Nicaragua: ¿Socialismo del Siglo XXI o Fascismo Tropical?

Nicaragua: ¿Socialismo del Siglo XXI o Fascismo Tropical? – por Felix Maradiaga

Mucho se ha hablado sobre la verdadera definición del denominado Socialismo del Siglo XXI impulsado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, autonombrado caudillo de una supuesta revolución bolivariana que aspira a sentar bases en América Latina. Si en algún momento hubo quienes no tomaron en serio los delirios expansionistas de Chávez, basta con dar un rápido vistazo a las relaciones de poder entre Venezuela con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, hasta hace poco, Honduras.

Excluyo de esta lista a Cuba, pues aunque existe un tórrido “affair” entre el Castrismo y el Chavismo, a diferencia de países como Nicaragua, la isla caribeña deja claro que su relación con Venezuela debe ser una de provecho estratégico y político pero no de subordinación. Todo lo contrario. Mientras en Nicaragua Chávez es recibido cual jefe de un partido político en gira de campaña por uno de sus municipios por el dócil y solicito alcalde, en Cuba Chávez llega adoptando un cuidadoso porte de peregrino en tierra santa esperando ser bendecido por el Patrono.

Y es que en realidad Chávez aspira a ser el heredero de Castro en América Latina a pesar de carecer de muchas de las habilidades que han permitido que el anciano jefe del Partido Comunista Cubano mantenga, hoy a través de su hermano, un férreo control de la isla. Sin embargo, a carencia de una propuesta ideológica coherente y de otras cualidades necesarias para inspirar y movilizar, Chávez cuenta con reservas certificadas de petróleo a su disposición que hoy ascienden a más de 153 mil millones de barriles.

Al hablar de las carencias del Chavismo me refiero principalmente a la ausencia de un proyecto político coherente que sea capaz de sostenerse por su propio peso y no por el clientelismo petrolero. Dicho de otra forma, el denominado Socialismo del Siglo XXI es, a lo sumo, una arenga política anticapitalista pero que carece de un proyecto ideológico en el sentido más estricto de su acepción. Por proyecto ideológico me refiero a la “estructura conceptual de referencia que provee de criterios para la elección y la decisión en virtud de los cuales la mayoría de actividades de una comunidad organizada es gobernada” (Martin Serliger, citado por Sternhell, 1976, p. 318).

Lo que indudablemente existe en Venezuela es un proyecto Chavista de la misma forma en que en Nicaragua el sandinismo oficialista se convirtió en Orteguismo. Habrá quien me argumentaría que tanto el Orteguismo como el Chavismo, no por ser proyectos personalistas autoritarios de concentración del poder dejan de ser proyectos ideológicos en el sentido en que representan a un sistema y cuentan con un programa de acción. Si tal referencia fuese válida, cabria preguntarse entonces si otros fenómeno sociales y políticos como el caudillismo y el clientelismo también podrían ser tipificados como ideologías. ¡Por supuesto que no!

Tanto el caudillismo como el clientelismo son fenómenos de poder sustentados por mecanismos informales y difusos en la relación principal-agente en donde la interacción entre los actores del sistema es guiada por factores como la baja autoestima de los acaudillados, el intercambio de favores o la concesión de prestaciones. Para ilustrar mejor el ejemplo es adecuado aclarar que lo anterior no anula el hecho de que los acaudillados o los clientes no tengan, como grupos o como individuos, un punto de vista particular sobre la realidad, aspecto básico de toda ideología. No obstante, ambos fenómenos carecen de las bases intelectuales y conceptuales que movilicen la acción política, quedándose en expresiones de una relación transaccional.

En este sentido, es Socialismo del Siglo XX—en la acepción en que ha sido propuesta por ideólogos como A.V. Buzgalin y Heinz Dieterich Steffan—no es otra cosa más que un replanteamiento casi repetitivo de las mismas ideas anticapitalistas propuestas por Noam Chomsky y otros. Sin embargo, es innegable que es dicho concepto sí implica la articulación de una propuesta más o menos coherente de un sistema de creencias que intentan explicar la realidad sobre la base de las premisas básicas de Karl Marx, incorporando los aprendizajes experiencias e socialistas del pasado. Adicionalmente, el concepto de “Socialismo del Siglo XXI” también implica una reacción ante el poder hegemónico estadounidense.

En los casos concretos de Chávez y Ortega en Venezuela y Nicaragua, respectivamente, efectivamente se asoman algunos rasgos de la propuesta socialista, específicamente en lo referido al discurso de lucha de clases, el férreo antinorteamericanismo, el desdén por la propiedad privada y el impulso colectivista. No obstante, estos rasgos quedan totalmente opacados ante un proyecto más bien de culto a la personalidad que si bien no es del todo ajeno a la tradición socialista, al combinarse con otros aspectos adquiere una forma totalmente diferente.

¿Si no Socialismo, entonces qué es?

Antes de ilustrar el argumento de que el proyecto Chavista es en realidad una versión tropicalizada del fascismo, es importante recordar que el fascismo clásico desapareció con la derrota de los países del eje al concluir la segunda guerra mundial (Ej. el fascismo en España). Pero de igual forma que otras expresiones políticas desarrolladas en Europa llegaron a América de manera tardía y transformada, el fascismo también se vivió en América Latina bajo formas autóctonas. Tal fue el caso de las dictaduras de Perón en Argentina y Somoza en Nicaragua. Hoy aparece nuevamente en las persona de Chávez en Venezuela y, de manera germinal, con Ortega en Nicaragua.

En las opiniones de autores como Joan Antón, Joan Joseph Vallbé y E. Gentile, el fascismo es una expresión de dominación política totalitaria y revolucionaria guiadas por el objetivo central de subordinar y transformar la sociedad a través de la captura del Estado y el monopolio del poder desde un régimen de Estado-partido. Para ello, se aspira a un sistema político de partido único –o al menos hegemónico en el sentido en que lo define Sartori— guiado por un caudillo carismático que se atribuye la virtud de interpretar y encarnar casi metafísicamente las aspiraciones y la voluntad del pueblo.

El caudillo, además, concentra para sí todo el poder del partido y defines su acción política desde la perspectiva de una “revolución permanente contra enemigos exteriores e interiores.” Además, Antón agrega “se trata pues de una revolución política, cultural y espiritual” donde es imprescindible hacer pacto para alcanzar el poder con las fuerzas conservadoras. Este pacto marca los límites de la revolución fascista y el paso del “fascismo-movimiento al fascismo-régimen”.

Asimismo, “el fascismo aborrece la democracia liberal porque ésta favorece la cantidad respecto a la calidad…en tanto que concibe a la masa de la población como un ente incapaz de gobernarse”. En este sentido, el fascismo comparte una característica importante con otras expresiones de extrema derecha, como son el descrédito al sistema de democracia representativa y por ende al sistema políticos pluripartidistas al considerarlos expresiones de grupos de poder contrarios a los intereses del pueblo.

En consecuencia, el discurso político fascista hace constante referencia a la necesidad de una nueva democracia, “democracia verdadera” o “democracia pura”, le llamó Mussolini. La teoría de Democracia directa ofrece una sorprendente similitud a los argumentos de la sustitución de la clase política por el hombre común, esgrimidos por los fascistas europeos. ¡Basta de ya partidos! ha dicho Chavez.

Las similitudes no se detienen ahí, la concepción geopolítica del fascismo es fundamentalmente de antagonismo y conspiración, en tanto el caudillo tipifica de complot internacional cualquier crítica que venga de otras instituciones o personas basadas en el exterior. En consecuencia, la disidencia interna y la oposición, desde a óptica fascista debe ser necesariamente expresiones subversivas financiadas por el enemigo externo. Por ello, la oposición es definida como anti-nacionalista (vende-patria) en tanto el régimen político fascista cree ser la plataforma sobre la que debe sustentarse la nacionalidad misma.

Cualquier similitud con nuestra realidad, es pura coincidencia.

Nicaragua: Daniel Ortega en la lista estadounidense de “los más buscados” – por Juan Jesus Aznares

Nicaragua no es una democracia pues los poderes del Estado están controlados por dos personas, el presidente, Daniel Ortega, y el opositor Arnoldo Alemán, expresidente, que no cumplen cárcel porque en el país centroamericano no hay justicia independiente, según un cable de la embajada de Estados Unidos en Managua . Una serie diplomática titulada Nicaragua’s most wanted (Los más buscados de Nicaragua), en alusión a la lista del FBI con los nombres de los criminales más buscados, enumera los supuestos asesinatos, robo de caudales públicos, extorsiones, amenazas y abuso de poder atribuidos a Ortega, Alemán y al gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza.

Daniel Ortega, de 66 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Anteriormente, lo hizo en el periodo 1985-90. Alemán, de 65 años, empresario, fue presidente entre 1996 y 2001. Un año después fue condenado a 20 años de cárcel por masivo robo de dinero público. La Corte Suprema dictó en 2009 el sobreseimiento de los cargos de corrupción, con lo que ha regresado a la política. Ha presentado su candidatura en las presidenciales del próximo noviembre. El Estado de Derecho de Nicaragua depende de Ortega y Alemán, caudillos del FSLN y del conservador Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que en 1999 suscribieron un pacto por el que se repartieron el control de las instituciones nacionales.

Los cables enviados al Departamento de Estado por Paul Trivelli, embajador entre 2005 y 2008, son demoledores al dibujar un país de perfil mafioso. Se citan como fuente de las graves acusaciones contra los dos políticos las informaciones publicadas en los medios de comunicación y documentación de la propia embajada. Fueron redactados poco antes de las elecciones generales de 2007, ganadas por el sandinismo. El despacho referido a “los crímenes de Daniel Ortega y su familia” comienza con “el asesinato de Jean Paul Genie por guardaespaldas de Humberto Ortega”, en octubre de 1980, cuando el adolescente de 16 años trataba de adelantar en una carretera nacional al convoy oficial de Ortega, entonces ministro de Defensa. “El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó su control del poder judicial para ocultar el crimen. Nadie pagó por su muerte”.

Los hermanos Ortega habrían participado en el grupo que ordenó “la detención y tortura de miles de personas en cárceles y centros de internamiento”, hechos que ocurrieron en el contexto de la guerra de principios de los ochenta entre el sandinismo y los “contras”, financiados por EE UU. Siempre en ese entorno bélico, los dos jefes sandinistas “ordenaron numerosos asesinatos y desapariciones, incluyendo el asesinato de cientos de indígenas miskitos en sus asentamientos de la costa atlántica y la detención de miles en campos de concentración en 1981 y 1982″. Grupos de miskitos, apoyados por el Gobierno norteamericano, lucharon contra el FSLN en ese bienio para apoderarse de una franja del territorio nicaragüense en la que establecer un gobierno provisional opuesto al sandinismo y reconocido por Washington.

Cuando el cable alude a “la violación de su hijastra”, Zoiloamérica Narváez, el embajador precisa que Ortega se escudó en su inmunidad como diputado y en el sometimiento de los tribunales a su dictado para lograr que las acusaciones nunca fueran juzgadas. Ortega saboteó los esfuerzos del Gobierno, presidido entonces por el conservador Enrique Bolaños (2002-200), por judicializar el caso y usó a Rosario Murillo, madre de Zoiloamérica y esposa de Daniel Ortega, en una campaña de relaciones públicas destinada a enterrar las alegaciones de la acusación, señala el cable.

“Estas actitudes misóginas, y la tolerancia con la violencia doméstica y sexual, son comunes en el FSLN”, dice el embajador. Cuando los diputados sandinistas votaron a favor de rebajar las penas establecidas para la violación de menores, el legislador Nathan Sevilla justificó el voto diciendo que tener relaciones sexuales con menores era “normal” en las zonas rurales de Nicaragua, por lo que no debía considerarse un delito grave.

Chantaje a un boxeador

Cuando el boxeador Ricardo Mayorga, excampeón del mundo del peso welter, supuestamente violó a una joven en un hotel de Managua, en septiembre de 2004, “Ortega y el FSLN percibieron que era la gran oportunidad para chantajearle. Acordaron con Mayorga, según los cables, protegerle en los tribunales a cambio de que entregara al partido una gran parte de sus ingresos de giras internacionales y actuara en público como propagandista de Daniel Ortega, a quien dedicó varios combates, concretamente el desarrollado en Chicago, en agosto de 2005. Apenas tres meses después de la denunciada violación, un juez sandinista absolvió al púgil.

“Daniel Ortega, un ladrón como Alemán”, dice uno de los apartados del informe, que acusa al presidente nicaragüense de haberse enriquecido ilegalmente antes de ser derrotado en las elecciones de 1990 por Violeta Chamorro. “Ortega supervisó el robo de miles de millones de dólares en tierras y propiedades estatales que fueron a parar a manos de su familia, Humberto Ortega y otros prominentes sandinistas”, señala el despacho que abre la serie. “Después de la victoria sandinista de 1979 (sobre la dictadura de Anastasio Somoza) Daniel inmediatamente confiscó la residencia el diputado Jaime Morales y, además, robó las casas y propiedades que rodeaban la residencia de Morales y (Ortega) se construyó su propio complejo: una manzana entera en el centro de Managua”.

El informe enviado a Washington recoge el asesinato del periodista de radio Carlos Guadamuz y señala a Ortega y colaboradores suyos como “sospechosos de ordenarlo”. Señalan al sandinista William Hurtado como autor material del crimen. También imputan al gobernante lazos con el capo narcotraficante colombiano Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993. El primer informe de la serie “Los más buscados” concluye relacionando al presidente nicaragüense con el terrorismo. “Muchos de los terroristas de los años ochenta todavía viven en Nicaragua”, escribe el embajador.

Colombia: ¡Y las FARC de fiesta!

Colombia: ¡Y las FARC de fiesta! – por Rafael Nieto Loaiza

Ingenuos: mientras algunos abogábamos porque se aprovecharan los computadores de Reyes para obtener cambios radicales en la conducta de Ecuador y Venezuela, en provecho de los intereses nacionales, la Suprema maduraba un auto inhibitorio que sostiene que las pruebas obtenidas en esa operación son ilegales y no producen ningún efecto jurídico.

Aclaremos que está probado que la información de los computadores es cierta, más allá del esfuerzo de Correa y Chávez por sostener que son un invento o que lo que dicen es falso. Los computadores son reales y su contenido no fue manipulado o alterado, como ratificó Interpol. Con base en esa información en España se capturó a Remedios García, enlace de las Farc, y se dictaron medidas contra miembros de Eta, en Paraguay se desmanteló un grupo guerrillero responsable del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero de las Farc, y en Chile se abrió un proceso judicial contra uno de sus miembros.

Pero lo que afuera fue útil para perseguir a los violentos y sus bienes, para nuestra Corte no vale nada. Y no porque sea falso, que no lo es, sino por una leguleyada: que la prueba es ilegal por no haber sido obtenida en virtud de los tratados de asistencia judicial con Ecuador. A la Sala Penal le importa un bledo que los mismos computadores prueben que las autoridades ecuatorianas a las que según la Corte había que solicitarles cooperación para capturar a Reyes y sus computadores fueran precisamente quienes estaban colaborando con las Farc, empezando por el ministro y el viceministro de Interior y Seguridad ecuatorianos. Una ironía.

La Corte además sugiere que la operación contra Reyes violó la soberanía ecuatorial y es violatoria de distintos tratados internacionales. Es decir, nuestros flamantes penalistas asumen el papel de expertos en derecho internacional y, de paso, abren espacio para demandas de Ecuador contra Colombia por el bombardeo. Anulan el valor de la información que involucra a funcionarios ecuatorianos en flagrantes violaciones al derecho internacional, al principio de no intervención en asuntos internos de otros países y a los de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y agudizan el riesgo judicial de los militares y policías que actuaron en la operación. Y de Uribe y Santos, que la ordenaron.

Si del lado de la lucha contra los violentos todo es pérdida, del otro la fiesta no se hizo esperar. Correa calificó la información como una “patraña” que “no tenía ninguna validez moral ni ética” y dijo que los “archivos fueron manipulados y alterados”. El canciller Maduro sostuvo que todo era una “fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores”. Borja amenazó con demandas contra la Fiscalía, el Estado y los medios de comunicación. Teodora anunció que ella iba a impugnar su destitución. Y no hay que ser adivino para saber que en los campamentos de las Farc están de parranda.

Que la Corte no nos mienta: aquí no ganaron la sociedad colombiana, la justicia o el debido proceso. Los únicos ganadores son los terroristas y sus amigos en Colombia y en el extranjero. Para decirlo con todas las letras, el resultado de la decisión es que la Sala Penal protegió a todos los miembros de las Farc y a sus colaboradores, sus bienes y estructuras políticas, que están referidos en los computadores del antiguo jefe político de esa organización. Toda la información que hay sobre ellos en esos soportes informáticos, megas y megas de datos, no puede usarse en su contra.

* Rafael Nieto Loaiza es abogado socioeconomista, especializado en derecho constitucional e internacional y derechos humanos. Fue viceministro de Justicia.

Honduras: Por qué Estados Unidos le quitó su apoyo a Zelaya

Honduras: Por qué Estados Unidos le quitó su apoyo a Zelaya – por Carlos Alberto Montaner

Los hondureños están muy interesados en saber qué ocurrirá en el país tras las elecciones del 29 de noviembre. En consecuencia, un grupo muy alerta de la sociedad civil, casi todos jóvenes y dinámicos, apoyado por la revista Estrategia y Negocios, organizó un seminario internacional el día 12 de este mes para examinar a fondo este endiablado asunto. Yo participé en el evento, pero quería, por mi parte, satisfacer una curiosidad diferente. Luego la explico.

Al guatemalteco Julio Ligorría, experto en solucionar crisis, le pidieron un análisis de cómo y por qué la percepción internacional había sido tan negativa con el gobierno del presidente Roberto Micheletti, pese a que la salida de Manuel Zelaya había sido el resultado de la aplicación de la ley nacional, y qué podía hacerse para corregir el entuerto. Al peruano Alvaro Vargas Llosa, autor de un par de libros fundamentales sobre cómo abandonar el subdesarrollo, le solicitaron una visión de futuro para que Honduras deje de ser el tercer país más tercamente pobre de América Latina, en el que el 73% de la población sobrevive de forma precaria bajo los límites de la pobreza.

De mí esperaban una predicción sobre cuál sería la violenta respuesta del castrochavismo frente al legítimo gobierno que emerja de las urnas, a la que agregué una incómoda advertencia final: tal vez es la última oportunidad con que cuenta el país de salvar las libertades individuales y la estructura republicana. Si el pueblo hondureño no ve en la democracia y el pluralismo una solución a los intereses de la inmensa mayoría, es probable que en la próxima oportunidad que se presente se deje embaucar por los cantos de sirena de algún demagogo de la cuerda “bolivariana” encharcado en petrodólares venezolanos.

Pero, al margen de mi desagradable trabajo como Casandra, quería averiguar por qué Estados Unidos había dado un giro de 180 grados en la crisis hondureña y, de pedir la restitución inmediata del ex presidente Zelaya, el 30 de octubre había pasado a apoyar cualquier decisión que tomaran el Congreso y la Corte Suprema de Honduras, lo que inevitablemente significaba que el destituido mandatario no volvería a ocupar la casa de gobierno.

Cinco fueron las causas que explican este cambio radical:

• El Departamento de Estado comprobó que el respaldo institucional hondureño a la destitución y arresto de Zelaya era prácticamente unánime y se mantenía firme, pese a las sanciones y las cancelaciones de visas. Los poderes legislativo y judicial, las iglesias, el ejército y, según las encuestas, el 80% de la población, preferían a Zelaya alejado del poder.

• El informe del departamento jurídico de la Biblioteca del Congreso sobre la remoción de Zelaya, solicitado por un legislador, no dejaba lugar a dudas: Zelaya había sido separado del cargo y sustituido por Micheletti de acuerdo con la legislación hondureña. Expulsarlo del país seguramente fue ilegal (acaso debieron dejarlo encarcelado), pero exigir su restitución era tanto como pedirles a los hondureños que violaran la ley.

• El nuevo gobierno de Honduras, hábilmente, había trasladado el debate al seno de la sociedad norteamericana, por medio de congresistas y senadores republicanos, y la administración de Obama estaba pagando un precio político interno por sostener una postura antidemocrática contraria a los intereses y valores del pueblo estadounidense.

• En el Departamento de Estado circulaban dos páginas compiladas por la inteligencia norteamericana en las que se consignaban los presuntos delitos y complicidades del entorno más íntimo de Zelaya con el narcotráfico y la corrupción. No tenía sentido colocarse en ese mismo bando, mientras Washington mantenía en el país la base militar de Palmerola, supuestamente dedicada a vigilar y combatir actividades afines a las que realizaban familiares y amigos de su contradictorio protegido.

• Tampoco parecía sensato alentar la supervivencia artificial de un régimen que militaba abiertamente en el campo chavista, familia política aliada a Irán. Chávez, que hasta hace poco era clasificado como una pintoresca molestia, al asociarse a Irán y prestarle apoyo para el desarrollo de armas nucleares ha pasado a ser un enemigo peligroso.

Este lúcido análisis es el que también explica el apoyo dado al gobierno de Micheletti por la Internacional Liberal y su presidente, el prestigioso eurodiputado holandés Hans Van Baalen, y el envío de observadores a las próximas elecciones que ya han hecho diversas instituciones del mundo democrático. Lo probable, pues, es que el próximo presidente de Honduras no tardará en recomponer las relaciones internacionales del país. Ojalá.

El otro Estado

El otro Estado – por Mario Vargas Llosa

Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.

El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.

La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles.

¿Esperaba el presidente Calderón una reacción tan brutal de las mafias? ¿Sospechaba que el narcotráfico estuviera equipado con un armamento tan mortífero y un sistema de comunicaciones tan avanzado que le permitiera contraatacar con tanta eficacia a las Fuerzas Armadas? Respondió que nadie podía haber previsto semejante desarrollo de la capacidad bélica de los narcos. Éstos iban siendo golpeados, pero, había que aceptarlo, la guerra duraría y en el camino quedarían por desgracia muchas víctimas.

Esta política de Felipe Calderón que, al comienzo, fue popular, ha ido perdiendo respaldo a medida que las ciudades mexicanas se llenaban de muertos y heridos y la violencia alcanzaba indescriptibles manifestaciones de horror. Desde entonces, las críticas han aumentado y las encuestas de opinión indican que ahora una mayoría de mexicanos es pesimista sobre el desenlace y condena esta guerra.

Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.

Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.

Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.

El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.

¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.

La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.

El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal.

¿Por qué los gobiernos, que día a día comprueban lo costosa e inútil que es la política represiva, se niegan a considerar la descriminalización y a hacer estudios con participación de científicos, trabajadores sociales, jueces y agencias especializadas sobre los logros y consecuencias que ella traería? Porque, como lo explicó hace veinte años Milton Friedman, quien se adelantó a advertir la magnitud que alcanzaría el problema si no se lo resolvía a tiempo y a sugerir la legalización, intereses poderosos lo impiden. No sólo quienes se oponen a ella por razones de principio. El obstáculo mayor son los organismos y personas que viven de la represión de las drogas, y que, como es natural, defienden con uñas y dientes su fuente de trabajo. No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el obstáculo mayor para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico, la mayor amenaza para la democracia en América Latina, más aún que el populismo autoritario de Hugo Chávez y sus satélites.

Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo.

Mexico: El campo… ruta hacia la servidumbre

Mexico: El campo… ruta hacia la servidumbre – por Ricardo Valenzuela

Si hay alguna actividad a nivel mundial que desafíe las más elementales leyes de la lógica, la razón y el sentido común, sin duda es la agricultura. Desde el inicio de la revolución industrial provocando una voraz demanda de mano de obra que reclutaba del campo, los gobiernos del mundo identificaron la agricultura como el problema a resolver iniciando sus proyectos de apoyos y rescates que han sufrido tal metamorfosis, que hace lucir al pupilo del Dr. Frankestain como un apuesto galán apuntalado en Hollywood. Sin embargo y como siempre, en México esa telaraña mundial se ha desarrollado con especial empeño y ahora que los mexicanos se apuntan para ganar algunos Oscares, y el de la demencia agropecuaria debe ser nuestro sin discusión.

La humanidad ha vivido tres etapas de desarrollo y estamos iniciando la cuarta. La primera fue la llamada de recolección y caza; la segunda dio inicio con el descubrimiento de la agricultura cuando el ser humano pudo domesticar algunos animales y cultivar la tierra; la tercera fue la revolución industrial nacida en los países que descubrieron el liberalismo retando la economía basada en la agricultura y el feudalismo. Finalmente, el mundo ha iniciado la revolución de la informática, del conocimiento, del capital intelectual. Con ella está también naciendo lo que se la ha llamado el Estado Virtual; el país moderno del siglo XXI al cual ya no le interesa controlar territorios lo cual ha sido la causa de la mayoría de los conflictos bélicos a través de la historia.

En un editorial del Wall Street Journal de 1984, aparece una cita de un funcionario de la Secretaria de Agricultura de México: “Si ellos quieren tierras, tienen que acudir a nosotros. Si ya las tienen que acudir a nosotros por semilla; si tienen semilla tienen que acudir a nosotros por el agua. Si tienen agua tienen que acudir a nosotros por fertilizantes, crédito, y finalmente deben acudir a nosotros para vender sus cosechas. El partido nunca perderá el control del campo.” Esta afirmación retrata de forma cruel la situación de la agricultura mexicana. En la segunda década del siglo XXI aun con ese tipo de actitudes, los mercados están arropando al mundo. Ya no hay fronteras ni ejércitos que los puedan detener y de forma a veces que podría parecer cruel, a través de lo que Schumpeter bautizó como su creativa destrucción, están derrumbando esas bases arenosas sobre las cuales se construyeron economías como la que dibuja al campo mexicano.

Yo siempre he sido un gran creyente de la gran aportación que puede hacer la historia para definir, identificar y, sobre todo, evitar la repetición de eventos que nos han afectado de forma negativa. En estos momentos en nuestro país se vive lo que se ha llamado la “Crisis del Campo;” sin embargo, ello no es un evento reciente, no es tampoco un evento que haya sido provocado, como muchos lo quieren identificar, por el tratado de libre comercio con EU y Canadá. La Crisis del Campo es una grave enfermedad que ha sufrido México durante muchas décadas no solo ignorada por nuestros gobiernos, sino inclusive promovida precisamente para lograr lo que afirmaba ese funcionario citado en 1984; mantener un control absoluto del campesino mexicano.

Ilustrémonos con algunos datos estadísticos. Desde el inicio del TLC los EU han desgravado casi el 70% de los productos agropecuarios provenientes de México y Canadá casi el 90%, mientras que México solo ha liberado el 35% de los productos americanos y el 40% de los canadienses. Pero profundicemos aun mas en la “grave crisis” que como plaga anuncian nuestros demagogos provocará esta etapa siguiente de apertura del mercado mexicano.

México exporta $2,700 millones de dólares de hortalizas y $600 millones de frutas, a cambio solo importa $ 976 millones de cereales y $965 millones de oleaginosas, lo cual le produce un superávit en su balanza comercial agropecuaria. En estos datos no incluimos la ganadería la cual siempre ha producido saldos a favor.

Aun cuando pienso que los subsidios es la peor medicina para una economía enferma, hablemos ahora de ellos. Los EU subsidian al campo con el 0.18% de su PIB mientras que México dedica casi el 3% del suyo. El PIB agropecuario de EU es de 470,000 millones de dólares cuando el de México es de 36,000 millones. Si dividimos los subsidios agropecuarios de EU entre el valor de su producción, nos arroja el que la cifra es de 5.6 centavos de dólar de producción, mientras que en México la cifra se nos dispara a 9.8 centavos por cada dólar de producción. Si llevamos a cabo este análisis por hectárea, resulta también mucho más alto el subsidio mexicano. Es aquí donde salta el problema de base y se llama productividad y rezago en inversiones. El porcentaje que la agricultura aporta al PIB del país es del 5% cuando se destina casi el 3% para apoyarlo; es decir, casi el 50% del valor de la producción.

Durante los últimos años el Estado mexicano ha incrementado los recursos al campo de forma agresiva y a un ritmo superior al crecimiento de la economía—y seguimos graves. Durante el último año de la administración de Zedillo el presupuesto de la SAGARPA fue de 25,000 millones de pesos, sin embargo el presupuesto se disparó a 62,000 millones, en términos reales un incremento del 66% y descontada la inflación, el incremento se sitúa en un 40%. Para apreciar la magnitud de este apoyo, hay que considerar el que, el presupuesto federal de este año es ligeramente superior al del año 2006. Si hacemos una suma de todos los recursos dedicados al campo, este año se destinarán cantidades superiores en un 50% que los dineros destinados el último año de la administración anterior—y seguimos graves.

El campo en México sufre pero no por la voracidad del TLC, sufre a causa de políticas erróneas a través de las cuales se privilegió el control político a base del corporativismo y la corrupción, sacrificando a nuestros campesinos. El tratado de libre comercio estableció plazos que le permitieran a México prepararse para competir y sobre todo; “aprovechar la oportunidad,” pero hemos desperdiciado ese tiempo y ahora se pretende culpar a la actual administración de las omisiones del pasado.

Es intrigante el que la preocupación de demagogos y redentores emerja cada mes de Enero por algo que se negoció hace casi 20 años y las protestas públicas sean de quienes realmente resultan menos afectados. Una vez más el campo se convierte en eso; un campo de batalla en el cual se baten oportunistas, demagogos y ese zoológico producido por los largos años revolucionarios, todos buscando beneficios políticos pero a costa del campesino y más grave, a costa del sufrido consumidor quien ese es el que verdaderamente no aguanta más.