Vientos de cambio en la educación superior en el mundo: ¿Hacia donde nos llevan?
No muchos países a nivel mundial están llevando a cabo reformas significativas en su sistema de educación superior. Es bien sabido que impulsar cambios radicales en la educación superior es una propuesta riesgosa que no todos los gobiernos están dispuestos a considerar debido a sus altas implicaciones políticas. ¿Hay algunas lecciones que se pueden aprender de aquellos países que han optado por impulsar tales reformas? ¿El tipo de cambios que se están llevando a cabo en algunos países es un indicador de futuras reformas o de nuevas tendencias en la educación superior a nivel global?. Analicemos uno de esos casos relativamente inusuales: Colombia.
Colombia es uno de los países más importantes en el Continente Americano, lamentablemente estereotipado por los medios de comunicación y la cultura popular sólo como un país productor de droga y de buen café. Sin embargo, Colombia es mucho más que eso. Con una vibrante economía en rápido crecimiento, Colombia es un país con vastos recursos naturales, moderna infraestructura urbana e increíbles bellezas naturales, que cuenta con una superficie de casi el doble del tamaño de Texas en la que habitan más de 44 millones de personas, sólo superado en el Continente en términos poblacionales por los Estados Unidos, Brasil y México. En años recientes la economía colombiana ha mejorado significativamente por lo que ahora este país se ubica dentro de las siete más grandes economías del Continente Americano. Su estratégica ubicación geográfica hacen de Colombia un puente natural de enlace y comercio entre América del Norte y Sudamérica. Sin embargo, al igual que otras economías emergentes, Colombia enfrenta importantes retos en sus intentos por modernizar su economía y su sociedad y en su legítimo deseo de convertirse en un país más prominente en la economía global del conocimiento. Esta no es una tarea fácil considerando la inestabilidad política y política imperante en el contexto internacional. Colombia se encuentra en una encrucijada cuesta arriba, si consideramos –por citar ejemplos concretos- que su economía se ubica como la número 29 a nivel mundial pero su Producto Interno Bruto per cápita equivale a solamente el 20 por ciento del existente en los Estados Unidos. Por otra parte, en tanto que la de por sí alta tasa general de desempleo en Colombia es del 12 por ciento, en el caso de los jóvenes de 17 a 27 años de edad ésta se ubica en un preocupante 21.7 por ciento.
Si son serias las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, Colombia debe impulsar al interior una transformación tal que le convierta en una economía de alto valor agregado, basada en el conocimiento, lo cual requerirá necesariamente contar con más personas que tengan estudios universitarios que, a su vez, sean relevantes para un contexto global competitivo. El factor demográfico se encuentra de su lado si consideramos que cerca del 30 por ciento de los colombianos tienen menos de 15 años de edad. De hecho, el número de egresados de bachillerato o preparatoria aumentó en un 50 por ciento entre el año 2002 y el 2010, esperándose que esta cifra crezca un 28 por ciento adicional para el 2014, fecha en la que se estima que cerca de 800,000 jóvenes colombianos se gradúen del nivel educativo previo a los estudios universitarios. Para responder a una demanda esperada tan grande, Colombia cuenta con una infraestructura universitaria más bien incipiente compuesta por solamente 286 instituciones de educación superior que en la actualidad lograr atienden a solamente 1.6 millones de estudiantes. Aun cuando un 37 por ciento de colombianos en edad de estudiar se encuentran inscritos en alguna institución de educación superior, la deserción es alta y la tasa de egreso es baja. El gobierno colombiano quiere que en solamente 3 años más –para el 2014- se pueda llegar a una tasa de cobertura del 50 por ciento. ¿Es en realidad una meta realista?.
El problema al responder a la demanda creciente de acceso no está solo en lo referente al número y tamaño de las instituciones de educación superior, sino también en la prevalencia de importantes deficiencias en lo referente a calidad y relevancia de la oferta académica de éstas. Por citar algunos indicadores, a 12 años de haberse establecido un sistema nacional de acreditación de instituciones y programas académicos, solamente un 13 por ciento de los programas de licenciatura y sólo 21 instituciones de educación superior han obtenido tal acreditación. Otro indicador preocupante es que a nivel nacional solamente un 13.5 del profesorado equivalente a tiempo completo cuenta con estudios de doctorado.
Por supuesto que todos estos aspectos de la problemática educativa son bien conocidos en Colombia. De hecho, parece haber un amplio consenso en amplios sectores de la sociedad colombiana respecto a la necesidad de reformar el sistema de educación superior. La pregunta clave es ¿cómo lograrlo?.
Uno de los pilares de la estrategia para el desarrollo nacional que ha propuesto el gobierno de Colombia encabezado por Juan Manuel Santos –con apenas 10 meses en el poder y aun gozando altos niveles de popularidad- es precisamente el relacionado con la reforma de la ley de educación superior (conocida como la Ley 30) vigente desde 1992. La reforma propuesta –ciertamente ambiciosa, radical y no exenta de escepticismo y críticos- intenta mejorar la calidad integral del sistema, diversificarlo y hacerlo más flexible. Para lograrlo, el proyecto gubernamental plantea, entre otras medidas, modificar el sistema nacional de acreditación, precisar los alcances y tipos de grados académicos que se pueden ofrecer por las diversas instituciones de educación superior, ampliar el sistema de créditos educativos para los estudiantes e implementar un currículum académico basado en competencias, entre otras medidas.
Sin embargo, el debate en torno a la reforma propuesta se ha centrado en el planteamiento hecho por el gobierno para permitir que el sector privado –tanto nacional como extranjero- pueda invertir en la educación superior. Aunque en el sistema actual solamente pueden operar en Colombia las instituciones de educación superior públicas y las privadas sin fines de lucro, es bien sabido que un buen número de universidades privadas en realidad son instituciones con fines lucrativos. Lo que el gobierno desea es que esta visible realidad se haga más explicitica y que se regule debidamente para que con ello se permita que inversionistas privados se interesen en participar en la provisión de servicios de educación superior, como sucede ya en Brasil y los Estados Unidos y, en cierto sentido, en Chile y México. Como lo explica Javier Botero, Viceministro de Educación Superior, la ley propuesta agregaría a las actuales instituciones de educación superior públicas y privadas no lucrativas, una nueva categoría que agruparía a las denominadas como “instituciones mixtas”. El razonamiento utilizado por el gobierno señala que se necesitan importantes fuentes de recursos financieros para apoyar la esperada expansión y el mejoramiento del sistema de educación superior y que, en ese sentido, la posibilidad de permitir la operación de instituciones de naturaleza corporativa servirá como incentivo para que inversionistas privados ingresen al sector de educación superior.
Un ángulo interesante del debate es que en lugar de efectuar negociaciones a puerta cerrada entre grupos de interés, el gobierno ha estado llevando a cabo una amplia consulta nacional mediante la realización de una serie de foros regionales, seminarios técnicos y discusiones en línea. De hecho, aunque el partido gobernante tiene una amplia mayoría legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que le permitiría aprobar las reformas a la ley sin mayor complicación, el gobierno ha optado por inducir una discusión nacional sobre el tema. De hecho, al parecer, como producto de tal consulta, se han reconocido limitantes no previstas originalmente que han llevado a que la propuesta original esté siendo modificada. En el marco de esta consulta, la semana pasada estuve participando en un foro convocado por el gobierno colombiano para discutir desde un punto de vista internacional los puntos a favor y en contra de la reforma propuesta. Ciertamente fue un diálogo muy interesante, animado e informativo.
Como era de esperarse, la propuesta de apertura de la educación superior a la inversión privada no está exenta de controversia. Los que se oponen a la idea de permitir la existencia formal de la educación superior con fines de lucro consideran que ello será en detrimento de la responsabilidad de financiamiento de la educación superior pública por parte del gobierno y que provocará una caída en la calidad general de la educación superior. También señalan que el sector lucrativo solamente estará interesado en la oferta de programas académicos de bajo costo y que, en el largo plazo, el sector privado solamente estará interesado en participar con fines especulativos. En contraste, quienes están a favor de la idea argumentan que la apertura a proveedores privados permitirá que el gobierno pueda dedicar más recursos a la educación pública, que estableciendo adecuadas regulaciones es posible tener un adecuado aseguramiento de la calidad de la oferta académica de las instituciones privadas lucrativas y que, al final de cuentas, su presencia va a provocar que el sistema de educación superior en su conjunto se haga más competitivo.
Otros no están tan preocupados como uno pudiera imaginarse. Como lo expresó Carlos Angulo, Rector de la prestigiosa Universidad de los Andes, más que expresar reservas por la existencia de universidades “con fines de lucro”, debería haber preocupación por la existencia de universidades “con fines de pérdida”. Señala además que las universidades de índole lucrativo pueden coexistir con el resto del sistema de educación superior siempre y cuando haya regulaciones adecuadas y justas. En contraste –advierte el Rector Angulo- el país debe buscar vías para mejorar la tasa de retención y la relevancia de la educación superior.
¿Quién tiene razón y quién está equivocado?. En realidad, nadie lo sabe en este momento. La propuesta para formalizar la reforma de la educación superior del país será discutida este verano por el Congreso de la República de Colombia. Lo que resulte de ello aún está por conocerse, pero indudablemente éste es un interesante proceso que es digno de seguir de cerca. Lo que no cabe duda es que, independientemente de lo que suceda, el sólo hecho de que los colombianos estén inmersos en encauzar una reforma de su sistema de educación superior, ya de suyo es un logro muy importante.
Al final de cuentas las lecciones que se aprendan en Colombia merecerán seguramente el interés de otros países en el mundo.
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