De la corrupción en México

Leo Zuckermann

Muchos de los trámites gubernamentales están diseñados para fomentar la corrupción. Doy un ejemplo. En el Distrito Federal, si usted conduce un automóvil que está a nombre de una empresa y su coche se lo lleva la grúa al corralón, pues sólo el representante legal de la empresa puede ir a sacar el vehículo del depósito llevando, para tal efecto, la escritura de la persona moral y la factura original del vehículo. El conductor tiene que saber esto porque, si ingenuamente se presenta en el corralón, no podrá sacar el auto mientras no vaya el representante legal de la empresa.

¿Por qué la autoridad no puede entregarle el coche al que trae la llave en la mano? ¿Por qué existe este trámite tortuoso? Perdón, pero no puede haber otra explicación más que la necesidad de la autoridad de generar actos de corrupción para enriquecer a los funcionarios policiacos y sus políticos protectores.

Sería tan sencillo cambiar este procedimiento. Simplemente que le den el coche al que traiga las llaves y firme una carta responsiva. Incluso, si quieren, a esta persona que le saquen una foto digital. O, si quieren, que cuando una empresa compre un vehículo dé una lista de posibles conductores que puedan sacar ese auto de los corralones, lista que podría estar impresa en la tarjeta de circulación.

En fin, ideas hay muchas. El tema es que, en México, a pesar de ya contar con gobiernos democráticamente elegidos, seguimos teniendo altos índices de corrupción y, muchos de ellos, se deben a la impunidad que tienen las autoridades para diseñar trámites que sólo fomentan la “mordida”.

En este sentido, la semana pasada, Transparencia Mexicana publicó la quinta medición del Índice Nacional de Corrupción y de Buen Gobierno. Se trata de un magnífico estudio para medir cuántos actos de corrupción se realizan al año en México. El Índice no mide la gran corrupción gubernamental en licitaciones públicas, contratos multimillonarios o robo descarado de recursos públicos. El Índice mide la corrupción cotidiana que vivimos los ciudadanos en 35 trámites comunes, como que nos entreguen nuestra correspondencia, nos recojan la basura, nos conecten la luz, nos verifiquen nuestro vehículo, nos reciban de urgencia en un hospital público, nos den una constancia escolar o que podamos pagar el predial, una multa o sacar nuestro coche del corralón.

A continuación cito los principales resultados de este estudio en 35 trámites basado en una encuesta en más de 15 mil hogares de toda la República:

• En 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.

• En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos. En 2007 el promedio fue de 138 pesos.

• En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”. En 2007 este costo ascendió a 27 mil millones depesos.

• 16 entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 2007; en las otras 16 entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó.

• De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción y 21 empeoraron.

De acuerdo con el estudio, los hogares mexicanos gastan un promedio de 14% de sus ingresos en actos de corrupción. Pero, para los hogares más pobres, los que tienen un ingreso de hasta un salario mínimo, el impacto es mayor: representa hasta 33% de sus ingresos. Es decir, la corrupción es uno de los impuestos más regresivos que existen: le cuesta más a los que menos tienen. Un horror por donde se vea.