Una exhortación a un nuevo radicalismo
El liberalismo clásico ha estado en decadencia por más de un siglo. Hace un tiempo desde la segunda mitad del s. XIX, los asuntos públicos han tomado forma cada vez más en base a ideas socialistas: comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, y más duraderamente, la socialdemocracia (liberalismo y neo-conservadurismo americanos).
En efecto, tan completa ha sido la victoria socialista que hoy algunos neo-conservadores han enunciado el “Fin de la Historia” y la llegada del “Último Hombre”, es decir, del último milenio de socialdemocracia global, supervisada por los Estados Unidos.
Ante esta situación, los liberales pueden reaccionar de dos maneras. Pueden sostener que el liberalismo es una doctrina sólida y que el público la rechaza a pesar de su verdad. O -y esto es lo que yo haré- uno puede considerar el rechazo como indicativo de un error en la propia doctrina.
El error central del liberalismo radica en su teoría del gobierno.
El liberalismo -tal como lo personifica Locke y lo expuesto por Jefferson en la Declaración de Independencia- se centraba alrededor de las nociones de auto-propiedad, apropiación original de recursos dados por la naturaleza, propiedad, y contrato, como derechos humanos universales. Frente a príncipes y reyes, este énfasis en la universalidad de los derechos colocó a los liberales en oposición radical a todo gobierno establecido. Para un liberal, todo hombre, ya sea rey o campesino, estaba sujeto a los mismos principios universales de justicia, y el gobierno podía derivar su justificación de un contrato entre dueños de propiedad privada, o no podía ser justificado en lo absoluto. ¿Pero podía ser justificado?
La respuesta liberal empezó con la proposición verdadera de que, asesinos, ladrones, matones, timadores, embaucadores, etc., siempre existirían, y que la vida en sociedad sería imposible si no se les amenazara con castigo físico. Para mantener el orden liberal, era necesario obligar mediante amenazas o aplicación de violencia a quien no respetara la vida y la propiedad de los demás. De esta premisa los liberales concluyeron que esta tarea de mantenimiento de la ley y el orden es la función esencial del gobierno.
Que la conclusión haya sido correcta o no, depende de la definición de gobierno. Es correcta, si gobierno simplemente significa cualquier individuo o empresa que proporciona servicios de protección a una clientela que paga voluntariamente. Pero esta no es la definición adoptada por los liberales. Para un liberal, el gobierno no es una empresa especializada. El gobierno tiene dos características únicas. Tiene un monopolio territorial obligatorio de jurisdicción (toma última de decisiones), y el derecho a gravar impuestos. Pero si uno asume esta definición de gobierno, la conclusión liberal es claramente falsa.
De hecho, es inconcebible cómo dueños de propiedad privada pudieron haber entrado en un contrato que diera derechos a otro agente, para obligar a cualquiera en un territorio dado a que acudieran a ese agente exclusivamente para conseguir protección y justicia. Tal contrato monopólico implicaría que todo dueño de propiedad privada había renunciado a su derecho a la última palabra en cuanto a su persona y propiedad, otorgándolo a otra persona. En efecto, se había sometido a sí mismo a la esclavitud. Pero nadie justamente puede, ni probablemente querrá, consentir en volver indefenso a su persona y propiedad ante las acciones de alguien más. Similarmente inconcebible es que alguien dotara a su protector monopólico con el derecho a cobrar impuestos. Nadie puede, o entrará en un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la suma que el protegido debe pagar por protección.
Los liberales han tratado de resolver esta contradicción interna con la improvisación de acuerdos “implícitos” o “conceptuales”, contratos, o constituciones. Sin embargo, todos estos intentos sólo han sumado a la misma inevitable conclusión: que es imposible derivar una justificación del gobierno a partir de contratos explícitos.
La errónea aceptación del gobierno como coherente con los principios de auto-propiedad, propiedad privada y contrato, ha conducido al liberalismo a su propia destrucción.
Primero, se sigue del error inicial, que la solución liberal al problema de la seguridad -un gobierno limitado constitucionalmente- es un ideal contradictorio.
Una vez que el principio de gobierno es admitido, cualquier noción de restringir el poder del gobierno es ilusoria. Incluso si, como los liberales han propuesto, un gobierno limitara sus actividades a la protección de los derechos de propiedad privada existentes, surge la interrogante de cuánta seguridad debe producirse. Motivado por el interés propio y la desutilidad del trabajo, pero con el poder de cobrar impuestos, la respuesta de un agente del gobierno será invariablemente la misma: maximizar gastos y minimizar producción. A más dinero uno puede gastar y menos tenga que trabajar, mejor se estará.
Más aún, un monopolio judicial disminuirá la calidad de la protección. Si ante nadie más excepto el gobierno se puede reclamar justicia, la justicia será pervertida a favor del gobierno, a pesar de las constituciones. Las constituciones y las Cortes Supremas son constituciones y agencias guberanamentales, y cualquier limitación que pudieran contener o encontrar es decidida por agentes de la misma institución en consideración. Predeciblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas y el alcance de la jurisdicción ampliada para ventaja del gobierno.
En segundo lugar, se sigue del error en cuanto al status moral del gobierno, que la vieja preferencia liberal por un gobierno local -descentralizado y pequeño- es inconsistente.
Una vez admitido que, a fin de imponer la cooperación pacífica entre dos individuos A y B, está justificado tener un monopolista judicial X, se sigue una doble conclusión. Si más de un monopolista existe, X, Y y Z, entonces, así como no puede haber paz alguna entre A y B sin X, tampoco puede haber allí paz alguna entre los monopolistas X, Y, y Z mientras estos permanezcan en un ‘estado de anarquía.’ De ahí que para lograr el desideratum liberal de paz universal, sea necesaria toda centralización política y en última instancia un único gobierno mundial.
Finalmente, se sigue, del error de aceptar al gobierno, que la antigua idea de la universalidad de los derechos humanos es confusa y que bajo el título de ‘igualdad ante la ley’ se la haya transformado en un vehículo del igualitarismo.
Una vez que el gobierno se ha presumido justo, y los príncipes hereditarios excluidos como irreconciliables con la idea de los derechos humanos universales, surge la pregunta de cómo hacer compatible el gobierno con la idea de universalidad de los derechos humanos. La respuesta liberal es abrir la entrada al gobierno a todos, en términos iguales, via democracia. A todos -no sólo a la clase hereditaria de nobles- se les permite ejercer todas las funciones del gobierno. Sin embargo, esta igualdad democrática es muy diferente de una ley universal, aplicable por igual a todos, en todo lugar y todo momento. De hecho, el viejo cisma desagradable de una ley más alta de los reyes versus una ley subordinada para los sujetos ordinarios, se conserva en democracia con la separación de la ley pública versus la privada y la supremacía de la primera sobre la segunda. En una democracia no existe ningún privilegio personal, ni personas privilegiadas. Sin embargo, sí existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios oficiales son gobernados y protegidos por la ley pública y ocupan así una posición privilegiada frente a personas que actúan meramente bajo la autoridad de la ley privada. Los privilegios y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. En vez de ser restringidos a príncipes y nobles, los privilegios, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán a disposición de todos.
Predeciblemente, en condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio –de aumentar precios y disminuir calidad– será solamente más pronunciada. En lugar de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un custodio temporal es puesto a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras esté en el poder se le permite el uso del mismo, para ventaja suya y de sus protegidos. Es dueño de su uso corriente – el usufructo – pero no de su capital social. Esto no eliminará la explotación. Al contrario, hará a la explotación menos calculadora y será llevada a cabo con poca o ninguna consideración por el capital social, es decir, sin visión de futuro. Es más, la perversión de la justicia ahora procederá aún más rápidamente. En vez de proteger derechos de propiedad privada preexistentes, el gobierno democrático se convierte en una máquina de redistribución de derechos de propiedad existentes en nombre de una ilusoria ‘seguridad social’.
A la luz de esto, se puede buscar una respuesta a la pregunta sobre el futuro del liberalismo.
Teniendo en cuenta su error sobre el estatus moral del gobierno, el liberalismo en realidad contribuyó a la destrucción de todo aquello que se había propuesto preservar y proteger: la libertad y la propiedad. El liberalismo, entonces, en su forma presente no tiene ningún futuro. O mejor dicho, su futuro es la socialdemocracia.
Si el liberalismo ha de tener algún futuro, debe reparar su error. Los liberales deben reconocer que ningún gobierno puede ser justificado contractualmente y que todo gobierno es destructivo de lo que quieren preservar. Es decir, el liberalismo tendrá que ser transformado al anarquismo de propiedad privada (o a una sociedad de derecho privado), tal como fue esbozado hace casi 150 años por Gustave de Molinari y en nuestros días elaborado por Murray Rothbard.
Esto tendría un doble efecto. Primero, conduciría a una purificación del movimiento liberal. Los socialdemócratas con ropaje liberal y muchos funcionarios gubernamentales se disociarían de este nuevo movimiento. Por el otro lado, la transformación conduciría a la radicalización de este movimiento. Para aquellos viejos liberales que todavía se aferran a la clásica noción de derechos humanos universales y consideran a la auto-propiedad y a la propiedad privada antes que el gobierno, la transición es sólo un pequeño paso. El anarquismo de propiedad privada es simplemente liberalismo consistente; o liberalismo restaurado a su intención original. Pero aún este pequeño paso tendría implicaciones cruciales.
Al dar ese paso, los liberales denunciarían al gobierno democrático como ilegítimo y reclamarían su derecho a la autodefensa. Políticamente, volverían a los principios del liberalismo como un credo revolucionario. Al negar la validez de los privilegios hereditarios, los liberales clásicos se colocaban en oposición fundamental a todos los gobiernos establecidos. El mayor triunfo del liberalismo – la Revolución americana – fue el resultado de una guerra de secesión. Y en la Declaración de Independencia, Jefferson había afirmado “siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructivo de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, es el derecho de la gente de alterarlo o abolirlo”. Los anarquistas de propiedad privada sólo reafirmarían el derecho liberal clásico “de derrocar dicho gobierno, y proporcionar nuevos guardias para su seguridad futura”.
Por supuesto, por sí mismo el renovado radicalismo del movimiento liberal sería de poca consecuencia. En cambio, es la visión inspiradora de una alternativa al presente orden, que fluye de este nuevo radicalismo, lo que, en todo caso, romperá la máquina socialdemocrática. En vez de integración política supranacional, gobierno mundial, constituciones, cortes, bancos, y dinero, los liberales anarquistas proponen la descomposición del estado-nación. Como sus antepasados clásicos, los nuevos liberales no buscan apoderarse del. Lo ignoran y quieren que los deje en paz, y quieren separarse de su jurisdicción para organizar su propia protección. A diferencia de sus precursores quienes meramente procuraron sustituir un gobierno más grande por uno más pequeño, los nuevos liberales siguen la lógica de la secesión hasta su fin. Proponen una secesión ilimitada, es decir, la proliferación irrestricta de territorios libres independientes, hasta que el rango de la jurisdicción del estado finalmente se marchite. Con este fin – y en total contraste con los proyectos estatistas de ‘Integración Europea’ y de un ‘Nuevo Orden Mundial’ – los nuevos liberales promueven la visión de un mundo con decenas de miles de países, regiones, y cantones libres, de cientos de miles de ciudades libres – como las rarezas actuales de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, (anteriormente) Hong Kong, y Singapur – y distritos y barrios aún más libres, económicamente integrados por el libre intercambio (¡mientras más pequeño sea el territorio, mayor es la presión económica para optar por el libre comercio!) y por un estándar del oro como base monetaria internacional.
Si, y cuando, esta visión gane prominencia en la opinión pública, el fin del “Fin de la Historia” socialdemocrático habrá llegado y un renacimiento liberal habrá comenzado.
Aquiescencia
Aquiescencia
“Aquiescencia” es la palabra más consecuentemente descuidada en ciencias políticas. Ella sola establece que el impuesto es un robo y que el gobierno es criminal, al dar un nombre para algo que está entre el consentimiento y la confrontación.
El concepto de aquiescencia, e incluso la palabra, es a menudo agrupado de forma incorrecta con “consentimiento”, de este modo confundiendo sumisión ante una fuerza abrumadora, con el consentimiento libremente elegido. Por ejemplo, si la gente evade impuestos, debe afrontar el encarcelamiento y más extorsión. Por lo tanto el pago de impuestos no prueba el consentimiento, no más que el pago de un rescate transforma al secuestro en mero babysitting.
Esto no quiere decir que todos los que viven bajo un gobierno se levantarían en su contra si pudieran. Más bien, es para señalar que la aquiescencia ante el gobierno no es evidencia de su consentimiento. Así que los defensores del gobierno no pueden apuntar a una aquiescencia generalizada como prueba de consentimiento. Deben obtener contratos escritos, firmados y con testigos, si quieren decir que son legítimos. Y esa institución, con contratos por escrito, firmados y con testigos, se asemejaría a una entidad de libre mercado, no a un gobierno.
La publicidad 'online' movió 26.000 millones de dólares
La publicidad 'online' movió 26.000 millones de dólares en 2010 sólo en EEUU
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Los ingresos obtenidos a través del negocio de la publicidad en Internet en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord en 2010, al llegar a los 26.000 millones de dólares (18.000 millones de euros).
Un informe encargado por parte de la Interactive Advertising Bureau (IAB) a la consultora PricewaterhouseCoopers apunta a que los ingresos por publicidad crecieron un 15% respecto a 2009. Según datos que recoge Associated Press, el anterior récord se registró en 2008, cuando los ingresos alcanzaron los 23.400 millones de dólares.
Asimismo, el informe apunta a que los ingresos registrados sólo en el cuarto trimestre de 2010, de 7.400 millones de euros, marcaron también un récord trimestral. Esa cifra fue un 16% superior a la del mismo periodo de 2009.
Por otro lado, el estudio calcula que los ingresos por publicidad a través del móvil ascendieron a entre 550 y 650 millones de dólares en 2010.
Prisa: el multimillonario mexicano
Prisa: el multimillonario mexicano Carlos Slim podría haber adquirido un 3% del capital
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Prisa ficha al número dos de Vocento
El hombre más rico del mundo, el magnate mexicano Carlos Slim, podría haber tomado entre un 2 y un 3% del conglomerado de medios Prisa, según informa hoy el diario El Confidencial citando a fuentes cercanas. Los títulos de Prisa han subido hoy un 1,43%, hasta 2,12 euros, aunque han llegado a subir cerca de un 5% durante la sesión.
Slim, que es amigo personal del ex presidente Felipe González, ya ha sonado en varias ocasiones como posible inversor en la compañía, especialmente cuando negociaba la reestructuración de su deuda tras la compra de Sogecable.
El diario online destaca que la inversión rondaría los 19 millones de euros a precios de mercado, mientras que desde Prisa (PRS.MC), una portavoz se limitó a señalar que el grupo no comenta rumores.
Ayer, la cabecera de referencia de Prisa, el diario El País, confirmó el nombramiento de José Luis Sainz como consejero delegado en sustitución de Juan Luis Cebrián, que ocupará la presidencia del rotativo.
Sainz, que ocupaba la dirección general de medios nacionales del grupo competidor Vocento, ocupará la presidencia ejecutiva del área de prensa de Prisa, además de ser consejero delegado de El País, según un comunicado del primer grupo de medios español.
El nuevo presidente ejecutivo del área de prensa de Prisa se encargará de la gestión de las cabeceras del grupo: el rotativo El País, el diario deportivo AS y el periódico económico Cinco Días y también de la parte en el diario francés Le Monde (15% antes de la recapitalización).
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