Grecia puede pagar su deuda
Manuel Llamas
Si Atenas redujera el peso del Estado a la mitad (unos 60.000 millones), con la consiguiente privatización de pensiones, sanidad y educación, y vendiera el 50% de sus activos públicos, su deuda quedaría reducida al 70% del PIB
Todo apunta a que el segundo rescate de Grecia adoptará una fórmula similar a la de un concurso de acreedores propia de una empresa insolvente. Así, aunque ambos procesos cuentan con claras diferencias, la cuestión es que, por primera vez en la historia de la Unión Monetaria, las autoridades internacionales ya barajan extender el vencimiento de los bonos helenos con el consiguiente perjuicio para los tenedores privados de deuda para, posteriormente, aplicar probablemente un descuento en el valor nominal de los mismos en un futuro no muy lejano, cuando los bancos (principales acreedores) dispongan de un colchón suficiente para asumir las pérdidas sin riesgo de ser arrastrados. Es decir, el tradicional proceso de quita y espera, pero al revés –primero espera y después quita–.
Al mismo tiempo, los gestores de una empresa en problemas suelen perder el control de la misma durante el transcurso del proceso para acelerar las liquidaciones y la necesaria reestructuración a fin de cumplir los compromisos de pago en la medida de lo posible sin menoscabo de la futura supervivencia de la compañía. En este sentido, Bruselas y el FMI abogan ya abiertamente por tomar el control de las cuentas públicas helenas, aunque de forma más o menos indirecta, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el rescate, lo cual implicará perder parte de su soberanía nacional. De este modo, la UE pretende evitar el peor de los escenarios: el default puro y duro de Grecia y su probable salida del euro.
Sin embargo, el haber llegado hasta aquí es responsabilidad exclusiva de Atenas. La ausencia de reformas estructurales para alentar el crecimiento y el aumento exponencial del tamaño del Estado griego durante los últimos lustros han creado el caldo de cultivo ideal para el estallido de la brutal crisis de deuda pública que ahora padece el país. El problema es que, una vez que la espita saltó por los aires, Atenas, si bien reconoció parcialmente la enfermedad, se negó a poner en marcha de inmediato el imprescindible plan de choque que requería tal situación. De hecho, mal aconsejado por los técnicos internacionales, erró de plano en el tratamiento: subió los impuestos de forma generalizada y empleó una tijera para podar ramas cuando, en realidad, precisaba de una motosierra capaz de cortar árboles e, incluso bosques enteros.
El Estado griego es, simplemente, enorme, y su peso ahoga de forma trágica la escasa capacidad productiva del país. Pero liquidar un Estado nunca ha sido tarea fácil. De hecho, los políticos prefieren declarar la bancarrota nacional (negarse a pagar lo que deben) antes de perder su poder en favor del sector privado. Cuando un Estado tiene problemas para pagar lo normal es que no pague, según ha venido demostrando la historia a lo largo de los siglos: o bien entra en suspensión de pagos o bien genera inflación a toda máquina para evaporar el valor nominal de la deuda contraída.
El caso griego es distinto: en primer lugar, si se niega a pagar de forma unilateral, saldrá del euro; en segundo lugar, al no poseer autonomía monetaria para imprimir papel a su antojo, por suerte para griegos y acreedores, Atenas no podrá optar por devaluar las deudas asociadas, y de paso toda la riqueza del país, vía inflación. En este caso, el euro funciona a modo de patrón oro, ya que impide a los políticos helenos cometer el fraude masivo de erosionar el valor de la moneda de forma ruin y maliciosa.
Aún así, Grecia no pagará todo lo que debe, de ahí el término "reestructuración suave" empleado por la elite pública europea. Y no lo hará porque, a diferencia de una empresa, liquidar un Estado conlleva un elevadísimo coste político y electoral. Por desgracia, la mayoría de la población se niega a adelgazar el elefantiásico poder político de Atenas. Muchos viven directa o indirectamente del sector público, cuyo tamaño alcanza casi el 50% del PIB.
Su Gobierno tan sólo se compromete por el momento a recortar algo más de grasa corporal (gasto público), profundizar en las reformas para potenciar el crecimiento y privatizar activos por valor de 50.000 millones de euros hasta 2015. Estas medidas no evitarán la temida reestructuración, y Bruselas y el FMI son conscientes de ello. El Gobierno griego adeuda un total de 330.000 millones de euros, equivalente al 142,8% del PIB en 2010.
Sin embargo, su plan podría ser mucho más ambicioso. Según el Banco Central Europeo (BCE), Atenas posee una enorme cartera de activos públicos, cuyo valor estimado asciende a 300.000 millones de euros, incluyendo empresas, infraestructuras, acciones, participaciones, suelo y todo tipo de bienes inmuebles. Tan sólo la agencia pública Hellenic Public Real Estate Corp. gestiona 75.000 propiedades inmobiliarias. Además, Grecia también podría vender islas, playas, oro y hasta monumentos si es necesario con tal de cumplir sus compromisos y evitar el doloroso estigma de la quiebra.
Pero ni siquiera haría falta llegar tan lejos: si Atenas redujera el peso del Estado a la mitad (unos 60.000 millones), con la consiguiente privatización de pensiones, sanidad y educación, y vendiera el 50% de sus activos públicos (otros 100.000 millones por lo bajo) su deuda quedaría reducida al 70% del PIB; ello, unido a un compromiso serio de equilibrio presupuestario (déficit cero) y a un ambicioso plan de reformas para liberalizar la economía y bajar impuestos, permitiría reducir aún más su endeudamiento a medio plazo por la vía del crecimiento económico.
Sobre el papel no parece un plan excesivamente complicado –episodios pasados demuestran que es posible–, pero resulta inviable en la práctica. Atenas lo rechazaría, los sindicatos lo impedirían, los electores lo odiarían... Grecia puede pagar, lo que pasa es que no quiere y, por lo tanto, no lo hará.
Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.
todo lo que encuentre el buscador, que no lo haga el Estado
El Test Google: todo lo que encuentre el buscador, que no lo haga el Estado
El ex gobernador de Minnesota plantea una reforma fiscal con una rebaja radical de los impuestos y un recorte drástico del gasto público.
Reducir impuestos, rebajar el gasto público, eliminar todos los organismos públicos que hagan cosas que se pueden encontrar en Google... Tim Pawlenty ha entrado en la campaña presidencial norteamericana haciendo mucho ruido. Queda más de un año para las elecciones en las que Barack Obama se jugará su permanencia en la Casa Blanca, pero sus posibles rivales ya van tomando posiciones.
Hace unos días, Mitch Daniels, gobernador de Indiana y una de las figuras más prometedoras del Partido Republicano, anunció que dejaba la carrera, quizás por los pocos apoyos que tenía dentro de su propia formación. Sin embargo, Pawlenty ha decidido tirar para adelante y lo ha hecho presentando un programa económico muy novedoso, que podría remover los cimientos de la política estadounidense.
El planteamiento del ex gobernador de Minnesota se basa en su creencia de que es necesario que el Estado deje de tener la enorme presencia en la economía que ahora se atribuye. En su opinión, es mejor que sean los ciudadanos los que gasten su dinero según su criterio, en vez de los políticos. También cree que los recortes de impuestos estimularán el crecimiento, incrementado indirectamente la recaudación de la Administración, lo que permitiría reducir el déficit público. Vamos, el círculo virtuoso liberal que funcionó con Reagan o Clinton, por poner el ejemplo de dos presidentes muy diferentes.
Las propuestas
El candidato ha presentado esta batería de medidas económicas en los últimos días. Todas ellas podrían resumirse en dos grandes apartados: menos gasto público y menos impuestos.
- Reducción del impuesto sobre la renta: En primer lugar, Pawlenty propone una completa modificación del Impuesto sobre la Renta, consistente en excluir al 45% de los hogares norteamericanos del pago de este tributo. Para el resto, propone dos tramos: los primeros 50.000 dólares (100.000 para las parejas) tributarían al 10% y el resto al 25%.
- Reducción del Impuesto de Sociedades del 35% actual al 15%.
- Eliminación de los impuestos a las inversiones, los intereses bancarios, los dividendos accionariales o las herencias.
Con estas tres medidas, el candidato espera que la economía norteamericana crezca en el entorno del 5% durante una década (algo desconocido desde hace más de medio siglo), lo que proporcionaría unos ingresos adicionales de 3,8 billones de dólares y permitiría reducir en un 40% el déficit público. Esto último es imprescindible, dada la enorme magnitud de los números rojos que va a dejar Barack Obama en las cuentas públicas y lo pequeño que, en realidad, será en la práctica su compromiso de recorte del déficit (cien veces menos de lo anunciado), tal y como avanzó Libre Mercado.
Además, Pawlenty propone una fuerte reducción del gasto público, que ejemplifica con dos medidas llamativas e interesantes:
- Google Test: "Si puedes encontrar en Google alguna empresa privada que ofrece un determinado bien o servicio entonces, probablemente, el Gobierno Federal no debería encargarse de ese bien o servicio". Sería algo así como cerrar la enorme cantidad de organismos y empresas públicas que realizan actividades que el mercado puede satisfacer de forma mucho más eficaz y barata. Si se aprobase sería algo revolucionario.
- Regulación: El republicano propone que el Congreso vote de nuevo todas las regulaciones vigentes y que se deroguen todas aquéllas que no obtengan mayoría. Sería una manera muy curiosa de eliminar gran parte de la legislación redundante y que sólo contribuye a aumentar la asfixia regulatoria que sienten ciudadanos y empresas.
Todo lo planteado por Pawlenty en materia económica suena muy bien a los liberales (en el sentido europeo de la palabra). ¿Lo mantendrá si llega al cargo? Ésa es la pregunta que muchos se harán y que al menos hasta enero de 2013 no tendrá respuesta, siempre que finalmente el republicano sea el que pugne con Obama por la Presidencia de la primera potencia mundial.
"La guerra contra las drogas sólo beneficia a narcotraficantes y gobiernos"
Robert Higgs: "La guerra contra las drogas sólo beneficia a narcotraficantes y gobiernos"
"La guerra contra las drogas ha fracasado", según la Comisión Global en esta materia. El economista Robert Higgs explica los efectos de esta prohibición.
Cada cierto tiempo reaparece en la escena el debate acerca de la legalización de las drogas y los efectos de la actual guerra contra este producto prohibido. El ex presidente del Gobierno Felipe González reavivó dicha discusión recientemente.
De hecho, parece que el debate internacional sobre este asunto acaba de concluir a nivel oficial. "La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo". Ésta es la primera oración del informe publicado por la Comisión Global de Políticas de Drogas, un panel de 19 miembros que incluye, entre otros, al ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) y al ex secretario general de la OTAN Javier Solana.
Sin embargo, más allá de las modas del momento e independientemente de que algún líder conocido hable o no del tema, lo cierto es que el asunto es realmente grave y delicado. Aunque los medios de comunicación españoles apenas se hagan eco, abundan las trágicas noticias que hacen referencia a muertos inocentes por la acción de los cárteles más poderosos de la droga. Países como México y Colombia, o incluso Guatemala, sufren casi a diario las consecuencias de esta violencia.
En este último país la violencia se ha desatado en los últimos años. Recientemente, una organización criminal mexicana que busca ganar control en el comercio de la droga en Guatemala perpetró una masacre en la granja de Los Cocos, asesinando a 27 personas. Días más tarde, un oficial dedicado a investigar a esta banda fue secuestrado y asesinado por sus miembros. Estos dos hechos son, sin embargo, simples gotas en un océano de sangre y violencia.
En este escenario, economistas de gran prestigio como los premios Nobel Milton Friedman o Gary Becker han propuesto la legalización, y acabar con la llamada "guerra contra las drogas", como vía para poner fin a la salvaje violencia de los narcotraficantes internacionales.
Robert Higgs, economista del Independent Institute, tuvo ocasión de empaparse de las preocupaciones de los guatemaltecos a raíz de la reciente oleada de violencia con motivo de su viaje a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Por ello, y por sus escritos sobre la materia, Libre Mercado entrevista a Higgs para conocer su opinión respecto a la guerra contra las drogas, sus consecuencias y soluciones.
Pregunta (P): ¿En qué consiste exactamente la guerra contra las drogas en EEUU? ¿Cuándo surgió?
Respuesta (R): Muchos gobiernos estatales y locales de Estados Unidos adoptaron la prohibición y distintas restricciones al comercio de bebidas alcohólicas y tabaco a finales del siglo XIX. Más tarde, en 1919, el movimiento anti-alcohol tuvo éxito al conseguir la prohibición de la producción y comercio de bebidas alcohólicas por el Congreso con la decimoctava enmienda a la Constitución americana.
La legislación resultante, la Ley Volstead (Ley Seca), estuvo operativa desde 1920 a 1933, período en el que los mercados negros, las bandas criminales y los crímenes violentos aumentaron con intensidad. Cuando la prohibición nacional se eliminó en 1933 la tasa de criminalidad cayó sustancialmente. La mayoría de americanos desde entonces ha coincidido en que la prohibición fue una política desastrosa.
Con todo, empezando en la década de 1960, y en respuesta a las "desviaciones sociales" relacionadas con los movimientos contraculturales y antiguerra de la época, se incrementaron los esfuerzos para imponer leyes contra la elaboración y el comercio de determinadas drogas. De nuevo, los mercados negros, con su violencia asociada, aumentaron fuertemente a medida que las autoridades intentaron eliminar del mercado productos que eran demandados por decenas de millones de norteamericanos.
El Gobierno estadounidense presionó a otros gobiernos nacionales para unirse en su guerra contra las drogas, y pronto esta guerra se convirtió en un fenómeno de alcance global. Cárteles internacionales poderosos aparecieron para controlar el comercio de la droga, y muchos funcionarios del Gobierno se corrompieron como resultado, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Con cantidades tan enormes de dinero en juego, esta corrupción era inevitable. Países como Colombia y México se convirtieron en el escenario de guerras entre los cárteles y las fuerzas gubernamentales por el control del comercio de la droga.
P: Aparte de lo que ha señalado, ¿cuáles son las otras consecuencias de esta guerra para los ciudadanos?
R: Las consecuencias incluyen costes tremendos para los contribuyentes en forma de gastos gubernamentales de policía y otro tipo de personal dedicado a hacer cumplir estas leyes; gran aumento de las tasas del crimen violento; y pérdidas sustanciales de libertades, dado que las autoridades han violado el derecho a la privacidad de la gente y confiscado propiedades privadas.
La tensión social y el conflicto también se han incrementado porque importantes grupos de población no están de acuerdo con la moralidad y sabiduría de la guerra contra las drogas. En Colombia y México, decenas de miles de personas han muerto por esta guerra.
P: ¿Existe alguna relación entre los gobernantes y los grandes carteles de la droga? ¿Hay intereses ocultos en toda esta trama?
R: Los políticos estadounidenses apoyan generalmente la guerra contra las drogas debido a que ganan los votos de aquéllos que están a favor, pero no tienen por qué perder los votos de quienes se oponen a ella. La gente en la izquierda, por ejemplo, no es probable que vote a un candidato republicano, incluso si el candidato demócrata defiende esta guerra, a la que se oponen muchos en la izquierda.
Por otro lado, numerosos políticos y oficiales policiales reciben sobornos monetarios y otras recompensas de los traficantes. En algunos países, los cárteles de la droga han penetrado en todos los niveles del Gobierno, desde el más bajo al más alto.
P: ¿Cuál sería la solución para acabar con todo el crimen asociado al mundo de la droga? Se habla de legalizar su uso, ¿sería eso efectivo?
R: Dado que las personas involucradas en el comercio de las drogas ilegales no pueden, obviamente, resolver las disputas en el sistema legal, las resuelven de forma violenta entre ellos mismos.
Estos conflictos tienen efectos sobre terceras partes inocentes que poco tienen que ver en esto, quienes sufren en diversas formas: algunos mueren en fuego cruzado; otros mueren como consecuencia de redadas de la policía en lugares equivocados; algunos niños sufren porque sus padres están encarcelados por estar metidos en el comercio de la droga y su violencia relacionada; otras personas pierden valiosas propiedades debido a robos relacionado con la resolución de disputas.
En cambio, si las drogas no fueran ilegales serían fabricadas y vendidas como bienes normales; con un riesgo menor para sobrellevar el negocio, los costes de producción y los precios del producto serían menores. El número de usuarios podría incrementar, pero es improbable que lo hiciera en gran número, dado que actualmente casi todo el mundo que desea utilizar sustancias ilegales consigue hacerlo, a pesar de los altos costes y riesgos.
Por supuesto, la mayoría de gente no tendría interés en consumir marihuana, cocaína y heroína, aunque estos productos fueran legales. Cuando la Prohibición acabó en 1933, la tasa de crímenes violentos cayó considerablemente; lo mismo ocurriría ahora si las drogas ilegales fueran legalizadas.
P: ¿Qué posibilidades hay de que la administración Obama o las siguientes aprendan de sus errores y reviertan estas políticas?
R: Para los gobiernos que las han adoptado, estas políticas no son errores. Las adoptaron porque percibieron que así servirían sus propios intereses ampliando sus presupuestos, personal y poder. La experiencia ha mostrado que su valoración era correcta: los gobiernos que han perseguido la guerra contra las drogas han atraído más dinero (a través de canales tanto legales como corruptos), más personal, y mayores poderes.
Ellos no tienen ninguna razón para lamentar la adopción de estas políticas; tan sólo el público general ha sufrido, y lo cierto es que los gobiernos tienen poco o ningún interés auténtico en el bienestar de la gente. Mientras los gobiernos puedan continuar con estas medidas sin fuertes resistencias y oposición, simplemente, las seguirán manteniendo.
La mayoría de ciudadanos seguirán sufriendo sus nefastos efectos; muchos sufrirán encarcelamiento; y otros muchos morirán. Estas terribles consecuancias no son mera especulación, se producirán con certeza (tal y como viene ocurriendo desde hace décadas).
La guerra contra las drogas ha fracasado
LIBERTADES
La guerra contra las drogas ha fracasado
Por Juan Carlos Hidalgo
 | "La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo". Esta es la primera oración de un informe que acaba de publicar la Comisión Global de Políticas de Drogas, un panel de 19 miembros que incluye, entre otros, al ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) y al ex secretario general de la OTAN Javier Solana. |
El informe también lo firma el primer ministro de Grecia, Georgios Papandreou, el único jefe de gobierno en ejercicio que denuncia abiertamente la prohibición de las drogas.
El reporte dice todas las cosas correctas: la prohibición ha fracasado en lo relacionado con la disminución del consumo mundial de drogas, y más bien ha llevado a la creación de mercados negros y redes criminales que recurren a la violencia y a la corrupción a la hora de conducir su negocio; esta violencia vinculada al narcotráfico amenaza la estabilidad institucional de países enteros, sobre todo en algunos que están en vías de desarrollo; además, la prohibición ha provocado la estigmatización y marginalización de la gente que consume drogas ilegales, lo cual dificulta la ayuda a los adictos.
El reporte también denuncia lo que muy apropiadamente llama el "imperialismo del control de drogas", es decir, cómo Estados Unidos ha "trabajado enérgicamente durante los últimos 50 años para asegurar que todos los países adopten el mismo enfoque rígido en la política de drogas".
En la sección de recomendaciones destaca la experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas, y menciona el estudio que publicamos en el Cato Institute al respecto. Y, quizás más importante aún, indica que la legalización de las drogas es "una opción política que debería explorarse con el mismo rigor que cualquier otra". Hasta ahora, informes similares habían denunciado la guerra contra las drogas y quizás recomendado la despenalización del consumo de marihuana y otras drogas suaves, pero nunca se había llegado al punto de contemplar la legalización como alternativa.
Sin duda alguna, se trata de un documento que recibirá mucha cobertura mediática en los próximos días y semanas. Es el espaldarazo de más alto perfil que hasta el momento ha recibido la idea de reformar las políticas sobre drogas imperantes en el mundo. Y al contar con el actual primer ministro griego entre sus signatarios ofrece la esperanza de que otros gobernantes en ejercicio se unan al llamamiento para acabar con la fracasada guerra contra las drogas.
Allá por 1998, o sea, mucho antes de asumir su cargo, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó una declaratoria similar a ésta, y desde que llegó al poder ha discutido abiertamente la necesidad de legalizar las drogas. ¿Sería mucho pedir que Santos ejerza un muy necesitado liderazgo regional en la materia?
El desafío de Ollanta Humala
PERÚ
El desafío de Ollanta Humala
Por Carlos Alberto Rosales Purizaca
 | Una vez culminado el proceso electoral, en el que participaron cerca de 20 millones de ciudadanos, los resultados reflejan que será Ollanta Humala quien tendrá el enorme desafío de asumir el próximo gobierno del Perú, a partir del 28 de julio. Ante sí tiene una serie de retos que deberá asumir de forma responsable e inmediata. |
La peruana es una sociedad profundamente fragmentada. Durante esta última contienda política el país llegó a una polarización nunca antes vista. Por eso Humala tiene el imperativo ético de reconciliar a todos los peruanos, al margen de su condición política, teniendo en cuenta que casi la mitad de los votantes no comparte sus propuestas. Es lamentable la cantidad de intolerancia, racismo e insultos registrada en las redes sociales. Humala debe tender puentes con los partidos políticos y las agrupaciones sociales para llegar a acuerdos en beneficio de todos.
Por otro lado, ha de despejar cualquier tipo de incertidumbre en el plano económico. Para eso, debe informar de quién será su ministro de Economía, el jefe de su gabinete y el presidente del Banco Central de Reserva.
Los días previos a la elección, Humala habló de una redistribución de la riqueza que permita una mejora sustantiva en la situación de los más pobres, así como de la ejecución de algunos programas sociales. Es positivo que la economía tenga un hondo sentido social, lo cual no logró Alejandro Toledo, pero se debe aclarar de qué forma se financiarán esas iniciativas dirigidas a los más pobres. Humala debe garantizar que se respetarán los tratados de libre comercio firmados con varios países, y que se mantendrá una disciplina fiscal coherente.
Los simpatizantes de Humala mostraron su alegría por los resultados electorales, pero precisaron que el presidente electo debe cumplir sus promesas. Así pues, Humala estará sometido a una presión muy fuerte, para que satisfaga las demandas de la población y para que maneje responsablemente la economía, lo cual pasa por el respeto a la libertad de empresa y a la inversión privada y extranjera.
Una de las grandes debilidades del Estado peruano son sus instituciones. He aquí uno de los grandes retos. Hay que fortalecer las instituciones, de modo que el ciudadano se sienta representado por cada una de ellas; sobre todo el poder judicial, para que actúe con imparcialidad, sin someterse a intereses de ningún tipo.
No puedo dejar de mencionar que, junto a las garantías de un crecimiento económico sostenido, Humala deberá ser el protagonista de un cambio que permita mejorar la calidad educativa en todos sus niveles y formas, si es que realmente pretende llevar el país adelante. La educación está muy venida a menos. Humala debe nombrar un ministro de Educación capaz de establecer políticas que aseguren la calidad del aprendizaje, que incentive el desarrollo de la investigación científica y la promoción de la familia en la sociedad.
Humala tiene la oportunidad de convertirse en un gobernante de izquierda moderada que continúe las políticas económicas exitosas y emprenda las reformas oportunas sin poner en riesgo la estabilidad y el crecimiento peruanos, que tanto esfuerzo han supuesto. Para ello deberá contar con un equipo de técnicos independientes que transformen la gestión pública para mejorar la calidad del servicio al ciudadano, que muchas veces no se siente representado por el Estado.
Los peruanos sensatos estamos llamados a ser fieles a nuestros principios cívicos y celosos vigilantes de la democracia. Por eso, debemos formar parte de una oposición constructiva que no solo emita propuestas desde las distintas instancias de la sociedad civil, sino que exija que se respeten la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el desarrollo económico y la actual Constitución.
Manual del perfecto liberal cosmopolita
'PASIÓN POR LA LIBERTAD'
Manual del perfecto liberal cosmopolita
Por José María Albert de Paco
 | Cuando, hace ya demasiado tiempo, leí el Manual del perfecto idiota latinoamericano, yo todavía pertenecía a la tribu de izquierdistas que, en la tesitura de justificar el roce con un libro prohibido, invocaban la sacrosanta curiosidad intelectual. |
De aquel catecismo antidogmático (¡estatuario oxímoron!) me atrajo sobremanera el hecho de que fuera precisamente una terna de autores latinoamericanos quienes arremetieran sin ambages contra sus conciudadanos. Con todo, a quienes se tildaba de idiotas no era tanto a los latinoamericanos cuanto a los europeos, a las almas gentiles del viejo continente que saciábamos nuestra sed de exotismo amorrados a las venas abiertas de América Latina.
Mario Vargas Llosa, escritor adversativo donde los haya (la progresía suele abrochar los elogios a su obra con una ristra de peros que preceden al esputo "neoliberal"); Vargas Llosa, decía, apadrinó aquel bestseller maldito con un prólogo instructivo, terso, luminoso; los mismos atributos, en fin, que han impregnado su escritura desde que uno de sus trasuntos narrativos formulara la seminal pregunta: "¿En qué momento se jodió el Perú?".
El político y ensayista chileno Mauricio Rojas aborda en Pasión por la libertad la figura de ese otro Vargas Llosa, si es que cabe aplicar dicho adjetivo a quien, en las enciclopedias, debiera ilustrar con su franca sonrisa el concepto de integridad. Me refiero, claro está, al hombre que, para levantar a los socialdemócratas de los asientos, precisa agitar el salvoconducto de novelista decente; al despiadado derechista que, conforme a las caricaturas más recurrentes, aboga por que persista la hambruna africana, por que las ballenas se extingan y, en una postrera e íntima voluntad, por que el coco engulla a todos los niños del planeta.
Frente a esa daguerrotipo, Rojas (que ejerce de torero en el telón de acero o, lo que es lo mismo, de liberal en Suecia, su patria de acogida) nos presenta a un intelectual que defiende la legalización de las drogas, denigra el nacionalismo, propugna la separación de Iglesia y Estado y, por si fuera poco, al pan le llama pan, al vino, vino y a Pinochet, "ladrón" y "asesino". Demasiadas aristas para acoplarse en cualesquiera de las ideologías al uso. Ideologías, digo, y digo bien. Tal como Rojas suscribe certeramente, el activismo de Vargas Llosa no sólo es refractario a la izquierda, sino también a la derecha. No es por capricho que, en España, no haya brindado su apoyo al PP, sino al partido-de-rosa-díez. Ya puestos, tampoco es casual que la personalidad del PP que más ha ponderado su talante (¡habrá que ir refundando la palabra!) sea precisamente la más renuente al sectarismo, es decir, Esperanza Aguirre.
En poco más de un centenar de páginas, Rojas desgrana el pensamiento político del autor de La fiesta del Chivo y esboza algunos de los episodios en que su escritura se confunde con la vida. El más emocionante, sin duda, es el que le llevó a presentarse, en 1990, a las elecciones presidenciales de aquel Perú que volvió a joderse. Durante no menos de tres años, Vargas Llosa anduvo de poblado en poblado y de chamizo en chamizo pregonando que sus iguales no debían resistirse a ser parisinos; que había llegado la hora de que América dejara de ser el continente del futuro para ser el del presente, que ningún atavismo legitimaba que su patria fuera un parque temático al servicio del afán de exotismo de la Europa progre. Perdió las elecciones frente a Fujimori, pero dejó un legado al que, hoy en día, ningún intelectual que se precie puede sustraerse.
En España, el más diáfano ejemplo de vargasllosismo vino de la mano, en 2005, de un grupo de intelectuales catalanes que, adelantando por la derecha al PP y al PSC, se propusieron restablecer nada menos que la realidad, esto es, auspiciar la fundación de un partido no nacionalista que pusiera de relieve el alejamiento del poder respecto de la ciudadanía. Cumplido el expediente, los 15 regresaron a sus respectivos cuarteles de invierno y dejaron el fetillo en manos de las bases. No ha lugar al reproche: a diferencia de Vargas Llosa, ninguno de esos escribidores tenía la más remota posibilidad de ganar un premio Nobel.
Mas no perdamos el hilo de un hombre que entre sus más ilusorias y robustas ambiciones cuenta la de erradicar las injusticias que, de antiguo, se han cebado con América. Tras leer su última novela, El sueño del celta, escarbé en la arena cual si fuera un toro bravo y arremetí contra la prosa de mi Mario querido.
Uno de los principales defectos de El sueño del celta radica en que la peripecia de Roger Casement carece de enjundia; o de trapío, dicho sea en el lenguaje de tus afectos. Parecerá un contrasentido, máxime teniendo en cuenta las vilezas y aberraciones que desfilan ante los ojos del protagonista, pero lo cierto es que ninguna de ellas se acaba proyectando en el argumento con la virulencia que exige la ficción. En otras palabras, Vargas Llosa presenta a Casement como el centro de gravedad de una serie de acontecimientos que, en realidad, acaban por superarle de punta a cabo, condenándole al rol de observador airado. En este sentido, la ausencia de un nervio dramático que favorezca la conducción de lo estrictamente temático (el colonialismo) provoca que El sueño del celta rebose de pasajes que parecen extraídos de un libro de texto. Es lo que los expertos llaman enciclopedismo, una deficiencia que suele acompañar a esos primerizos que, antes que contar una historia, anhelan resumir el mundo. El otro gran defecto de la obra es subsidiario del enciclopedismo y tiene que ver con el punto de vista. Yo aspiraba a que la retórica patriotera que babea el personaje se sirviera liofilizada y aun uperisada, a que existiera algo semejante a una mediación entre las odas al terruño y el lector o, si se quiere, entre el cilicio y la razón. No creo que sea una aspiración descabellada; después de todo, Vargas Llosa es uno de los intelectuales que más y mejor han desnudado al nacionalismo.
Estas palabras son mías, lo que prueba que no hace falta ser de izquierdas o de derechas para no haber entendido nada. Ahora, después de leer a Rojas, no quepo en el gozo de mi error. La aventura de Casement, en efecto, no es más que el reflejo exaltado de un europeo que, en su delirio, pretende diseminar la libertad hasta donde le alcance la vista.
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