¿Se pacta o no se pacta?

¿Usted cree que los encargados de combatir a una delincuencia desbocada no se han sentado nunca a negociar con los capos? ¿Se imagina a esos hombres pragmáticos por antonomasia que pelean contra grupos criminales poderosísimos descartando un acuerdo con uno de ellos para debilitar a otro o para enfriar una plaza?

Agustín Basave*

El asesinato de varios jóvenes en Cuernavaca y las declaraciones del padre de uno de ellos, el poeta Javier Sicilia, han elevado el volumen de un debate que se daba sotto voce. ¿Se debe o no pactar con el crimen organizado en México? Esta pregunta a futuro debe ser antecedida por otra en el presente: ¿se pacta o no? La postura oficial del gobierno es que no, que bajo ninguna circunstancia es aceptable hacerlo, y hay encuestas que señalan que la mayoría de la gente lo respalda. Y sin embargo, yo tengo la impresión de que tras de este apoyo está el sesgo conocido como social desirability bias: la tendencia a expresar lo que se considera socialmente correcto. ¿Cómo oponerse a una lucha sin cuartel contra los malos? ¿Cómo contradecir argumentos lógicamente impecables como el de que no se puede confiar en la palabra de quienes cometen toda suerte de atrocidades y cuya maldad no tiene límites?

Pero en corto se oyen otras cosas. No sé usted, pero yo he escuchado muchísimas voces que afirman en privado que esa guerra no se puede ganar y que tiene que llegarse a un arreglo con los narcos. Hay dos datos duros que indican que esta percepción es generalizada: 1) los más creen que en la época del presidencialismo priista había pactos con los cárteles; 2) los más anuncian su intención de votar por el retorno del priismo a la Presidencia en 2012. La intención de voto mayoritaria a favor del PRI, que parece sustentarse en la premisa de que todos los partidos son corruptos pero el tricolor es además eficaz y puede poner en orden al país, hace pensar que en el terreno de la seguridad los mexicanos se inclinan por volver cabalmente a las reglas no escritas de distribución territorial y de cuotas que se asegura había antes.

El hecho es que en este tema nadie quiere decir la verdad. La simulación es uno de nuestros defectos idiosincráticos, sin duda, pero aquí la brecha entre lo que se piensa y lo que se dice es todavía mayor. Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Usted cree que los encargados de combatir a una delincuencia desbocada no se han sentado nunca a negociar con los capos? ¿Se imagina a esos hombres pragmáticos y maquiavélicos por antonomasia que pelean contra grupos criminales poderosísimos descartando un acuerdo con uno de ellos para debilitar a otro o para enfriar una plaza? Y no me refiero a los policías corruptos que trabajan para los narcos, porque nadie niega sus tratos con ellos; hablo de lo mejorcito que tenemos, de quienes realmente quieren salvaguardar a la sociedad pero saben de lo desigual del enfrentamiento y no se tocan el corazón para emparejar el campo de batalla. En suma, ¿usted ve a halcones actuando como palomas?

Hay quienes esconden, detrás de su “no” a los arreglos pactados, un “sí” a los entendimientos impuestos. No rechazan la existencia de un nuevo orden por encima o al margen de la ley; a lo que se oponen es a que el aparato gubernamental negocie con los capos en una posición de debilidad. Quieren que las autoridades recuperen la autoridad para leerles la cartilla, que les ordenen actuar en ciertos territorios y limitarse a ciertos giros y que estén en condiciones de castigarlos cuando no cumplan, como dicen que ocurre en Estados Unidos. Pero eso de que no ha de haber diálogo alguno con ellos, de que ha de atacarse a todos en todo momento, ¿habrá alguien que lo asuma y lo practique? ¿Ni siquiera por consideraciones tácticas se acuerdan treguas o se tejen alianzas? Cierto, es muy difícil hacerlo con la fragmentación que se ha provocado y con la existencia de facciones delincuenciales capaces de cualquier locura, pero algunos cárteles dan la impresión de buscar un ordenamiento que delimite y facilite su negocio. ¿De veras no hay ninguna autoridad que apruebe un acuerdo de esa naturaleza?

En mi opinión, si se le pegara en serio al lavado de dinero, se perfeccionara el trabajo de inteligencia y se realizaran más operativos quirúrgicos, los pactos saldrían sobrando. Pero ante todo hay que hablar con franqueza y discutir abiertamente un tema que nos afecta a todos. ¿Se pacta o no se pacta? Porque si se está haciendo a medias, sin estrategia y coordinación, el remedio está resultando peor que la enfermedad. La espeluznante cifra de muertos y el infierno que se extiende a muchas regiones del país son razones suficientes para desechar todo tabú en la discusión pública, como se hizo en el caso de la legalización de las drogas. El gobierno usa los sondeos que sugieren que la mayoría apoya sus acciones como pretexto para que todo siga igual. Seguramente hay convicción pero también hay cálculo: paradójicamente, la violencia en México es insoportable pero políticamente útil. El miedo hace a la gente apoyar a quien tiene el poder para protegerla, y suele hacerla votar por el statu quo. Es responsabilidad nuestra sacudirnos el temor y el prurito de corrección social y exigir más resultados y menos simulación. Debatamos sin engaños. Sicilia puso el dedo en la llaga: a un combate de semejante gravedad se tiene que ir con la verdad en ristre.

*Director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana

El PRI no puede hacerse guaje

El PRI no puede hacerse guaje sobre la violencia

Leo Zuckermann

La semana pasada escribí un artículo donde argumentaba que, para entender la violencia en México, había que voltear a ver y entender lo que estaba sucediendo en Tamaulipas. Presenté unas estadísticas que mostraban cómo se disparó el terror en aquel estado el año pasado. Acabo de leer un artículo que arroja mucha luz sobre lo que está pasando ahí. Es un excelente texto de Diego Enrique Osorno en el número más reciente de la revista Gatopardo titulado “La batalla de Ciudad Mier”. Lo que revela es la presencia de un Estado de naturaleza donde no existe orden ni contratos sociales ni reglas que regulen las relaciones entre los habitantes de esa región. La única ley que existe es la del más fuerte. El Estado mexicano ha perdido el control territorial en esos pueblos tamaulipecos de la Frontera Chica, incluyendo Ciudad Mier y San Fernando. Ahí no hay gobierno. Lo que existe es un enfrentamiento bélico entre Los Zetas y el cártel del Golfo (este último al parecer apoyado por los cárteles de Sinaloa y La Familia Michoacana).

Recomiendo mucho la lectura de la crónica de Osorno sobre Ciudad Mier. Los muertos, la crueldad, el miedo, la migración, el silencio, en fin, el escenario devastador de una guerra donde ni siquiera los reporteros de la agencia noticiosa Al Jazeera, “que en los años recientes han estado en las líneas de fuego de los principales conflictos bélicos del planeta, no pudieron recorrer la carretera de La Ribereña. Ni los funcionarios locales ni los militares les dieron mínimas garantías de que saldrían vivos si lo intentaban”. Increíble: un pedazo del territorio mexicano en peor situación que Irak, Afganistán o Gaza.

Las consecuencias de la violencia en Ciudad Mier han sido devastadoras:

“Durante ese tiempo no sólo fue un pueblo sin policías: fue un pueblo sin escuela, sin bancos, sin carnicerías, sin médicos y sin farmacias, porque los principales establecimientos estuvieron cerrados buena parte de los nueve meses. Camionetas cargadas de gente con maletas y bultos abandonaban el pueblo. La Arquidiócesis estuvo a punto de dejar a Ciudad Mier también sin cura, pero —pese a la orden de sus superiores— el sacerdote del pueblo fue el único de la Frontera Chica que se rehusó a abandonar su templo durante los enfrentamientos. El tamaño de la soledad de Ciudad Mier era tal que el alcalde sólo visitaba la presidencia municipal dos veces por semana, y el resto de los días los pasaba en Roma, Texas, o en cualquier otro lugar lejano y seguro. En 2010 no sólo no se celebró el aniversario del pueblo, tampoco hubo fiestas de Semana Santa, Día de las Madres ni siquiera Grito de Independencia. La vida civil en Ciudad Mier se fue extinguiendo de forma callada y cruel, hasta que en noviembre apenas quedaban mil de los seis mil 117 habitantes de los que habla el censo oficial”.

Si bien la historia de Osorno se concentra en Ciudad Mier, hace una breve referencia de San Fernando, donde recientemente se encontraron fosas clandestinas con 145 cadáveres:

“Hasta antes de la matanza de los setenta y dos migrantes, ocurrida en un rancho del ejido El Huizachal, la presencia del Ejército era reducida en San Fernando. Después de la tragedia la zona se militarizó, pero sólo unos días. Cuando los soldados se fueron, los ánimos de los habitantes que todavía no huían se volvieron a desmoronar. Te dicen que quizá no vas a encontrar un solo sanfernandense que no haya perdido amigos, familia o conocidos de toda la vida a causa del conflicto. Te aseguran que no todos los muertos son narcos, que hay muchos inocentes, que no debes olvidar que en las guerras la muerte es pareja y que siempre hay dramas terribles como los que han sucedido en ésta; dramas como el de esas familias que han hecho funerales y enterrado solamente las cabezas de sus parientes muertos, porque el resto de los cuerpos jamás lo pudieron encontrar”.

¿Quién se supone que gobierna en esta zona del país? El PRI. Tanto el gobernador como todos los presidentes municipales de los poblados en conflicto son de ese partido (el gobernador, de hecho, es el hermano de quién debería estar gobernando pero que fue acribillado unos días antes de la elección). La realidad es que las autoridades en Tamaulipas están rebasadas. No están pudiendo con el paquete. No están gobernando. Están esperando a que la Federación, es decir las Fuerzas Armadas, intervengan para recuperar este territorio.

Si es así, ¿por qué el Senado no desaparece los poderes en Tamaulipas? ¿Por qué no se declara un Estado de excepción? Muy sencillo: porque a los priistas no les conviene la imagen de pérdida de un estado que supuestamente gobiernan. Menos ahora que estamos en vísperas de la elección presidencial.

Pero el PRI no puede hacerse el pato en este tema de la violencia. No puede recurrir al expediente fácil de echarle toda la culpa al gobierno de Calderón. Si los priistas de verdad quieren regresar a Los Pinos, tienen que dar una respuesta seria y factible de cómo resolver la violencia en México comenzando por estados que ellos supuestamente gobiernan como Tamaulipas.