lunes, 30 de mayo de 2011

El 84% de los presuntos plagiarios está prófugo

El 84% de los presuntos plagiarios está prófugo, admiten autoridades

De diciembre de 2006 a 2010 la PGR ha obtenido dos mil 710 órdenes de detención por secuestro, pero sólo se han logrado cumplimentar 426

Aurora Vega
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo.- La Procuraduría General de la República (PGR) logró que, en lo que va del sexenio, diversos jueces libren dos mil 710 órdenes de aprehensión contra presuntos secuestradores. No obstante, sólo ha podido cumplimentar 426. Las dos mil 284 restantes —que significan 84% del total— están pendientes de ejecución.

El Sistema Único de Mandamientos Judiciales detalla que, de las órdenes que la PGR ha obtenido, mil 490 son contra plagiarios que integran bandas contempladas en el Código Penal Federal.

En tanto, por secuestro vinculado a cárteles de la droga obtuvo mil 220 órdenes de captura.

La dependencia federal, en su página de internet, precisa que la investigación del secuestro corresponde, en primera instancia, a las procuradurías locales, pues se trata de un delito del fuero común.

“La investigación de este delito, a pesar de no ser del ámbito federal, es del conocimiento de la PGR, siempre y cuando, además de ser cometido por miembros de la delincuencia organizada, el agente del Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de atracción”, explica la PGR en su página electrónica.

Detienen en 4 años a 16% de plagiarios

La Procuraduría General de la República (PGR) busca a más de dos mil presuntos secuestradores vinculados a decenas de casos de privación ilegal de la libertad en lo que va de la presente administración federal, revela el Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMJ).

De acuerdo con sus estadísticas, en lo que va del sexenio la PGR ha obtenido de jueces federales mil 490 órdenes de aprehensión contra presuntos plagiarios que estarían relacionados con diversas organizaciones delictivas, según lo que está contemplado en el Código Penal Federal, mientras por secuestro asociado a grupos del crimen organizado y cárteles de la droga ha conseguido mil 220.

En el documento en poder de este diario se muestra que, en total, esa dependencia federal ha obtenido dos mil 710 órdenes de aprehensión contra presuntos secuestradores, de las cuales sólo se han podido cumplimentar 426 (16 por ciento). El resto (84 por ciento) está pendiente de ejecución.

Por secuestro exprés son buscadas 35 personas en el ámbito federal a pesar de que este delito se persigue de oficio por las procuradurías de justicia locales.

Las órdenes de aprehensión que ha obtenido la PGR por el delito de privación ilegal de la libertad o por secuestro ante jueces federales se deriva del plagio de funcionarios públicos federales o servidores públicos extranjeros, o porque la institución ha decidido ejercer su facultad de atracción.

Así lo especifica la dependencia federal en su página de internet al referirse al secuestro, al precisar que este delito corresponde investigarlo a las procuradurías locales por tratarse de un acto delictivo del fuero común.

“La investigación de este delito, a pesar de no ser del ámbito federal, es del conocimiento de la Procuraduría General de la República, siempre y cuando, además de ser cometido por miembros de la delincuencia organizada, el agente del Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de atracción”, precisa la PGR.

En ese mismo apartado, precisa en su página de internet que “en caso de que el sujeto pasivo del delito de secuestro sea un diplomático, un servidor público de la Federación o un funcionario público extranjero será competencia de la autoridad federal, en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, y en caso de que no sea perpetrado por miembros de la delincuencia organizada, la investigación estará a cargo de un área de la PGR”.

Las estadísticas muestran que ha crecido la cifra de personas buscadas por el delito de secuestro en dos rubros contemplados en la ley federal y los otros en el Código Penal Federal.

Respecto del último rubro, en diciembre de 2006 fueron obtenidas diez órdenes de captura; en 2001, 229; en 2008, 378; en 2009, 407, y en 2010 fueron 466.

En cuanto a órdenes de captura emitidas por un juez federal respecto de casos de secuestro considerados en la ley contra la delincuencia organizada, en diciembre de 2006 la PGR obtuvo 19, en 2007 se incrementaron alrededor de 600 por ciento al otorgarse por un juez 267; para 2008 la cantidad subió a 335.

En 2009 hubo un descenso al otorgarse 327, y en 2010 solo se obtuvieron 272.

De alto riesgo

La dependencia federal indica en su página de internet que “El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene”.

“La conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas.Entre amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema, las características y consecuencias del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la población.”

La PGR indica en su sitio web que “el secuestrar personas conlleva a la obtención de grandes recursos económicos, por lo que la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento, convirtiéndose en una verdadera industria delictiva.

“Por ello que debe enfrentarse en todas las formas posibles, medios y recursos a este tipo de delincuentes, que en su actuación no tienen ninguna conmiseración para sus víctimas.”

Agrega que “la privación ilegal de la libertad es un delito contemplado dentro del título vigésimo primero del Código Penal Federal intitulado: Privación ilegal de la libertad y de otras garantías”, bajo los artículos 364, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 ter y 366 .

Se estipulan también en la ley castigos “de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener rescate; detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o causarle un daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera; o causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra.”

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