. Como siempre, un periodo de sesiones extraordinarias estará a la vista, igual que las dificultades para llegar a acuerdos. No obstante, los partidos y el gobierno federal deben insistir y actuar en consecuencia sobre la necesidad de que se procesen los cambios más urgentes.

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Ilustración: Jorge Moch

Los problemas del país y los desafíos que se enfrentan para atenderlos demandan una visión clara de los tiempos políticos. En este espacio hace tiempo se señaló la dificultad para procesar reformas conforme se aproximaran los tiempos electorales; no es un argumento amable, pero sí veraz. El periodo para procesar acuerdos quedó comprometido por la estrategia de alianzas del PAN a partir del año pasado, decisión que involucraba al gobierno. Los objetivos electorales irremediablemente subordinaron a los de gobernabilidad y, así, merced a ese diseño, por más de un año, el país ha estado entrampado en los objetivos electorales de su clase gobernante. La elección de 2012 se anticipó dos años, a pesar del calendario electoral formal.

Las reformas son necesarias; en el Senado y en la Cámara de Diputados existe un inventario amplio de cambios a procesar. Lo urgente ha debido desplazar a lo importante y por ello reformas como la laboral o fiscal han quedado pendientes. Además, las dificultades para la aprobación, se han incrementado, en la medida que al interior de los partidos no ha habido acuerdo, como ha ocurrido en el PRI: los diputados, quienes con las bancadas parlamentarias afines suman una mayoría en la Cámara, no fueron considerados en sus opiniones y perspectivas por sus pares en el Senado, quienes tienen un tercer sitio en cuanto a asientos legislativos, si consideramos a la izquierda como una sola fuerza en su Cámara.

El fin del periodo legislativo se aproxima. Habrá un sentimiento de frustración por lo que no se alcanzó, agravado por la convicción de que podría ser la consumación productiva de la legislatura. Como siempre, un periodo de sesiones extraordinarias estará a la vista, igual que las dificultades para llegar a acuerdos derivados de los tiempos electorales y de la competencia por las candidaturas al interior de las fuerzas políticas. No obstante, las dirigencias de los partidos y el gobierno federal deben insistir y actuar en consecuencia sobre la necesidad de que se procesen los cambios más urgentes.

Deben aprobarse las nuevas bases para el sistema policial, iniciativa que cuenta con el aval de los mandatarios locales y que va más allá de la unificación del mando de las fuerzas de seguridad por entidad. Aunque el gobierno federal y los de los estados se han apuntado importantes éxitos en los meses recientes, es evidente que el tema de la violencia vinculada al crimen organizado y la acelerada evolución de la delincuencia obligan a una respuesta institucional urgente y de fondo. No hay tiempo que perder. Los senadores deben actuar frente a lo que está ocurriendo en amplias zonas del país y dejar de lado la tentación de que la gravedad del problema dificulte los objetivos electorales del PAN y del gobierno federal. Si se pierde esa batalla, la perdemos todos. Se requiere una reforma constitucional para una solución estructural.

En este mismo terreno los diputados están obligados a enmendar aspectos de la minuta enviada por el Senado en materia de seguridad nacional, particularmente, propiciar que la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública no se vea comprometida por la incertidumbre judicial por presuntas faltas o delitos de los soldados. Es fundamental reiterar lo indisputable del mando del presidente de la República sobre el Ejército y la Marina. Debe definirse un procedimiento ágil y expedito para el despliegue de las fuerzas armadas sobre la base de que hay un comandante supremo y autoridad única en las decisiones del caso.

Otro aspecto a considerar de manera urgente se refiere a las condiciones que se requieren para que la elección de 2012 se desarrolle con normalidad. Es conveniente cambiar la ley para que el recuento en casillas por la proporción de votos nulos no retrase el cómputo final de la elección, así como precisar las causas de nulidad para abatir la discrecionalidad judicial. La necesidad de acabar con el espotismo y dar mayor espacio al debate es una exigencia compartida. Es fundamental que la Cámara apruebe a los tres integrantes del Consejo del IFE, lamentablemente ha crecido la postura absurda de un sector de la comentocracia en el que para ellos el suscribir una postura anti-PRI se vuelve, como sucedió en el pasado, un argumento que automáticamente abona a la imparcialidad. La decisión debe resolverse a partir de la independencia de los consejeros sobre los partidos que los han promovido o respaldado, situación que se complica por la actitud sistemática anti-PRI que muestra la mayoría de los actuales integrantes del Consejo General del IFE, un efecto previsible e indeseable producto de la contrarreforma electoral de 2007.

Ante el enfrentamiento político de las fuerzas y la inevitable crítica al gobierno federal por parte de la oposición a manera de abrir paso a la alternancia, es importante que los gobiernos locales y el federal amplíen la base de entendimiento y acuerdo. El desencuentro entre autoridades municipales y la Conagua por las lluvias torrenciales en el valle de México en días pasados son actitudes que no deben presentarse. Lo mismo ha ocurrido en Tamaulipas a manera de trasladar responsabilidad sobre los desagarradores secuestros y ejecuciones de transeúntes en carreteras federales y centrales camioneras. El ciudadano espera de las autoridades que están para actuar, no para remitir a terceros o a otras instancias las explicaciones por los errores, omisiones o fallas.

Frente a esta circunstancia es necesario un alto en el camino. Las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit, Hidalgo y posteriormente Michoacán no deben servir para el deterioro del entorno político nacional. Los problemas que el país enfrenta obligan a las autoridades a sustraerse de la inercia electoral. Dejar que los partidos y sus candidatos hagan su parte en la competencia por el voto y que las autoridades gobiernen y cumplan con lo que determina la ley. Los enemigos —de la sociedad civil y de la sociedad política— están en otra parte y no disputan el poder a través del voto, del discurso o del ciclo electoral