Jorge Valín - Libertad Digital
¿Doble crisis mundial? No, la misma
En octubre de 2009 Estados Unidos salió de la recesión y los economistas del establishement afirmaron que una vez acabada la recesión, había acabado la crisis. Una bobada en toda regla.
Los economistas que dan explicaciones macroeconómicas a la evolución de un país suelen basar "su realidad" a través del crecimiento puro y duro sin prestar importancia a factores tan de base como por ejemplo el desempleo. Una encuesta realizada la semana pasada afirmaba que el 89% de los estadounidenses cree que la economía se encuentra en mal estado. ¿Se equivocan los economistas o la gente? Las recetas para la recuperación de Estados Unidos han sido más gasto, más funcionarios y más dinero en el mercado nacido de una imprenta (QE1 y QE2, a nivel más técnico). ¿El resultado? Bueno, la inyección de dinero de la Reserva Federal solo ha servido para disparar las materias primas, inanición en el tercer mundo y crear una inflación desbocada en las bolsas (en los últimos dos años el S&P y el Dow Jones se han doblado). Bernanke solo hace que calentar la próxima crisis. En Estados Unidos se está creando la figura del desempleado de larga duración. ¡Menuda salida de la crisis!
Ahora los mercados necesitan más. Más droga que les alimente. Esto es, como un yonki con el síndrome de abstinencia, piden a la Reserva Federal más dinero en el mercado con un QE3. Con el fin de los "estímulos", las bolsas de Estados Unidos no paran de bajar presionando a Bernanke para que vuelva a estimular la economía indefinidamente. Muchos analistas ya apuntan que si no hay QE3, el S&P puede llegar a los 1.000 puntos, lo que significa bajar un 20% respecto a cuotas actuales. ¿Todo el descomunal despilfarro ha servido de algo? De nada. ¿Servirá de algo repetir lo mismo? Lo empeorará todo más. La inflación de los bancos centrales no crea productividad, ni riqueza. Al revés, es el verdugo de ambas.
Es más, las cosas empeoran. Dos datos recientes. El indicador ECRI, que mide la tendencia de los ciclos americanos y que por el momento no ha fallado jamás, muestra una desaceleración de la economía. Como afirmó Lakshman Achuthan, uno de los fundadores del índice: ECRI nos dice que solo hay una tendencia, la bajada.
Está ocurriendo lo mismo con la vivienda donde las caídas desde máximos superan el 30%, pero el panorama no es bueno. Robert Schiller, co-fundador del índice del precio de la vivienda Standard & Poor's/Case Shiller, afirma que el sector inmobiliario podría caer una media adicional del 20%; lo que sería una bajada superior a la de la Gran Depresión.
¿Y si Estados Unidos está así, cómo va Europa? Los acontecimientos europeos están más dentro del mundo de la política que del merado. No es un terreno apto para economistas ya, sino para politólogos. Después de un año, aún nadie sabe qué va a pasar con Grecia (la actual turbulencia de los mercados europeos se debe básicamente a esta cuestión). Entre la UE, Alemania y resto de países están mareando la perdiz mientras el viejo continente se va a pique. Los políticos han estado perdiendo el tiempo con recetas de gasto, ridículos recortes y aumento de la recaudación. Las medidas que preparan tampoco servirán de nada.
Este segundo semestre de año promete. Promete más incertidumbre, más pobreza y más penurias. No es tan difícil arreglarlo. Solo es cuestión de dejar a la economía civil que actúe en lugar del Gobierno. Si hubiesen dejado quebrar todos los malos bancos y disolverse las malas inversiones para dar más participación a la libre iniciativa privada restándola de la estatal, ya no hablaríamos de segundas crisis o continuación de la misma, sino de evidentes recuperaciones.
Los servicios de protección en el anarco-capitalismo
Fernando Herrera
Los servicios de protección en el anarco-capitalismo
Uno de los problemas clásicos del anarco-capitalismo, quizá el problema por excelencia, es el cumplimiento de las normas. No se olvide que el servicio público por excelencia, aquel que aceptan los liberales clásicos para el Estado mínimo, es precisamente la provisión de servicios de justicia y protección. Es la causa original del Estado: despojémonos de la posibilidad de ejercer la violencia y otorguémosla todos a esta entidad como única forma realista de convivir.
¿En qué consisten los que llamo servicios de justicia y protección? Son aquellos que nos permiten asegurar que se cumplen los contratos y que se respetan nuestros derechos de propiedad. En una sociedad anarco-capitalista, ninguna de estas circunstancias se puede dar por supuesta, como tampoco el suministro de agua o que dispongamos de ropa. La forma concreta en que estas necesidades se satisfagan es asimismo imprevisible para la teoría económica. Lo único que sabemos es que existe tal necesidad (por la observación empírica) y que es el libre mercado el mejor mecanismo para garantizar su satisfacción (por la teoría económica).
Dicho esto, lo primero que cabe decir es que el coste de estos servicios habrá de ser asumido por los beneficiarios de los mismos. Dicho de otra forma, el coste de defender mi propiedad me corresponde a mí únicamente, y no debería poder imponérselo a la sociedad, como de hecho ocurre en presencia de Estado. Lo mismo cabe decir de los costes asociados a la vigilancia y cumplimiento de un contrato.
Si analizamos ahora la decisión del individuo, básicamente confronta dos posibilidades: 1) auto-suministrarse los servicios de protección; 2) contratar con un tercero dichos servicios. Esta decisión no ofrece peculiaridades respecto a otras decisiones del individuo, y se tomará en función de su análisis coste-beneficio subjetivo. Por ejemplo, normalmente no defendemos nuestro billetero mediante un escolta privado; según el valor que demos a nuestro vehículo, somos más o menos reacios a dejarlo en la calle...
La casuística es, como suele ocurrir, muy variada. Por un lado, tenemos a los traficantes de drogas, que se confeccionan su ejército privado para defender sus propiedades (de hecho, muchas grandes empresas tienen sus propios servicios de seguridad) y hacer cumplir sus contratos, en un ejemplo de "tomarse la justicia por su mano"; por otro lado, existen individuos sin propiedad alguna que defender, y que no precisan este tipo de servicios.
Una vez el individuo decide cómo suministrarse los servicios de protección y justicia, surge la pregunta decisiva: ¿cómo se solucionan los conflictos entre individuos? ¿Será siempre por la fuerza? Y de nuevo nos vemos abocados a un análisis coste-beneficio, a realizar en este caso probablemente por empresas especialistas en el suministro de servicios de protección.
Y es que el uso de la fuerza es también costoso. Alguien con un ejército privado puede tratar de apoderarse de los bienes de mi casa, y seguramente lo conseguiría a la vista del servicio de protección que yo me puedo permitir. Es evidente que este acto suyo no es legítimo, pero también lo es que el coste que le supondría el allanamiento de mi morada con sus mercenarios es muy superior al beneficio que obtendría de mis bienes robados. En estas condiciones, parece que ese robo le habrá salido deficitario.
Para compensar los costes de la fuerza, deberá invadir con su ejército propiedades mucho más valiosas que mi casa, las cuales, precisamente por ello, estarán mejor protegidas. A su vez, esto tenderá a hacer crecer los costes de la fuerza necesaria, hasta posiblemente hacer indeseable la invasión en caso alguno.
En estas condiciones de libre mercado, ¿es realista pensar que un individuo va a invertir sus recursos en hacerse con un servicio de protección tal que le permita violentar las propiedades de otros? ¿No creerá que es mejor dedicar dichos recursos a actividades que generen riqueza, la forma más segura de ganar dinero en el mercado no intervenido, en vez de a tomarla por la fuerza?
Aún asumiendo que, por las razones expuestas, no es eficiente para los individuos el uso de la violencia para conseguir sus fines en el libre mercado, sigue existiendo la posibilidad de conflictos por así llamarlos legítimos, en que cada parte cree tener la razón. ¿Se habrá de dirimir dicho conflicto por la fuerza?
Ya se ha dicho que el uso de la fuerza tiene un coste elevado, por lo que las partes tenderán a evitarlo si les es posible. La solución en este caso es acudir de común acuerdo a un juez o a un árbitro, y aceptar el dictamen de este sujeto como vinculante. Como digo, harán eso a priori, al percibir que la solución por la fuerza les puede resultar más costosa.
Pero, claro, una vez dirimido el litigio, la parte perdedora puede tener poderosos incentivos a retomar al uso de la fuerza para evitar las consecuencias de la sentencia. ¿Cómo se evita esto en el anarco-capitalismo? En principio, lo normal es que los individuos en conflicto tengan contratados los servicios de protección con un tercero, por lo que serían estas empresas especializadas las que, en todo caso, tendrían que usar de la fuerza para dar servicio a su cliente. Y no cabe duda de que, ante las perspectivas del alto coste de este uso, la iniciativa empresarial encontraría vías mucho más baratas para solucionar este hipotético problema, como demuestra la teoría económica.
En suma, las reflexiones anteriores apuntan a que la consecución del respeto a los derechos de propiedad y a los contratos pactados no sería un problema insoluble para el anarco-capitalismo. Como, por cierto, no lo es la provisión de ningún otro servicio tendente a satisfacer las necesidades de los individuos. Por mucho que se empeñen los defensores del Estado, no hay razones irrefutables para pensar que los servicios de protección y justicia sean intrínsecamente diferentes a los otros productos y servicios que proporciona el mercado, ni, por tanto, que se hayan de extraer del ámbito benéfico del mismo.
¿Frente común con la izquierda?
Juan Ramón Rallo - Libertad Digital
¿Frente común con la izquierda?
¿Somos mercancías de políticos y banqueros? En gran medida sí: no puede ser de otro modo cuando los políticos manejan el 50% de nuestra riqueza –y regulan la otra mitad– y cuando los bancos gozan de privilegios concedidos por los Estados para no quebrar o para manipular a su arbitrio el volumen de crédito. Ahora bien, pese a todo, seguimos disfrutando de un amplio nivel de autonomía personal.
¿Es la crisis responsabilidad de políticos y banqueros? En gran medida sí: las entidades financieras, empujadas por los bancos centrales, expandieron de manera insostenible el crédito, distorsionando la economía hacia el ladrillo. Finiquitado el crédito artificial, nuestras estructuras productivas tenían que recomponerse, pero los Estados frenaron ese proceso: rescates bancarios indiscriminados, gasto público a tutiplén, subidas de impuestos y conservación de las rigideces de los mercados. Ahora bien, pese a todo, muchos ciudadanos también son en parte responsables: unos, por sumarse entusiastas a la orgía crediticia y a la burbuja inmobiliaria; otros, por encumbrar a esos nefastos políticos.
¿Hay motivos para estar indignados y protestar? Sí, todos los anteriores, pero ni uno más.
¿Está Democracia Real YA protestando por los motivos correctos? No, porque parte de dos premisas erróneas: una, que nuestro hipertrofiado Estado sólo es un problema porque no lo manejan asambleariamente ellos; dos, que los banqueros han causado la crisis porque los políticos les han dejado excesivos espacios de libertad.
¿Son las propuestas de Democracia Real YA acertadas? No, porque son el corolario lógico de sus dos erróneas premisas anteriores: quieren más, no menos política; quieren menos, no más mercado. Eso sí, quieren una política y un mercado pastoreados por "el pueblo", como si el pueblo no pudiera ser dictatorial o como si no hubiese hábiles políticos populistas capaces de pastorear al pueblo. Es decir, quieren menos libertades individuales y más "derechos" para gestionar desde arriba el dinero ajeno: más servidumbre.
¿Pueden los liberales reconducir a Democracia Real YA hacia posiciones más sensatas? Es dudoso. Para que haya un acuerdo entre liberales, presuntos apolíticos e izquierdistas es necesario un programa muy de mínimos que no le chirríe a nadie, de modo que Democracia Real YA tendría que retirar casi todas sus propuestas actuales. Es decir, o tendríamos un programa repleto de inconcretas naderías o la izquierda debería tolerar que los liberales la censuraran ideológicamente. Algunos liberales bienintencionados lo están intentando, pero es muy dudoso que la izquierda esté dispuesta a renunciar a su programa de máximos... salvo como coartada para engordar el movimiento y más tarde instrumentalizarlo para sus liberticidas propósitos.
Aun existiendo acuerdo de mínimos, ¿serviría de algo? Probablemente no. Las revoluciones populares sólo socavan regímenes cuando la gente corta o amenaza con cortar cabezas. No veo a Democracia Real YA en esa tesitura, de modo que, como mucho, podrán aspirar a influir sobre los partidos y sobre sus programas electorales. Es decir, justo aquello de lo que reniegan: convertirse en un caladero de votos dentro del corrupto y partitocrático sistema actual (del que ya podemos imaginar quiénes se beneficiarían).
¿Qué puede esperarse de un movimiento que parte de premisas falsas, lanza propuestas erróneas, está copado por la izquierda y sólo aspira a mostrar su indignación para influir en la política? Personalmente, no mucho; aunque bien podría equivocarme. El escenario más probable es que siga siendo lo que es: una festiva fuente de consignas anticapitalistas que no induzca a cambio alguno salvo a peor. Si evolucionara hacia otra cosa más heterogénea de verdad, el movimiento se quedaría en una cacerolada antipolítica sin alternativa consensuada al sistema actual; en un "que se vayan todos y que venga ya veremos quién". El pasto ideal de populistas que saben muy bien cómo comprar a unas masas deseosas de ser compradas con más gasto público y con más impuestos a los ricos... aun cuando nos vayamos a la ruina.
¿Qué deberíamos hacer los liberales? Lo primero –por frustrante que sea– no confiar en revoluciones que no sepamos que podemos ganar, o aún peor, en revoluciones que sepamos que vamos a perder. Que exista una oportunidad de cambiar las cosas no significa que exista una oportunidad de cambiarlas a mejor. Antes de lograr que los políticos dejen de intervenir en nuestras vidas, necesitamos de una enorme masa crítica que hoy no existe; más bien existe una enorme masa crítica de sentido inverso. Esto no es, ni puede ser por ahora, el Tea Party; en todo caso se convertirá en Argentina. Lo segundo –por cansino que sea– continuar haciendo pedagogía de máximos aun cuando sólo obtengamos pequeños cambios en la buena dirección. Pragmatismo frente a romanticismo y evolución frente a revolución. Si ya hay motivos para ser cautelosos ante románticas revoluciones liberales que pretendan hacer tabla rasa, no digamos ya ante amagos de revolución organizados desde la izquierda.
La patada para delante de Grecia
La patada para delante de Grecia
Jorge Valín
El principal problema de Grecia no es su deuda, sino sus políticos y los ciudadanos. La cultura del socialismo, del café para todos y de haber delegado tanto poder al Gobierno les ha traído a esa situación. 
El Gobierno griego ha aceptado las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Los 12.000 millones de euros dados al Gobierno de Papandréu son una "patada para adelante", término usado en el argot bancario para denominar a aquellos préstamos que se usan para tapar deudas atrasadas. La ortodoxia, la prudencia y el sentido común nos dice que este tipo de instrumento no son solución a nada, solo sirve para comprar tiempo.
Mire, a principio de la crisis algunos bancos empezaron a hacer lo mismo con aquellos préstamos hipotecarios promotor (préstamos concedidos a los promotores para construir un proyecto inmobiliario) que tenían el peligro de entrar quiebra. Cuando el promotor iba al banco diciendo que no podía pagar las deudas, se le hacía al empresario otro préstamo con la única finalidad de ganar un año o dos de tiempo. En muchos de los casos, trascurrió el tiempo y, sorpresa, el promotor seguía sin poder pagar. Algunas entidades han subrogado esos préstamos a inversores con quitas de hasta el 80%. Otras entidades, de forma valiente, han vendido los inmuebles por debajo del valor de la hipoteca, dispuestas a asumir unas pérdidas que llegan a ser millonarias en una sola promoción. Coja los balances trimestrales de los principales bancos en los últimos dos años y compruebe el monto de las dotaciones.
En el caso de Grecia, se están enterrando miles de millones de euros absurdamente. ¿Para qué? Grecia es un país insolvente. Como ya se dio cuenta la banca con sus clientes promotores, no se puede estar refinanciando la deuda eternamente. Comprar tiempo por valor de miles de millones de euros no es ganar tiempo, es tirar el dinero. Nuestro dinero, que se lo quedan bancos, Gobiernos y el Banco Central Europeo (que posee el nada despreciable 18% de la deuda griega).
El Gobierno griego no solo ha falseado sus cuentas una y otra vez, sino que ha vivido en Jauja durante décadas cuando su generación de riqueza era nula. Los huérfanos de funcionarios tenían un sueldo vitalicio de 1.000 euros. Existen órganos burocráticos que nunca han hecho nada. El Instituto para la Protección del lago Kopais vela por esta "laguna" cuando lleva seca desde 1930. Los empleados del ferrocarril cobran más de 60.000 euros al año. Algunos órganos oficiales llegan a tener hasta 50 chóferes para un solo coche oficial. Los hospitales públicos han llegado a comprar marcapasos 400 veces más caros que hospitales británicos. 4.500 funcionarios públicos fallecidos seguían cobrando su pensión. El Gobierno se ha gastado 3.000 millones de euros en barcos de guerra este mismo año. Casi 800 millones de euros pagados en comisiones a políticos corruptos, según Transparency International. ¿Y ahora dicen que la culpa es de Alemania?
La "patada para delante" de Grecia es una patada al abismo. Las medidas impuestas a Grecia no van a servir. Una parte de los griegos no lo acepta y por eso montan guerras campales: para mantener sus privilegios de ministros cuando solo conducen un tren. Otra parte se ha ido del país. En lo que va de año, se han fugado cerca del 8% de los depósitos privados. La subida del IVA sólo servirá para disparar la economía sumergida, y la permanencia de la misma casta política seguirá fomentando la corrupción.
Y es que el principal problema de Grecia no es su deuda, sino sus políticos y los ciudadanos. La cultura del socialismo, del café para todos y de haber delegado tanto poder al Gobierno les ha traído a esa situación. Un escenario que no es muy diferente al de España. Aquí los políticos se gastan el dinero en Alianzas de Civilizaciones, becas a "ni-nis", ERE a personas que nunca han trabajado en las empresas que los han despedido, cientos de millones para sindicatos. Sebastián se gastó cincuenta millones de euros en bombillas que permanecen la mitad en correos, o estudios casi millonarios para analizar simples anécdotas.
Europa necesita un cambio de mentalidad. Muchos países están arruinados y las medidas que toman sólo son carísimos juegos de distracción para los mercados internacionales. Hay que tomar conciencia y ser consecuentes. Cuando antes lo entendamos, antes saldremos de esta situación.
Grecia sigue en el filo de la navaja
Grecia sigue en el filo de la navaja
Juan Ramón Rallo
Los políticos se niegan a privatizar: prefieren exprimir tributariamente a la población para, pasado un tiempo, volver a estar, como hasta hoy, al borde del abismo. 
Los 12.000 millones que la UE extenderá a Grecia apenas sirven para cubrir el servicio de su deuda para este año. Con el draconiano plan de ajuste, el país ha comprado tiempo a la espera de que, si todos los vientos soplan a favor –crecimiento moderado, paro estancado, ingresos fiscales estabilizados a niveles de 2008, gastos públicos en retroceso, ausencia de turbulencias y temores en los mercados financieros que no disparen la prima de riesgo...–, Grecia pueda ir haciendo frente a su deuda.
El plan de ajuste tiene dos partes: privatizaciones y reequilibrio presupuestario. La idea de las privatizaciones es reducir en cinco años la deuda pública total desde los 330.000 millones de euros a los 280.000 (del 150% del PIB al 120%). Con el reequilibrio presupuestario, se busca minorar el déficit en alrededor de 6.000 millones anuales: tomando el último dato oficial de 2010, eso significaría pasar de un déficit de 22.000 millones (9,5% del PIB) a otro de 16.000 millones (7% del PIB).
Pero, como decíamos al principio, alrededor de 12.000 millones se corresponden con el servicio de la deuda, esto es, con la devolución de principal e intereses. Así pues, tras el plan de ajuste, el déficit primario de Grecia (antes de pagar la deuda) caería a alrededor de 4.000 millones (1,5% del PIB). Cualquier evolución positiva de los ingresos fiscales significaría entrar en superávit primario y, a partir de ahí, se podría ir amortizando año a año una parte de la deuda (la otra se iría refinanciando), reconduciéndola a largo plazo a ratios sobre el PIB más razonables.
Ese es, grosso modo, el plan de Bruselas. ¿Puede salir bien? Sobre el papel, podría. A la hora de la verdad, es dudoso. De entrada porque, en el mejor escenario concebible, el país se encontrará permanentemente en el filo de la navaja y, con semejante incertidumbre sobre su solvencia, es dudoso que los tipos de interés vuelvan a caer a unos niveles que hagan posible refinanciar sus pasivos sin incrementar el endeudamiento total del país. Y de salida porque la mitad del plan de ajuste se construye sobre duros aumentos fiscales que lastrarán el crecimiento económico: un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, un nuevo tributo de solidaridad de entre el 1% y el 5% de la renta familiar, un incremento del IVA (del 19% al 23%) y de los impuestos especiales, y la eliminación de numerosas exenciones y de un tercio del mínimo vital exento.
Lo peor de todo esto es que Grecia es un Estado solvente, pero que no puede intervenirse concursalmente como cualquier empresa privada para proceder a la liquidación y al repago de sus deudas. Para unos pasivos totales de 330.000 millones de euros, el Estado griego posee unos activos valorados en 300.000 (en concepto de suelo, edificios, empresas públicas, etc.), de los cuales sólo ha accedido a privatizar 50.000. En caso de haberse desprendido de todas estas propiedades públicas –algo deseable per se, al margen de la situación financiero del Estado–, el monto de deuda se reduciría a niveles muchísimo más manejables que devolverían la credibilidad exterior al país.
Pero los políticos se niegan a privatizar (apenas han accedido, por ejemplo, a vender una décima parte de la compañía de telefonía nacional griega). Prefieren exprimir tributariamente a la población para, pasado un tiempo, volver a estar, como hasta hoy, al borde del abismo. Un sufrimiento en gran parte necesario –se acabó la era del crédito barato y hay que apretarse el cinturón– pero que se convertirá, por la obstinación socialista de los políticos helenos, en estéril. Lástima que España, en eso, tampoco se diferencie de Grecia.
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